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MinEducación fortalece acciones para prevenir y atender las violencias basadas en género en la educación superior

Violencias basadas en género, educación superior, protocolos de prevención, entornos seguros, debida diligencia, inspección y vigilancia

Actualizado: 14 de mayo de 2026

Más de 300 personas participaron en el segundo encuentro nacional sobre violencias basadas en género en la educación superior. Actualmente, el 92 % de las instituciones de educación superior del país cuentan con protocolos de prevención, detección y atención de VBG, según el Ministerio de Educación Nacional.

Bogotá, D. C., 14 de mayo de 2026. Con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales para prevenir, atender y transformar las violencias basadas en género (VBG) en la educación superior, el Ministerio de Educación Nacional realizó la segunda edición del encuentro "Reconocimiento y abordaje integral de las violencias basadas en género en las instituciones de educación superior para la construcción de espacios libres de VBG", desarrollado en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada.

El espacio reunió a más de 300 personas entre instituciones de educación superior, rectoras y rectores, colectivas estudiantiles, magistradas, congresistas, defensores de derechos humanos y expertos jurídicos, quienes participaron en una agenda académica y técnica orientada a fortalecer la prevención, la atención y la debida diligencia frente a estos casos.

Durante las jornadas realizadas los días 13 y 14 de mayo, el Ministerio promovió un diálogo sobre los retos que enfrentan las instituciones de Educación Superior para garantizar espacios seguros y libres de discriminación, haciendo énfasis en el acompañamiento pedagógico y la construcción de herramientas institucionales efectivas.

La Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación lideró este encuentro como parte de la estrategia de acompañamiento a las instituciones de educación superior, con el objetivo de promover no solo la adopción de protocolos, sino también su implementación efectiva.

"El componente preventivo, de acompañamiento pedagógico y formativo, es muy importante para el Ministerio. Queremos fortalecer ese quehacer institucional y lograr que las IES desarrollen entornos seguros, no tanto desde lo punitivo, sino más desde lo preventivo", afirmó Karen López, asesora de la Subdirección de Inspección y Vigilancia.

En la misma línea, el subdirector Harold Hernández Molina señaló que la apuesta institucional es fortalecer el trabajo conjunto con las universidades para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y jurisprudenciales.

"No tenemos la intención de estar realizando acciones correctivas permanentes. Queremos una comunicación directa con las universidades para que, en el marco de la legalidad y de las actualizaciones jurisprudenciales, haya espacios sanos y realmente seguros para toda la comunidad educativa", indicó.

La agenda incluyó paneles sobre riesgos jurídicos y reputacionales derivados de la omisión institucional, medidas de protección y debida diligencia, justicia restaurativa y mecanismos de reacción frente a casos concretos.

Actualmente, 280 de las 306 instituciones de educación superior del país, equivalentes al 92 %, cuentan con protocolos de prevención, detección y atención de violencias basadas en género, con corte al 16 de abril de 2026. Para el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, el principal desafío ahora es garantizar que esos instrumentos sean conocidos y aplicados de manera efectiva.

"Los protocolos deben ser herramientas vivas: conocidas por estudiantes, docentes y trabajadoras; aplicadas con enfoque diferencial; construidas desde la escucha de las víctimas; y capaces de garantizar verdad, protección, reparación y no repetición. El centro de esta discusión no son los trámites administrativos: son las vidas de las personas", afirmó.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis del marco jurídico vigente y de las obligaciones de las instituciones frente a las VBG. Durante su intervención, la exmagistrada Cristina Pardo reiteró que las universidades deben actuar con debida diligencia y garantizar rutas claras de atención.

"Las universidades deben contar con dependencias que reciban denuncias, protocolos claros, reglamentos que definan las conductas sancionables y procedimientos que contemplen etapas de denuncia, defensa, pruebas y recursos, con tiempos definidos para cada actuación", explicó.

Asimismo, recordó que, en los casos más graves, las medidas institucionales pueden llegar incluso a la expulsión del agresor.

El Ministerio también mencionó que las acciones de acompañamiento tienen límites cuando las instituciones incumplen sus obligaciones. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026 fueron expedidas resoluciones sancionatorias contra doce instituciones de educación superior -públicas y privadas- que no acreditaron la adopción oportuna de sus protocolos dentro del plazo establecido.

De igual manera, ya existe un fallo sancionatorio contra una institución por incumplir sus obligaciones de atención, prevención, investigación y sanción de casos de VBG.

"La autonomía universitaria es un principio democrático fundamental, sí. Pero nunca puede estar por encima de los derechos humanos, de la dignidad ni de la protección de las víctimas", afirmó el viceministro Moreno.

El encuentro concluyó con un llamado a consolidar una cultura institucional basada en la prevención, el respeto y la protección de los derechos de toda la comunidad educativa.

"No hay excelencia académica posible donde existe miedo. No hay libertad de pensamiento donde se silencia a las víctimas. Que nunca más una estudiante abandone sus sueños por miedo. Que nunca más el prestigio institucional valga más que la dignidad humana", concluyó el viceministro de Educación Superior.

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