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Actualizado: 01 de noviembre de 2026

La decisión se sustentó en hallazgos identificados por el Ministerio de Educación, la revisión del contrato y sus 43 otrosíes, los informes de supervisión, la medida cautelar de la Superintendencia Nacional de Salud y la escucha a los maestros.

El Ministerio trasladó los hallazgos a los organismos de control, solicitó el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría y solicitó una auditoría forense para esclarecer la administración de los recursos del Fondo.

El análisis incluyó la revisión de la Ley 91 de 1989, el artículo 81 de la lEY 812 DE 2003 Y EL cONCEPTO 2227 Consejo de Estado, mesas técnicas de salud, finanzas y tecnología, así como el estudio de los antecedentes jurídicos y de la operación del FOMAG.

Bogotá D. C., 1 de noviembre de 2026. Desde el inicio del Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella, el Ministerio de Educación Nacional priorizó la atención de la crisis del FOMAG; adelantó una revisión jurídica, técnica, financiera y operativa de la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

El análisis permitió identificar graves dificultades en la operación del Fondo, profundizadas con el modelo implementado por el Gobierno anterior, que han afectado el acceso de los maestros y sus familias a los servicios de salud y el reconocimiento oportuno de sus prestaciones económicas. Estos elementos sustentaron la decisión del Gobierno nacional de no prorrogar el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, suscrito con Fiduprevisora S. A.

"Después de 36 años de vigencia de este contrato, se toma una decisión de carácter histórico. Una decisión para proteger los derechos fundamentales de los maestros y sus familias y para tratar de corregir todas las situaciones adversas, irregulares que han sido presentadas en la ejecución del contrato", afirmó la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda.

Hallazgos puestos en conocimiento de las autoridades

Los hallazgos identificados por el Ministerio fueron puestos en conocimiento del Consejo Directivo del FOMAG y trasladados a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, para que estas entidades, en el marco de sus respectivas competencias, evalúen los hechos y adelanten las actuaciones a que haya lugar.

Entre los elementos identificados se encuentra un patrimonio negativo de $3,198 billones a junio de 2026, una situación financiera que exige establecer con rigor el estado de los recursos y las condiciones en que han sido administrados.

Ante la gravedad de estos hallazgos y las fallas identificadas en el modelo de salud del magisterio, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, solicitó al presidente de la República, Abelardo de La Espriella, ordenar una auditoría forense al FOMAG. El propósito es examinar la gestión de los recursos y la ejecución del contrato de fiducia y de la contratación derivada, esclarecer si existieron irregularidades o posibles hechos de corrupción y aportar evidencia a las autoridades competentes para que determinen las responsabilidades a que haya lugar, con respeto del debido proceso.

"El Ministerio de Educación ha solicitado de manera expresa una auditoría forense para que se investigue qué ha pasado durante estos 36 años con este contrato", indicó la ministra.

Como parte de este proceso, el Ministerio también solicitó el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría, para fortalecer la vigilancia institucional y facilitar el ejercicio de sus competencias.

Un contrato de 36 años bajo revisión

El análisis jurídico partió del marco normativo del FOMAG, en particular de la Ley 91 de 1989, en armonía con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y las demás disposiciones aplicables. Con esa base, el equipo del Ministerio revisó el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990 y otros 43 otrosíes suscritos durante su vigencia.

Entre los antecedentes jurídicos se examinó el Concepto 2227 de 2014 de la Sala de Consulta у Servicio Civil del Consejo de Estado, que señaló la necesidad de terminar el contrato y adelantar una licitación pública para seleccionar al fiduciario. Este antecedente sustenta la revisión de las prórrogas sucesivas у la estructuración de una nueva contratación con observancia de la selección objetiva.

La revisión incluyó conceptos jurídicos y técnicos, pronunciamientos judiciales y decisiones relacionadas con el Fondo. También examinó las tutelas y demandas presentadas por los afiliados para reclamar sus derechos, así como las actas del Consejo Directivo del FOMAG.

Estas últimas permitieron reconstruir las decisiones adoptadas en las distintas sesiones y conocer las posiciones que los integrantes de esa instancia sostuvieron frente a la administración del Fondo a lo largo del tiempo.

Mesas técnicas e informes de supervisión y control

Para examinar las condiciones de operación del FOMAG, el Ministerio desarrolló tres mesas técnicas: salud, finanzas y tecnología. El análisis también incorporó los informes de los supervisores del contrato, los pronunciamientos de la Contraloría General de la República y el informe de la Superintendencia Financiera.

Asimismo, el Ministerio tuvo en cuenta la medida cautelar adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud respecto de su operación en salud y adelantó interlocución con el superintendente delegado competente.

