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Actualizado: 03 de marzo de 2026

En un acto realizado en Popayán, el presidente Gustavo Petro promulgó la ley que cambia de manera estructural la financiación de la educación superior pública en Colombia. La firma marca un antes y un después para las universidades e instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias (ITTU), que durante más de tres décadas enfrentaron un modelo que no respondía a sus necesidades reales

Popayán, Cauca, 3 de marzo de 2026 - Desde 1992, con la expedición de la Ley 30 de 1992, los recursos para las universidades públicas crecían cada año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ese indicador mide cuánto suben productos y servicios como alimentos, transporte o arriendos, pero no cuánto cuesta sostener un laboratorio, pagar docentes, financiar investigación o modernizar infraestructura. Mientras el número de estudiantes aumentaba y la demanda se expandía en todo el país, las instituciones acumulaban necesidades sin resolver porque el presupuesto de ingresos no crecía al mismo ritmo de sus verdaderos costos.

La nueva ley corrige ese desajuste histórico. A partir de ahora, el aumento de los ingresos de las IES públicas estará ligado al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un referente que sí reconoce los gastos propios del sector. Además, incorpora recursos adicionales para ampliar cobertura, cerrar brechas regionales, fortalecer la formalización laboral y mejorar la capacidad instalada de las instituciones públicas. También establece que la inversión en educación superior crecerá de manera progresiva en proporción al Producto Interno Bruto para alcanzar el 1% del PIB para este nivel educativo y acercar a Colombia a los estándares de la región. Esta transformación cuenta con concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

"La educación superior pública es lo que nos permite tener el cemento de la paz y una nación poderosa descubriendo nuestra propia diversidad. Esa educación pública es la que puede construir la paz de Colombia de manera definitiva porque una persona que lea no es capaz de matar a otra persona", resaltó el Presidente, Gustavo Petro Urrego

La promulgación en Popayán no es un hecho aislado. Es el cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y el resultado de un proceso de diálogo amplio con estudiantes, docentes, rectores y congresistas. El Gobierno reconoce que este avance también es fruto de años de insistencia del movimiento estudiantil, que defendió la educación pública como un derecho y no como un privilegio.

Este logro se suma a una serie de decisiones que han redefinido la política de educación superior en los últimos años. El Gobierno del Cambio reorientó el modelo de financiamiento que en el pasado priorizó el pago de matrículas en universidades privadas a través de programas que beneficiaron a un número limitado de jóvenes con altos costos fiscales. En contraste, la apuesta actual ha sido fortalecer directamente a las instituciones públicas para que puedan recibir a más estudiantes, ampliar su planta docente y administrativa, modernizar su infraestructura y garantizar estabilidad financiera en el largo plazo.

"Hoy le cumplimos al movimiento estudiantil y al país. Con la reforma financiera a la Ley 30 de 1992 transformamos el modelo de financiación de la educación superior pública. Por instrucción del presidente Gustavo Petro, destinamos recursos históricos, muy superiores a los exigidos en las calles, para garantizar que la universidad pública se fortalezca y que ningún joven vuelva a quedar por fuera por falta de dinero. No vamos a retroceder a épocas de persecución ni de silencios forzados: la educación es un derecho, no un negocio, y la juventud es el espíritu del cambio", afirmó el Ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín.

En estos cuatro años se han puesto en marcha estrategias para que más jóvenes ingresen y permanezcan en el sistema. El Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior ha llevado oportunidades a municipios históricamente excluidos como Guapi, Argelia, Uribia, San Onofre, Barbacoas y Puerto Guzmán, beneficiando a miles de estudiantes de educación media y proyectando la ampliación de cobertura en decenas de territorios donde antes el acceso era mínimo. Educación Superior en Tu Colegio ha llegado a 900 instituciones educativas en 370 municipios, permitiendo que más de 90 mil estudiantes avancen en programas técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios sin tener que abandonar sus regiones.

La política de gratuidad también se consolidó como eje central. Entre 2023 y 2025 se han invertido 6,8 billones de pesos, pasando de 690 mil estudiantes beneficiados a 930 mil, con el 97% de los estudiantes de pregrado en Instituciones de Educación Superior públicas con matrícula gratuita. Para 2026, 3,2 billones de recursos que ya hacen parte de la base presupuestal de funcionamiento, garantizando estabilidad y prioridad en el Presupuesto General de la Nación.

El fortalecimiento financiero se refleja en que la inversión total de la Nación en educación superior alcanza cerca de 15 billones de pesos, de los cuales alrededor de 13 billones se transfieren directamente a Instituciones de Educación Superior públicas, con más de 6,4 billones adicionales incorporados entre 2023 y 2026, el mayor aumento real en más de una década. En infraestructura, se han comprometido más de 1,67 billones para 104 proyectos en todo el país, varios de ellos ya terminados, que incluyen compras de lotes e inmuebles, estudios y diseños, adecuaciones, construcciones modulares y convencionales, y dotación de espacios académicos.

Además, se avanza en la creación y acompañamiento de universidades propias de carácter étnico y campesino, como la Universidad del Macizo Colombiano, la Ala Kusreik Ya - Misak Universidad - y la Universidad de los Pueblos Pastos y Quillacingas, fortaleciendo un modelo intercultural que reconoce las cosmovisiones y lenguas de los pueblos. Paralelamente, se han ampliado fondos para estudiantes indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros, rrom y víctimas del conflicto, ampliando condiciones de acceso y permanencia.

Los resultados ya son visibles. Al cierre de 2025, 347 mil estudiantes más accedieron a la educación superior sin endeudarse; la base presupuestal de funcionamiento de las instituciones públicas creció 53% frente a 2022; y por primera vez se aseguraron recursos de vigencias futuras por cerca de 6,8 billones para financiar infraestructura entre asta ya2026 y 2036. La tasa de tránsito inmediato a la educación superior aumentó cinco puntos porcentuales y la cobertura bruta alcanza el 57,5 %, con proyección de superar el 60%.

Con la Ley 2568 de febrero de 2026, que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, Colombia adopta un nuevo modelo de financiamiento orientado a fortalecer la oferta pública y garantizar sostenibilidad a largo plazo. Con la promulgación en Popayán, el país no solo ajusta una fórmula presupuestal: consolida una apuesta estructural para que la educación superior pública sea más fuerte, más incluyente y verdaderamente un derecho para las nuevas generaciones.

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