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Actualizado: 30 de octubre de 2026

- A 85 días del Gobierno, en sesión extraordinaria del Consejo Directivo del FOMAG, el Ministerio de Educación Nacional anuncia esta decisión.

• Se sustenta en recomendaciones de los ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público y de los representantes de FECODE, las estrictas revisiones jurídicas, técnicas, financieras y operativas, informes de supervisión, hallazgos de entidades de control y en la escucha a maestros y otros actores del sistema.
• Después de 36 años de la suscripción del contrato, el 1 de noviembre de 2026, inicia una nueva etapa en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
• La transición priorizará la protección de los derechos de los afiliados mediante la continuidad de la atención en salud y de las prestaciones económicas.

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2026. En sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el Ministerio de Educación Nacional, como fideicomitente, anunció la decisión de no prorrogar el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, suscrito con Fiduprevisora S. A., cuyo plazo vence el próximo 31 de octubre.

Los ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, como parte del Consejo Directivo del Fondo, acompañaron esta decisión del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella que abre una nueva etapa en el FOMAG, orientada a proteger los derechos de los maestros y sus familias y avanzar en la corrección de las fallas heredadas.

La transición que, comenzará el 1 de noviembre de 2026, será por un año, prorrogable durante un año más. Se adoptarán las medidas necesarias para mantener la continuidad de la atención en salud, incluidos los tratamientos en curso y el acceso a medicamentos, así como el trámite y reconocimiento de las prestaciones económicas conforme a los procedimientos y términos aplicables. Asimismo, se revisarán y corregirán las condiciones de administración y operación del sistema.

"No podemos prolongar las condiciones que han contribuido a esta crisis ni normalizar sus consecuencias. El FOMAG no es solo un instrumento administrativo o financiero, es el mecanismo a través del cual el Estado debe responder por los derechos de quienes educan a Colombia. El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella asume la responsabilidad de conducir esta transición, corregir las fallas documentadas y rendir cuentas sobre los avances y asuntos pendientes", afirmó la ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda.

Por su parte, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, señaló: "Los maestros no pueden asumir las consecuencias de las fallas administrativas. La salud y las prestaciones sociales son derechos que el Estado debe proteger. Esta transición debe poner a los afiliados en el centro y asegurar que sus derechos no se vean afectados".

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, enfatizó que "los recursos destinados a la salud del magisterio deben administrarse con transparencia, trazabilidad y control, y traducirse en atención efectiva para los maestros y sus familias".

La Ministra de Educación Nacional precisó que esta decisión no significa desconocer los derechos y conquistas de los maestros; tampoco puede traducirse en la interrupción de los servicios por parte de los prestadores de servicios de salud y el pago de las prestaciones económicas. Por el contrario, permitirá iniciar una nueva etapa de la ejecución contractual que debe tener como propósito fortalecer, bajo el principio de dignidad, las condiciones institucionales, operativas y financieras necesarias para garantizarlos.

El Ministerio de Educación ha pedido a la Fiduprevisora un plan detallado de actividades que asegure la operación durante la etapa de transición. A la Supersalud, ha solicitado especial seguimiento y vigilancia para que se garantice la prestación de los servicios de salud a los maestros y sus familias por parte de las IPS.

Quienes han dedicado su vida a educar a Colombia tienen derecho a un Estado que responda. La salud de los maestros no es una bandera partidista: es un derecho, y el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella asume la responsabilidad de protegerlo.

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