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Actualizado: 10 de mayo de 2026

En audiencia pública realizada en Manizales, el Ministerio de Educación Nacional socializó la propuesta de Ley de Competencias en Educación, una reforma que busca aumentar progresivamente los recursos del sector, fortalecer las capacidades institucionales de los territorios y avanzar hacia un modelo educativo más equitativo y participativo.

Manizales, Caldas, 10 de mayo de 2026. La necesidad de construir una descentralización educativa con más recursos, mayores capacidades institucionales y decisiones más cercanas a los territorios marcó la audiencia pública sobre la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) y la Ley de Competencias en Educación, realizada este viernes por el Ministerio de Educación Nacional en la ciudad de Manizales.

El encuentro reunió a alcaldes, diputados, concejales, docentes, directivos docentes, organizaciones sociales y representantes de comunidades educativas, quienes participaron en la discusión de una de las principales apuestas del Gobierno Nacional para transformar el modelo de financiación y gestión de la educación pública en Colombia.

Durante la jornada, el director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación Nacional, Ilich León Ortiz Wilches, explicó que la reforma busca responder a las profundas desigualdades que enfrentan cientos de municipios del país para garantizar el derecho a la educación, especialmente en territorios rurales, dispersos y con menos recursos.

"Esta audiencia reflejó con mucha claridad la voz de los pequeños municipios, de los territorios rurales y de las comunidades que históricamente han tenido menos posibilidades de decisión sobre la política educativa. Lo que estamos proponiendo es una descentralización que no solamente transfiera responsabilidades, sino que fortalezca capacidades institucionales y garantice más recursos para responder a las necesidades reales de los territorios", afirmó Ortiz Wilches.

La reforma propone corregir el rezago histórico en la financiación de la educación pública. Según las cifras socializadas durante la audiencia, desde 2001 se ha acumulado una deuda superior a los $330 billones en transferencias para educación frente a las necesidades reales del sector, situación que ha impactado especialmente a los territorios con mayores brechas sociales y educativas.

En ese contexto, el proyecto plantea aumentar progresivamente los recursos destinados a educación hasta 2038 y modificar los criterios de distribución para priorizar a las regiones con mayores necesidades, incorporando variables relacionadas con ruralidad, condiciones territoriales, fortalecimiento institucional y formación integral.

La discusión cobra especial relevancia en un país donde más de 1,1 millones de niñas, niños y jóvenes permanecen por fuera del sistema educativo, particularmente en zonas rurales y territorios históricamente excluidos.

Otro de los componentes centrales de la reforma es el fortalecimiento institucional de las entidades territoriales. La propuesta contempla recuperar los núcleos educativos como mecanismos de articulación entre las instituciones educativas, las alcaldías, las secretarías de educación y las comunidades en los territorios.

Igualmente, se plantea avanzar hacia un modelo diferente de competencias territoriales. Actualmente, el esquema de certificación funciona de manera binaria: los municipios se certifican para administrar sobre todo la nómina docente, que tiene importantes costos administrativos y riesgos litigiosos, o no se certifican. Con la reforma, las entidades territoriales podrán asumir progresivamente competencias relacionadas con infraestructura educativa, transporte escolar, alimentación escolar, estudios de planta y fortalecimiento institucional, el manejo de los núcleos, y la planificación de la oferta en el prescolar de tres grados, así como en el tránsito a la educación superior.

Esto busca fortalecer la participación de los municipios en la gestión educativa, teniendo en cuenta que hoy más de 1.000 municipios, la mayoría pequeños y sin niveles suficientes de recaudo propio, tienen restricciones para decidir sobre la inversión y administración de recursos de la educación. Por supuesto, para ello es necesario que el componente de aumento de recursos dirigidos a este derecho sea aprobado.

Asimismo, el proyecto impulsa un nuevo enfoque de calidad educativa basado en la formación integral. La iniciativa propone superar una visión limitada de calidad centrada exclusivamente en pruebas estandarizadas y avanzar hacia un modelo que fortalezca el arte, la cultura, el deporte, la ciencia, la ciudadanía, la construcción de paz y la relación entre escuela y territorio.

"El derecho a la educación no puede reducirse únicamente a unos indicadores estandarizados. La calidad también implica condiciones dignas, fortalecimiento institucional, formación integral y una escuela conectada con la realidad social y cultural de las comunidades", señaló Ortiz Wilches.

El Ministerio de Educación Nacional continuará participando en las audiencias públicas y espacios de diálogo regional que se realizarán en Barranquilla, el 11 de mayo; Ibagué, el 14 de mayo; y Medellín, el 15 de mayo, como parte del proceso colectivo de construcción de la Ley de Competencias en Educación y de consolidación de aportes territoriales para fortalecer la reforma.

Los aportes recogidos en estos escenarios servirán para fortalecer el texto de la ponencia que iniciará su discusión en el Congreso de la República. El Ministerio reiteró que la participación ciudadana continuará durante el trámite legislativo, con el propósito de consolidar una reforma construida desde los territorios y con amplia participación de las comunidades educativas.

"La movilización y la participación alrededor de la Ley de Competencias no terminan con las audiencias públicas. Todo este diálogo territorial está alimentando el texto de la reforma y esperamos que las comunidades también acompañen la discusión legislativa en el Congreso", concluyó Ortiz Wilches.

Con esta propuesta, el Gobierno Nacional busca avanzar hacia un modelo educativo más equitativo, territorial y participativo, orientado a fortalecer las capacidades locales y seguir dignificando la educación pública como un derecho fundamental.

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