La revisión de estos documentos y actuaciones permitió contrastar las condiciones jurídicas, financieras, tecnológicas y de prestación de los servicios con las obligaciones y responsabilidades asociadas a la administración del Fondo.

Una decisión construida desde el Gobierno nacional

El Ministerio de Educación articuló el análisis con otras instancias del Gobierno nacional, los ministerios de Trabajo, Hacienda y Crédito Público, y Salud y Protección Social, así como con las secretarías de educación de las entidades territoriales. También llevó el asunto a espacios de control e interlocución con el Congreso de la República.

En la sesión extraordinaria el Consejo Directivo del FOMAG, el Ministerio recibió las recomendaciones de los representantes de los ministerios de Trabajo y Hacienda, que integran esta instancia, y de los representantes de FECODE. Los dos ministerios acompañaron la decisión anunciada por el Gobierno nacional el 30 de octubre.

La voz de los maestros

La revisión también incorporó la escucha directa al magisterio. El Ministerio sostuvo espacios de interlocución con el Comité Ejecutivo de FECODE y con los delegados de la Federación ante el FOMAG, quienes integran el Consejo Directivo del Fondo en representación del magisterio.

El Ministerio también escuchó a usuarios del FOMAG en Antioquia y a funcionarios del área de salud del Fondo, con el propósito de conocer de primera mano las dificultades que enfrentan los afiliados y las condiciones de operación del servicio.

En ese contexto se realizó la visita de la ministra de Educación a la sede del FOMAG en Medellín, el 23 de octubre, durante la cual constató las barreras de los usuarios para ser atendidos, el sistema desbordado por tutelas y los pagos atrasados con los prestadores

Un año de transición para proteger los derechos del magisterio

Como resultado de este proceso, el Gobierno nacional decidió no prorrogar el contrato de fiducia con Fiduprevisora. El contrato llegó a su vencimiento el 31 de octubre de 2026 y, conforme al plazo establecido, su terminación da paso a un periodo de transición de un año, prorrogable por otro año, para proteger los derechos de los maestros y sus familias mientras se define e implementa un nuevo esquema de administración y prestación de los servicios.

La transición tiene tres propósitos:

• Proteger el derecho a la salud de los maestros y sus familias mediante la continuidad de la atención.
• Mantener la continuidad del trámite y reconocimiento de las prestaciones económicas.
• Conceptualizar, evaluar la viabilidad e implementar un nuevo sistema de prestación de los servicios, de acuerdo con el modelo de salud vigente.

Durante este periodo, Fiduprevisora deberá atender las responsabilidades que le correspondan en la operación y en las actividades propias de la transición, de acuerdo con el marco contractual y jurídico aplicable. Para ello, el Ministerio le solicitó un plan detallado de actividades.

En paralelo, el Ministerio de Eduación Nacional, como fideicomitente, adelantará los estudios previos y las actuaciones necesarias para estructurar una licitación pública que permita seleccionar quién asumirá la administración de los recursos del FOMAG, con sujeción al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, a las normas de contratación estatal y a los requisitos técnicos, operativos y financieros aplicables.

"Adelantaremos todos los estudios previos que nos permitan, en transparencia, siguiendo los principios de participación, presentar las condiciones para una licitación pública que nos permita ofrecer un nuevo servicio, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la Ley 91 de 1989", señaló Hoyos.

Para respaldar la operación durante la transición, el Ministerio solicitó recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, ha promovido la articulación con las entidades competentes y con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), con el propósito de contribuir a la continuidad de la atención de los afiliados.

Desde el 1 de noviembre se mantiene en funcionamiento el 100 % de las oficinas del FOMAG. También comienza la revisión de los prestadores de servicios de salud, de acuerdo con sus condiciones de calidad y disponibilidad, junto con la formalización contractual de la red de prestadores y las acciones de mejoramiento de la operación del Fondo.

"La no prórroga del contrato no significa en ningún caso, la afectación de los servicios de salud. Nos comprometemos con todos los colombianos, con los maestros y sus familias a asegurarles que en el proceso de transición que se inicia el 1 de noviembre tendrán garantizados sus derechos a la vida y a la salud, así como las pensiones y las cesantías", afirmó la ministra.

Aunque heredamos una crisis, el Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella asume la responsabilidad de conducir una nueva etapa en la administración del FOMAG, corregir las fallas identificadas y proteger los derechos de los maestros y sus familias. La transición exige coordinación entre las entidades del Estado, cumplimiento de las responsabilidades de los actores del sistema y seguimiento a las medidas adoptadas para que la atención en salud y las prestaciones económicas respondan a las necesidades del magisterio.

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