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El Gobierno del Cambio respalda investigación por pagos cuestionados en el FOMAG
Actualizado: 17 de febrero de 2026
El Ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, acogió la decisión judicial y deslindó la responsabilidad del Ministerio frente a los pagos presuntamente irregulares, señalando que Fiduprevisora S.A. habría ejecutado desembolsos pese a advertencias jurídicas previas.
Bogotá D. C., 17 de febrero de 2026. El Gobierno del Cambio, a través del Ministerio de Educación Nacional, respalda la decisión judicial que ordena investigar los pagos realizados por la Fiduprevisora S.A. en su administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) por concepto de prima de mitad de año durante las vigencias 2024 y 2025.
El Gobierno insiste en que la sostenibilidad del sistema depende de que cada reconocimiento económico se ajuste estrictamente a la Lyy y a las decisiones judiciales vigentes, en concordancia con el principio de supremacía constitucional y al derecho de los docentes a recibir las prestaciones sociales reconocidas por el ordenamiento jurídico.
La decisión fue adoptada por un juez constitucional, en el marco de una acción de tutela y tiene como propósito establecer eventuales responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales frente a los desembolsos efectuados durante los periodos señalados.
Desde el Ministerio nos acogemos a las decisiones adoptadas por el juez constitucional y respaldamos las determinaciones que, en ese marco, se profieran para garantizar el principio de legalidad y la transparencia que deben regir toda la administración pública.
El Ministerio de Educación Nacional, en cabeza del Ministro, se reafirma el compromiso institucional con la salvaguarda de los recursos públicos del FOMAG, en especial en lo relacionado con el reconocimiento de la prima de mitad de año.
En ese sentido, el MEN reitera que no tiene competencia para reconocer, liquidar o girar prestaciones sociales, dicha obligación corresponde a Fiduprevisora S.A., como entidad administradora del Fondo. No obstante, el Ministerio deja constancia de que ha obrado en estricto cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad fiscal, y que ha expuesto su posición jurídica en los espacios institucionales correspondientes.
El ministro Daniel Rojas Medellín fue enfático en respaldar que los hechos se investiguen con total independencia. "Celebro que la Fiscalía investigue a fondo. Aquí lo que corresponde es transparencia absoluta. El Ministerio de Educación no autoriza pagos y siempre ha dejado constancia de su posición en las mesas jurídicas", afirmó.
Asimismo, informó que solicitó información jurídica, técnica y financiera a Herman Bayona, vicepresidente del FOMAG en Fiduprevisora S.A., mediante los comunicados 2025-EE-365540 (10 de diciembre de 2025) y 2026-EE-045491 (7 de febrero de 2026), sin que a la fecha se haya recibido respuesta. Según indicó, esta situación dificulta la verificación plena de la legalidad y pertinencia de los pagos.
El Ministerio subrayó que respaldar la investigación no implica prejuzgar ni desconocer derechos adquiridos del magisterio, sino garantizar que cualquier reconocimiento económico se realice con sujeción a la Ley y con pleno respeto por las decisiones judiciales vigentes. Las acciones de la entidad están encaminadas única y exclusivamente a salvaguardar los recursos del Fondo y garantizar la salud y las prestaciones sociales del Magisterio y, por ende, el bienestar de sus familias.
"Defender el Fondo es defender a los maestros y maestras del país. Cada peso debe pagarse con sustento jurídico claro y con respeto por la normatividad", agregó el ministro, reiterando que los recursos del FOMAG deben destinarse de manera transparente y responsable.
El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la transparencia, el debido proceso y la sostenibilidad del sistema de prestaciones sociales del magisterio colombiano. El magisterio merece seguridad jurídica y el Fondo requiere reglas claras y firmes. Será la autoridad competente la que determine las responsabilidades, si las hay, en el marco de la Ley.
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