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Actualizado: 28 de noviembre de 2025

El Ministerio de Educación Nacional determinó, mediante un concepto jurídico, que las universidades públicas están facultadas para transmitir en vivo las sesiones de sus Consejos Superiores, siempre que cumplan las normas de acceso a la información pública y protejan los datos que por ley tienen carácter sensible o reservado.

Fachada Mineducación

Bogotá, D.C., 28 de noviembre de 2025. La aclaración surge tras una consulta presentada por un integrante del Consejo Superior de la Universidad del Cauca, quien solicitó orientación sobre la viabilidad de emitir las sesiones de dicho organismo por plataformas institucionales. El Ministerio señala que la transmisión de las sesiones es compatible con la Constitución y con la Ley de Transparencia, que exige a las entidades públicas divulgar información pública de manera clara y accesible. Según el concepto, abrir estos espacios al público se configura como un mecanismo legítimo para garantizar el control político ciudadano, fortalecer la participación democrática, y fomentar una cultura de transparencia institucional en la toma de decisiones que afectan el interés público en el ámbito de la educación superior.

El documento también advierte que el derecho a la información tiene límites. Algunas discusiones pueden involucrar datos protegidos por normas de privacidad, seguridad o debido proceso, por lo que, las instituciones deben identificar previamente qué contenidos no pueden divulgarse, a fin de garantizar la protección de datos personales y reservar ciertas sesiones solo cuando sea estrictamente necesario conforme a la ley.

Pese a esta orientación, el Ministerio recuerda que cada institución, en ejercicio de su autonomía universitaria, puede definir si incorpora o no la transmisión en sus estatutos y reglamentos internos. Por tanto, esta es una guía general para interpretar adecuadamente la ley entorno a fortalecer la legitimidad democrática de la gestión universitaria.

Con esta aclaración, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con promover prácticas de transparencia en el sector educativo y contribuir a una gestión pública más abierta, sin desconocer la autonomía institucional que caracteriza a las universidades públicas del país.
Conozca el concepto jurídico aquí

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