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El Ministerio de Educación Nacional rechaza amenazas contra dirigentes sindicales del magisterio colombiano

COMUNICADO, MINISERIO, SEGURIDAD, DOCENTES, AMENAZAS

Actualizado: 27 de octubre de 2020


Bogotá D.C., octubre 26 de 2020. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, rechaza de manera enfática las amenazas de que han sido objeto los dirigentes sindicales del magisterio, entre ellos miembros del Comité Ejecutivo de FECODE, y reitera su compromiso indeclinable de continuar el trabajo coordinado que se adelanta entre diferentes entidades del Estado para establecer las formas de protección a la vida, la seguridad y la integridad de los educadores y sus familias.

Al mismo tiempo reitera su compromiso institucional con la protección y garantía de este derecho fundamental de quienes con su aporte y compromiso trabajan por el bienestar de la comunidad y convoca y articula acciones con todas las instancias de Gobierno Territorial para aunar esfuerzos en este propósito. Como sociedad debemos tener presente, que los educadores son los servidores públicos con mayor presencia en el territorio y actores fundamentales para garantizar el derecho a la educación.

Asimismo, señalar que para generar mayores condiciones que contribuyan con la protección de la integridad y vida de los maestros, el Gobierno Nacional expidió la Directiva Ministerial 02 del 12 de agosto de 2019 con orientaciones a las entidades territoriales, e igualmente creó el Comité Nacional de Seguimiento de Traslados por razones de seguridad, que viene sesionando de manera periódica como instancia que efectúa seguimiento a la atención de los docentes y directivos docentes víctimas de amenaza y desplazamiento.

Finalmente destaca que en este marco de acciones y compromiso en la protección de la vida e integridad del magisterio y frente a los hechos presentados el Gobierno Nacional está trabajando con la Fiscalía, la Policía y la Unidad Nacional de Protección, y reafirma una vez más que la protección de la vida es una prioridad que debe ser articulada en una acción conjunta con las autoridades nacionales y territoriales para garantizar a los educadores este derecho fundamental.

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