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Actualizado: 10 de febrero de 2026

• La actuación preventiva incluye vigilancia especial, plan de mejoramiento obligatorio, condiciones de ajuste institucional, reporte y corrección de información académica y la designación de una inspectora in situ que supervisará permanentemente el proceso, con el fin de garantizar la legalidad de los títulos y la continuidad del servicio educativo

• Desde el carácter sancionatorio, se formuló pliego de cargos contra la institución y contra Romelia Ñuste Castro, en calidad de rectora, y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general.

Bogotá D.C., 10 de febrero de 2026. El Ministerio de Educación Nacional adoptó medidas preventivas y administrativas contra la Fundación de Educación Superior San José, tras identificar situaciones que podrían afectar la calidad, legalidad y continuidad del servicio educativo.

Desde inicios de 2025, la entidad fue notificada de posibles irregularidades en la expedición de títulos por parte de la institución. En el marco de sus funciones constitucionales de inspección y vigilancia, el Ministerio inició una etapa de indagación y recolección de información, que incluyó visitas administrativas, revisión documental y verificación de expedientes académicos.

Como resultado de estas actuaciones, en noviembre de 2025 el Ministerio abrió formalmente una investigación de inspección y vigilancia, la cual se adelanta en dos vías, preventiva y sancionatoria, debido al riesgo de afectación a la prestación del servicio y a la calidad educativa.

La vía preventiva se materializa en la decisión adoptada hoy que ordena la vigilancia especial y medidas administrativas sobre la institución, cuyo objetivo es proteger a los estudiantes, garantizar la validez de sus estudios y corregir las irregularidades detectadas.

En consecuencia, la institución queda bajo seguimiento permanente del Ministerio de Educación, que verificará directamente el cumplimiento de las obligaciones académicas, administrativas y financieras.

Así mismo, la universidad deberá formular e implementar un plan de mejoramiento para corregir fallas en sus procesos académicos y administrativos. También se establecieron condiciones obligatorias de ajuste institucional que deberá cumplir para normalizar su funcionamiento y asegurar la prestación legal del servicio educativo.

Adicional, se designó una inspectora in situ que permanecerá en la institución acompañando y verificando el cumplimiento de las medidas ordenadas. La institución deberá, reportar y actualizar de manera obligatoria la información académica y administrativa requerida, así como corregir inconsistencias ante los sistemas oficiales de educación superior.

Entre las presuntas irregularidades identificadas se encuentran: expedición de títulos sin verificar todos los requisitos legales, publicidad de programas académicos sin autorización, posibles pagos a docentes por debajo del mínimo legal y falta de reporte obligatorio de información al sistema oficial de educación.

Actuación sancionatoria

De manera paralela, en la vía sancionatoria el Ministerio formuló, el pasado 3 de febrero, pliego de cargos contra la institución y contra Romelia Ñuste Castro, en calidad de rectora, y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general, por presuntos incumplimientos graves relacionados con la expedición de títulos sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.

Conforme al marco legal vigente, los investigados cuentan con un término de 30 días para presentar descargos y solicitar pruebas. La actuación se adelanta con pleno respeto por las garantías constitucionales, administrativas y el debido proceso.

Se prevé que los resultados de esta etapa sancionatoria se conozcan dentro de los próximos dos a tres meses.

El Ministerio aclara que estas medidas no implican el cierre de la institución, la Fundación San José puede continuar desarrollando sus actividades académicas mientras cumple las obligaciones impuestas. Los estudiantes no pierden sus estudios ni sus avances académicos, el objetivo es proteger sus trayectorias educativas, garantizar la validez de los títulos y asegurar condiciones de calidad.

La vigilancia especial es una acción preventiva orientada a corregir fallas y evitar afectaciones mayores a la comunidad educativa. Cabe mencionar, que cualquier investigación de la Fiscalía corresponde a posibles responsabilidades individuales y es independiente. Además, la entidad continuará informando sobre el avance del seguimiento y podrá mantener, ajustar o levantar las medidas según el cumplimiento de la institución.

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