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Actualizado: 14 de noviembre de 2026

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, reveló graves hallazgos en la gestión de la UApA (2022–2026): asignaciones sin sustento técnico evidenciadas junto a la Contraloría, un alza superior al 100 % en contratos durante 2026 con contratistas que nunca se presentaron a la entidad y desvío de equipos territoriales hacia actividades políticas.

Bogotá, D. C., 14 de noviembre de 2026. - El Ministerio de Educación Nacional trasladó a los organismos de control los hallazgos de la revisión administrativa realizada a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (UApA), correspondiente al periodo 2022-2026.

La auditoría interna identificó serias deficiencias en la asignación presupuestal, la operación tecnológica y el seguimiento territorial del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Ante el impacto que estas fallas generan sobre la permanencia de los estudiantes en las aulas, la cartera educativa activó una reestructuración profunda para sanear la entidad y garantizar la transparencia que exige la construcción de la Patria Milagro.

"Los recursos destinados a garantizar el derecho a la alimentación de nuestros niños son sagrados. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) contribuye a su permanencia en las aulas y a garantizar en igual forma el derecho a la educación. Por eso no pueden comprometerse ni perderse por decisiones sin sustento técnico, contratos cuestionados ni falta de controles", afirmó la ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda.

Lo que encontramos en la UApA

Según el balance presentado por el Ministerio, seis situaciones críticas obligaron a encender las alarmas y remitir los expedientes a las autoridades competentes:

- Asignaciones sin sustento metodológico: en las mesas de trabajo adelantadas con la Contraloría General de la República quedó en evidencia que la administración anterior distribuyó recursos sin una metodología técnica que respaldara los criterios de asignación, lo que comprometió la trazabilidad y el control sobre los dineros públicos.

-Sobrestimación de costos en las ETC: la revisión detectó sobrecostos estimados en varias Entidades Territoriales Certificadas (ETC), un hallazgo que exige seguimiento estricto para evitar que las ineficiencias en el gasto limiten la atención real de los estudiantes.

- Un sistema tecnológico inoperante: el Sistema Integrado del Programa de Alimentación Escolar (SIPAE), contratado con Colombia Digital, fue recibido sin operar. Después de firmarse el contrato, se establecieron cinco criterios de asignación incompatibles con lo contratado, dejando a la entidad sin una herramienta funcional para administrar el programa.

- Crecimiento desmedido de contratos en 2026: durante este año, la contratación por prestación de servicios aumentó más del 100 % frente a vigencias anteriores. Al revisar los soportes de supervisión, se encontraron contratistas que nunca se presentaron a la entidad y casos sin actividades relevantes acreditadas.

- Proselitismo político y fallas de supervisión: se identificaron actividades de proselitismo político realizadas por contratistas del equipo territorial en las regiones, sumadas a falencias en la vigilancia sobre la entrega efectiva de los alimentos en las instituciones educativas.

- Alertas ciudadanas sin trazabilidad: las quejas recibidas sobre la operación del PAE demostraron la urgencia de fortalecer la recepción directa en la UApA, el seguimiento caso a caso y la articulación con los entes de control.

La Patria Milagro en marcha: rigor técnico, austeridad y cero politiquería

Para corregir las irregularidades heredadas y avanzar hacia la universalidad del PAE en la Patria Milagro, la ministra Hoyos Castañeda detalló las acciones que ya ejecuta la entidad:

1. Revisión de las 97 asignaciones territoriales: se auditaron técnicamente las 97 asignaciones a las ETC. Paralelamente, en mesas técnicas con los entes de control, se construye una metodología transparente que vincula cada recurso con beneficiarios verificables, necesidades territoriales, comportamiento de las ETC y costos debidamente sustentados.
2. Recuperación funcional del SIPAE: se puso en marcha una revisión gerencial del sistema con entregables definidos, responsables y pruebas de funcionamiento para alinearlo con las necesidades reales de la UApA y verificar sus cálculos.
3. Depuración contractual y ahorro administrativo: se inició la limpieza de la planta de contratistas y se estructuró el equipo 2027 bajo criterios estrictos de resultados. Además, mediante medidas de austeridad, la UApA redujo en un 9 % mensual los costos de su espacio de operación, lo que equivale a un ahorro cercano a los 1.200 millones de pesos.
4. Suspensión por proselitismo y control en regiones: fueron suspendidos los contratos de las personas vinculadas con proselitismo político, se fijaron controles a sus reuniones con las comunidades y se trasladaron las denuncias a los organismos de control.
5. Fortalecimiento de la atención a denuncias: se robustecieron los canales oficiales de la UApA para recibir y hacer seguimiento verificable a las alertas ciudadanas.

"Pese a las fallas heredadas, en este gobierno asumimos el compromiso de poner el Ministerio de Educación en orden, actuar con transparencia y proteger los recursos públicos. La alimentación, el derecho a la educación y el futuro de nuestros niños no se negocian", concluyó la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda.

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