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El Ministerio de Educación no ha solicitado la identificación de docentes para sanciones
Actualizado: 22 de abril de 2026
No hay instrucciones de carácter sancionatorio y no se vulneran derechos del magisterio, al contrario, se respeta el derecho a la protesta y sí hay lineamientos para el diálogo, la concertación y la garantía del aprendizaje
Bogotá D.C., 22 de abril de 2026. El Ministerio de Educación Nacional se permite aclarar a la opinión pública que en ningún momento ha solicitado a las entidades territoriales identificar docentes con fines sancionatoriosen relación con la jornada de movilización del magisterio realizada el pasado 15 de abril de 2026.
Ante interpretaciones erróneas difundidas en algunos espacios, es importante precisar que el oficio emitido por el Ministerio tiene un carácter técnico, pedagógico y organizativo, orientado exclusivamente a garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes yjóvenes en el país.
Además, reiteramos que respetamos plenamente el derecho a la movilización y a la protesta del magisterio, como parte de las garantías democráticas del país.
En este contexto, la solicitud de información general sobre el porcentaje de asistencia docente responde únicamente a fines de planeación educativa, diagnóstico y toma de decisiones pedagógicas, no a procesos disciplinarios.
El Ministerio reitera que las entidades territoriales certificadas en educación:
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Son autónomas en la toma de decisiones frente a la organización del servicio educativo.
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Pueden definir, junto con las comunidades educativas, las estrategias más adecuadas para la reposición de actividades.
El Ministerio de Educación Nacional hace un llamado aevitar la desinformación, a consultar fuentes oficialesy a reconocer que las acciones adelantadas buscan proteger el derecho fundamental a la educación.
Se reitera que noexiste ninguna directriz orientada a sancionar docentes por su participación en jornadas de movilización, y que todas las acciones del Ministerio están enmarcadas en el respeto por los derechos laborales y la garantía del servicio educativo.
