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"Inaplazable el diálogo nacional sobre el currículo": Viceministro Hernando Bayona Rodríguez

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Actualizado: 22 de febrero de 2023

La actual situación económica, social y ambiental del mundo nos obliga a pensar una nueva forma de vida; en este contexto, la Escuela es la llamada a convertirse en el epicentro de la transformación social y cultural. Lo anterior significa que la educación debe tener un lugar central en la comunidad, recuperar ese vínculo vital con las necesidades, intereses y preocupaciones de las personas.

Columna del Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Hernando Bayona Rodríguez.

Bogotá D.C., 24 de enero de 2023. No podemos seguir reproduciendo una Escuela distanciada de la cotidianidad del mundo; no podemos aceptar una Escuela que reproduzca las inequidades, desigualdades y discriminaciones que se observan en la sociedad. Parafraseando la conocida expresión de Einstein: no podemos seguir con la educación que tenemos y esperar que la sociedad cambie.

Lo anterior no implica desconocer los aciertos y avances previos, pero sí consolidar una educación que no esté en función de los resultados en pruebas estandarizadas sino del bienestar de todos los miembros de las comunidades educativas. En suma, una educación que se preocupe por la vida y la humanidad.

Una trasformación profunda de la educación involucra una gran reflexión colectiva de toda la sociedad sobre las preguntas fundamentales de la educación, por ejemplo: ¿qué ciudadano queremos formar? ¿qué vida queremos para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes? ¿Cuál es el rol de la Escuela? (Escuela con "E").

Aunque estas preguntas tienen algunas respuestas en la Constitución Política de Colombia y la Ley General de Educación, también es necesario comprender que la educación debe responder a los contextos actuales. Después de la pandemia, las sociedades tenemos la imperiosa necesidad de volver a esas preguntas fundamentales y abrir una discusión amplia, pluralista y franca. Desde el Ministerio de Educación Nacional estamos liderando esta conversación en la Mesa Consultiva de Alto Nivel sobre Currículos para la Justicia Social. Una discusión sobre las preguntas fundamentales de la educación se traduce en últimas en un diálogo curricular.

Las sesiones de esta Mesa han contado con la presencia de la mayoría de los convocados, entre los que tenemos representantes del sector educativo como María Isabel Afanador (ASCOFADE), Eliana del Carmen Hernández (ASONEN), Paula Andrea Pérez (Redes y colectivos de docentes), así como reconocidos profesores e investigadores en el campo curricular como Juny Montoya y Fabio Jurado y de expertos en educación como Julián De Zubiría y Carolina Soler. También es preciso mencionar el importante rol de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) que nos ha acompañado en el diseño, desarrollo y sistematización de las Mesas Consultivas de Alto Nivel. Esta mesa seguirá sumando la presencia de otros actores del sector tales como las familias y los estudiantes; además, se desarrollarán espacios de construcción regionales, con el fin de escuchar y tener en cuenta las voces de los territorios en el empeño de consolidar nuestro relato de Nación a través de una educación diferente.

La discusión sobre el currículo para la justicia social implica, por un lado, poner en el centro la pregunta por cuál es la educación que queremos para Colombia y, por otro lado, el currículo para la justicia social abre el debate sobre cuáles son los aprendizajes fundamentales que les permitan a los estudiantes ser y hacer parte del mundo actual a la vez que la Escuela se convierte en un lugar fundamental para construir conciencia social sobre las situaciones de inequidad, desigualdad y discriminación.

De allí que "repensar y discutir sobre lo curricular es impostergable, en tanto que allí se consignan los fines de la educación, los cuales se traducen en procesos de enseñanza, elementos didácticos, como en los criterios y formas de evaluación de los estudiantes", como bien precisó el profesor De Zubiría durante la última sesión de la Mesa.

El debate sobre lo curricular ha sido prácticamente nulo en el país por varias décadas, y este es el momento para romper ese silencio. Lo anterior implica que, como bien lo señaló Eliana, presidenta de ASONEN, el país debe tener una comprensión sobre qué se entiende por currículo y que este sea en clave de justicia social; además, es esencial comprender las complejidades de la actual estructura curricular que tiene el país.

Recordemos que en Colombia existe autonomía escolar a partir de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), lo que se traduce en que no tenemos un currículo oficial único como ocurre en otros países; en contraste, el Ministerio de Educación es responsable de establecer los lineamientos curriculares (decreto 1860 de 1994) y las instituciones educativas de crear los currículos contextualizados según las necesidades de sus estudiantes. La autonomía curricular, además de ser una conquista del magisterio y de los establecimientos educativos, supone una gran responsabilidad de los docentes respecto al diseño, implementación y evaluación de los currículos en cada escuela, como bien recordaba el profesor Fabio Jurado en el desarrollo de la Mesa.

