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Así avanza el cumplimiento de protocolos contra discriminación y violencias de género en instituciones de educación superior: 93 % ya los implementó y 12 fueron sancionadas

Actualizado: 08 de marzo de 2026

El 93 % de las Instituciones de Educación Superior ya cuenta con protocolos, rutas de atención y campañas de prevención.

  • El Ministerio sancionó a 12 instituciones que incumplieron la normativa y los procesos se encuentran en etapa de decisión de recursos.

Bogotá D.C., 8 de marzo de 2026. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Educación Nacional destaca los avances en la implementación de protocolos para la prevención, detección y atención de cualquier tipo de discriminación y violencias basadas en género en la educación superior, y reitera que el ejercicio de inspección y vigilancia garantiza su cumplimiento efectivo en todo el país.

En total, 289 Instituciones de Educación Superior (IES), equivalentes al 93% del sistema, cuentan hoy con protocolos, canales de denuncia y estrategias de sensibilización en cumplimiento de la Resolución 014466 del 25 de julio de 2022, que estableció lineamientos obligatorios en el marco de los lineamientos de Política de Educación Superior Inclusiva e Intercultural.

Desde el inicio de este Gobierno, la educación superior ha sido reconocida como un escenario clave para consolidar políticas públicas orientadas a eliminar cualquier forma de violencia y discriminación dentro de las instituciones. La formulación e implementación de estos protocolos representa un paso estructural para garantizar el respeto por las mujeres y por todas las diversidades como principio fundamental en cada espacio académico.

Entre 2024 y 2025 se han destinado cerca de $2.000 millones y para 2026, se tienen presupuestados otros mil más para acompañar a las instituciones de educación superior en la evaluación e implementación de los protocolos, incorporando además elementos esenciales de la Ley 2326 de 2023 (Alerta Rosa) y la Ley 2365 de 2024 sobre acoso sexual laboral.

Estos espacios de acompañamiento han contado con la participación de entidades como la Procuraduría, Fiscalía, Policía Nacional, Medicina Legal y las secretarías de las mujeres, entre otras.

Sanción a instituciones que incumplieron

Como parte de sus funciones de inspección y vigilancia, el Ministerio adelantó investigaciones administrativas frente a aquellas instituciones que no acreditaron la adopción oportuna de los protocolos dentro del plazo establecido, que vencía el 25 de enero de 2023.

Tras surtirse las etapas procesales y garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, en diciembre de 2025 y enero de 2026 se expidieron resoluciones mediante las cuales se sanciona con multa a 12 Instituciones de Educación Superior, entre públicas y privadas, por el incumplimiento de la normativa vigente.

A la fecha, las actuaciones se encuentran en la etapa de presentación y decisión de los recursos de reposición interpuestos por las instituciones ante la entidad.

De esta manera, el Gobierno del Cambio reafirma que la inspección y vigilancia no solo implican control administrativo, sino una herramienta para proteger los derechos de las mujeres y de toda la comunidad educativa, asegurando que los protocolos contra las violencias basadas en género sean una realidad efectiva en las universidades del país.

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