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Actualizado: 27 de mayo de 2026

Más de 120 instituciones de educación superior se articulan en una apuesta nacional para garantizar acceso, permanencia y graduación de estudiantes con discapacidad.

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2026. En Colombia, miles de jóvenes con discapacidad todavía encuentran cerradas las puertas de la educación superior. Las barreras económicas, la falta de accesibilidad física y digital, la ausencia de apoyos pedagógicos y las dificultades de permanencia continúan limitando el derecho a estudiar y graduarse en igualdad de condiciones.

Frente a esa realidad, el Gobierno nacional acompañó la presentación de la Estrategia Nacional de Educación Superior Inclusiva, una apuesta construida junto a Instituciones de Educación Superior, organizaciones sociales y entidades públicas para transformar las condiciones de acceso, permanencia y participación de estudiantes con discapacidad en las instituciones de educación superior del país.

La estrategia fue lanzada en la Universidad Nacional de Colombia y reúne a más de 120 instituciones articuladas a través de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad (Red CIESD), organizada en siete nodos regionales. La iniciativa busca consolidar un trabajo conjunto entre instituciones de educación superior para avanzar en accesibilidad física y tecnológica, formación docente, bienestar universitario, participación estudiantil y tránsito al empleo.

Detrás de esta apuesta hay más de dos años de trabajo entre instituciones de educación superior, organizaciones de personas con discapacidad y entidades nacionales e internacionales. Uno de los principales antecedentes fue el Encuentro Nacional de Rectores y Directivos por la Educación Superior Inclusiva realizado en 2025, donde distintas universidades coincidieron en que la inclusión no podía seguir dependiendo de esfuerzos aislados, sino convertirse en parte estructural de la calidad educativa.

Durante el lanzamiento, el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, aseguró que el país tiene la responsabilidad histórica de eliminar las barreras que aún excluyen a miles de jóvenes de las universidades.

"Hay personas que llevan toda su vida trabajando para que el derecho a la educación sea real. Familias, instituciones, docentes. El Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene un mandato claro: romper las barreras que impiden el derecho a la educación porque la discapacidad no es el límite. El límite es la barrera que como Estado no hemos sabido derribar. Y eso tiene que cambiar. Cada docente que llega a un territorio, cada intérprete, cada apoyo de gratuidad o permanencia, son condiciones habilitantes para hacer real el derecho y pasar de la barrera y el privilegio a la realidad", afirmó.

El proceso cuenta con la participación del Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y la Fundación Saldarriaga Concha, entre otras entidades vinculadas al fortalecimiento de políticas de inclusión educativa.

Como parte de esta agenda, el Ministerio de Educación presentó el "Colaboratorio", una estrategia de acompañamiento entre universidades para compartir experiencias, metodologías y herramientas relacionadas con accesibilidad, participación estudiantil y educación inclusiva. La iniciativa permitirá que instituciones con mayor experiencia acompañen a otras universidades interesadas en fortalecer sus capacidades.

Según el Ministerio, más de 2.000 directivos, docentes y líderes universitarios ya han participado en procesos de formación y acompañamiento impulsados en el marco de esta estrategia nacional.

Por su parte, José David Rivera Escobar, subdirector de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior, señaló que uno de los mayores desafíos será convertir el discurso de inclusión en transformaciones concretas dentro de las instituciones. "La inclusión no puede quedarse únicamente en el discurso. Tiene que reflejarse en las prácticas pedagógicas, en la infraestructura, en la tecnología y en la manera en que las instituciones acompañan a sus estudiantes", indicó.

A su vez, Kenny Tatiana Otálora Camacho, coordinadora del Equipo de Fomento al Bienestar y Permanencia en Educación Superior, destacó que esta estrategia también busca enviar un mensaje de confianza a los jóvenes con discapacidad y a sus familias. "Queremos que los jóvenes sepan que sí hay un lugar para sus proyectos de vida dentro de la educación superior colombiana y que las instituciones de educación superior pueden convertirse en espacios cada vez más accesibles y humanos", expresó.

La estrategia se acompaña además de medidas concretas de apoyo financiero y fortalecimiento académico. A través del Fondo "Apoyo financiero para estudiantes con discapacidad en educación superior", constituido mediante el Convenio No. 44 de 2010 entre el Ministerio de Educación Nacional, el Icetex y la Fundación Saldarriaga Concha, se adelantan convocatorias anuales que otorgan créditos condonables de hasta 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes por semestre para matrícula y sostenimiento.

Durante el último cuatrienio, este fondo ha beneficiado a cerca de 112 estudiantes de programas de pregrado en instituciones públicas y privadas del país, con una inversión anual superior a los 4.000 millones de pesos.

En educación superior pública, la política de gratuidad en la matrícula permitió beneficiar, solo en el segundo semestre de 2025, a 1.280 estudiantes con discapacidad. Según cifras del Ministerio de Educación, esta medida representó para las familias un ahorro cercano a 2.148 millones de pesos semestrales en costos de matrícula de pregrado.

Actualmente, Colombia también fortalece su oferta académica en temas de inclusión y discapacidad. El país cuenta con cuatro especializaciones en inclusión, siete maestrías en inclusión, ocho maestrías en educación y discapacidad, ocho especializaciones en temas de discapacidad y dos programas profesionales de pregrado para intérpretes de Lengua de Señas Colombiana - español.

La estrategia cuenta además con el acompañamiento del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), así como de organizaciones nacionales e internacionales que trabajan por el fortalecimiento de políticas de inclusión educativa en la región.

Con esta apuesta, el Gobierno nacional busca avanzar hacia instituciones de educación superior con menos barreras y mayores oportunidades, donde el acceso a la educación superior deje de depender de las condiciones físicas, sensoriales o cognitivas de los estudiantes y se convierta en un derecho efectivo para todas las personas.

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