A lo largo de las últimas tres décadas, se ha creado un entramado complejo: Lineamientos Curriculares (1998-2000), los Estándares Básicos de Competencias (2003), las Orientaciones Pedagógicas (2010), los Derechos Básicos de Aprendizaje (2015) y, lo más reciente, las Orientaciones Curriculares (2019-2020). Un entramado que; sin embargo, no ha logrado crear una articulación entre las diferentes disposiciones ministeriales. Esta situación complejiza la labor docente y reduce la posibilidad de una sinergia curricular.

La desarticulación y desactualización de los asuntos curriculares, lo que algunos críticos podrían llamar "el caos curricular", plantea problemas sobre la manera en la que se materializa el derecho a la educación. Muchos docentes perciben que no existe claridad sobre cómo integrar y hacer uso de los instrumentos de planeación curricular y no son pocas las instituciones educativas que tienen dudas sobre cómo acoger la normativa.

Este complejo panorama ha estado acompañado del poco debate serio y abierto sobre el asunto curricular, el cual se había tornado en un asunto casi ideológico. Este silencio ha rezagado por décadas el desarrollo curricular en nuestro país, así lo evidencia la ausencia de investigación sobre el tema. Juny Montoya, investigadora y académica, afirma en su libro El campo de los estudios curriculares en Colombia (2016) que: "Lo que está bastante claro es la ausencia de estudios sistemáticos sobre el currículo y la pedagogía en la universidad".

El país ha desconocido la importancia del currículo como un elemento que permite articular las diferentes acciones educativas en una institución, así como la imperiosa necesidad de llegar a establecer acuerdos entre lo que pasa en la Escuela y la sociedad, una relación que no puede seguir fragmentada.

En la discusión sobre lo curricular, el papel de los docentes es central. Paula Andrea Pérez, representante de redes de maestros y maestras, señaló en la Mesa la importancia de este tipo de colectivos docentes que, a través de la reflexión y la investigación, generan conocimiento y desarrollan innovaciones para la implementación de currículos que contribuyan a transformar las realidades de los niños y niñas del país.

El tiempo actual es tierra fértil para proponer esta conversación. Primero, la formación de los docentes ha cambiado de manera diametral, hoy el 54% de los docentes oficiales del país tiene un título de posgrado (especialización, maestría o doctorado), lo que ha transformado y elevado la discusión en nuestra profesión. Segundo, existen esfuerzos crecientes de varias universidades y Escuelas Normales Superiores por hacer del currículo un objeto de estudio, creando grupos de investigación alrededor del tema. Tercero, la discusión sobre el currículo está transitando de un tema meramente ideológico a un asunto técnico y académico, que hace parte del saber pedagógico de la profesión docente.

Ante tales transformaciones, es deber del Ministerio de Educación Nacional sumarse, no para emitir más lineamientos o normativas de papel, sino para establecer acuerdos fundamentales. El gran acuerdo nacional que requiere el país se debe ver reflejado en currículos vivos en todas las escuelas del territorio nacional.

Nuestra propuesta radica entonces en la construcción colectiva de los currículos para la justicia social, lo que en esencia implica que la equidad esté en el centro de lo curricular, yendo más allá de la mera igualdad. Un currículo para justicia social también implica una educación libre de cualquier tipo de discriminación.

Igualmente, este tipo de currículos deben considerar que la educación sea crítica y democrática. Esto implica que los docentes sean intelectuales críticos, así como que los estudiantes sean agentes de cambio social. Una responsabilidad que, como lo mencionaba María Isabel Afanador de ASCOFADE, nos empuja también a hablar de participación y ciudadanía en múltiples niveles de la Escuela. Por último, un currículo para la justicia social también debe tener en cuenta la justicia ambiental, desde un enfoque de ciudadanía planetaria o global; lo anterior se materializa a través de la cooperación, la economía solidaria y una relación sostenible con el mundo.

Construir currículos para la justicia social es lograr que todos los estudiantes puedan tener las oportunidades para ser creadores y autores del futuro que ellos desean, un propósito en línea con la apuesta de hacer de Colombia una Potencia mundial de la vida. Un objetivo común al que llegaremos solo a través del diálogo igualitario, la inteligencia colectiva y el reconocimiento de la pluralidad de saberes de todos los actores del sector educativo. Estamos ante la oportunidad histórica de definir como sociedad el futuro de la educación colombiana.

Todos estamos invitados a este gran diálogo nacional por un currículo para la justicia social.

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