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Actualizado: 15 de mayo de 2026

Representantes del sector, participaron en la sexta audiencia pública de Ley de Competencias que se llevó a cabo en Ibagué, manifestando su preocupación por la distribución de los recursos en los territorios.

• Proyecto de Ley orgánica 502 de 2025, es una iniciativa estructural que redefine la distribución de competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, con el propósito de cerrar brechas históricas y avanzar hacia un desarrollo más equitativo en todo el país.

Ibagué, Tolima, 15 de mayo de 2026. Con el fin de plantear más recursos para el sector, una redistribución más equitativa y el fortalecimiento de las capacidades territoriales para garantizar el derecho a la educación, el Gobierno del Cambio, del presidente Gustavo Petro, radicó ante la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley Orgánica 502 de 2025, una iniciativa estructural que redefine la distribución de competencias con el propósito de cerrar brechas históricas y avanzar hacia un desarrollo más equitativo en todo el país.

En atención al cronograma establecido por la comisión primera, el turno para llevar a cabo esta discusión se dio en Ibagué, en donde varios representantes del sector educativo reclamaron una distribución más equitativa manifestando su preocupación por la ejecución de los recursos de la canasta educativa, lo anterior, por los múltiples escándalos en los que ha visto envuelto el Programa del Alimentación Escolar, PAE, en el Tolima, afectando a los niños y niñas de este departamento.

El espacio también permitió un dialogo cercano con los actores claves del sector educativo a quienes se les dio a conocer cómo la Reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) y la nueva Ley de Competencias buscan aumentar los recursos para educación, mejorar su distribución y fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para garantizar el derecho a la educación en todo el país.

Entre los principales cambios en la ley, se destacó el incremento progresivo de los recursos para educación, un nuevo modelo de distribución más equitativo y el fortalecimiento institucional de departamentos y municipios. Además, la reforma propone entender la educación desde la formación integral, que responda a las necesidades sociales, culturales y territoriales del país

Con esta propuesta, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo de financiación más justo y sostenible que permita garantizar el derecho a la educación con enfoque territorial, cerrar desigualdades y fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para responder a las necesidades de las comunidades educativas del país.

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