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Gobierno llevará al Congreso la Reforma Integral a la Ley 30 para abrir el debate sobre una nueva etapa de la educación superior
Actualizado: 19 de julio de 2026
La iniciativa será presentada este 20 de julio, con el inicio del nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República. El proyecto recoge una demanda histórica por el derecho a la educación superior y abre el debate sobre el futuro de este nivel educativo en Colombia.
Bogotá D. C., 19 de julio de 2026. La Reforma Integral a la Ley 30 de 1992 llega al Congreso después de más de tres décadas de movilización, participación y construcción colectiva de generaciones de estudiantes que han exigido la garantía del derecho a la educación superior. Con el inicio del nuevo periodo legislativo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro presentará una iniciativa que busca convertir esa demanda histórica en una política pública para transformar la educación superior en Colombia.
Desde el comienzo de este Gobierno, ese propósito ha seguido una ruta clara. El primer paso fue fortalecer la financiación de las instituciones públicas de educación superior mediante la Ley 2568 de 2026, que modificó los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y garantizó una base financiera más sólida y progresiva para su sostenibilidad. Sobre ese avance, el Gobierno presentará ahora la Reforma Integral a la Ley 30, que consolida los logros alcanzados con la Ley 2568 en materia de financiación y desarrolla el mandato del Plan Nacional de Desarrollo de construir una reforma integral de la educación superior.
La propuesta es el resultado de un amplio proceso de construcción colectiva liderado por el Ministerio de Educación Nacional. Entre 2023 y 2026, estudiantes, docentes, rectores, trabajadores, organizaciones académicas y actores territoriales participaron en espacios de diálogo desarrollados en todo el país, cuyos aportes fueron incorporados al proyecto que iniciará su trámite legislativo en el Congreso de la República.
"Las luchas estudiantiles abrieron este camino; el deber del Estado era responder. Empezamos por saldar una deuda histórica con la financiación de las instituciones públicas de educación superior. Ahora queremos que el Congreso debata una reforma integral que fortalezca la educación superior como un derecho y un bien común, porque garantizar ese derecho es una responsabilidad del Estado y una condición para transformar el país", afirmó el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín.
El proyecto propone actualizar el modelo de educación superior para fortalecer este nivel educativo como un derecho y un bien común, ampliar las oportunidades para las y los jóvenes, consolidar la educación superior pública, fortalecer la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, promover una mayor participación de las comunidades académicas y responder con mayor pertinencia a las necesidades de los territorios y del desarrollo del país.
La radicación de la Reforma Integral abrirá una de las discusiones legislativas más importantes para el sector educativo en las últimas décadas. Después de fortalecer la financiación de las instituciones públicas de educación superior, el Gobierno invita al país a debatir una nueva etapa para la educación superior, construida sobre una convicción compartida por generaciones de estudiantes: que la educación superior es un derecho y un bien común que debe estar al alcance de todas y todos.
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