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Actualizado: 16 de septiembre de 2026

Las medidas se adoptan en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, tras identificar hallazgos relacionados con presuntas irregularidades académicas, laborales y en la conformación y funcionamiento de los órganos de gobierno institucional.

Fachada Fundación

Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2026. Bajo el liderazgo de la ministra saliente, Viviane Morales Hoyos, y en ejercicio de la función de suprema inspección y vigilancia del servicio público de educación superior, delegada por el Presidente de la República, el Ministerio de Educación Nacional ordenó la apertura de dos investigaciones administrativas preliminares a la Fundación de Educación Superior San José (FESSANJOSÉ), sus directivos y órganos de administración y control.

Las actuaciones, a cargo del Viceministerio de Educación Superior, encabezado por Camilo Noguera Pardo, se sustentan en la Ley 30 de 1992, la Ley 1740 de 2014, el Decreto 2269 de 2023 y demás normas concordantes, así como en los informes de la Inspectora In Situ, encargada de realizar la verificación directa del cumplimiento de las obligaciones y condiciones en que se presta el servicio de educación superior.

Las actuaciones involucran a FESSANJOSÉ y a quienes han ejercido funciones de representación, dirección, administración y control en la institución, entre ellos el Representante Legal, el Rector, exrectores, directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales. La apertura de estas investigaciones parte de indicios sobre una posible práctica recurrente y sistemática al interior de la institución, cuya existencia y alcance deberán ser esclarecidos durante el procedimiento administrativo y que podrían evidenciar debilidades estructurales en los mecanismos de verificación.

El Ministerio de Educación Nacional reitera que las Instituciones de Educación Superior tienen el deber de actuar con debida diligencia y garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad y de la normativa que regula la prestación del servicio público de educación superior. En este caso, las investigaciones permitirán esclarecer los hechos, individualizar a los posibles responsables y determinar si, de acuerdo con sus resultados, hay lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1740 de 2014. Con estas actuaciones, el Ministerio fortalece el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia y su compromiso con la protección del derecho a una educación superior con calidad, transparencia y rigor institucional.

(L.V.V.)

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