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Actualizado: 27 de enero de 2026

Frente al informe de la Contraloría General de la República sobre la sostenibilidad financiera de las universidades públicas, el Ministerio de Educación Nacional señala que el diagnóstico confirma el desfinanciamiento estructural acumulado por más de 30 años y respalda las decisiones del Gobierno del Cambio, que entre 2023 y 2026 ha destinado cerca de $15 billones a la educación superior pública y logró la aprobación de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, orientada a garantizar la sostenibilidad del sistema.

Bogotá D.C., 27 de enero de 2026. El informe reitera el diagnóstico histórico sobre las debilidades del sistema como consecuencia de la Ley 30 de 1992 que estableció un esquema de financiación que ató el crecimiento de los aportes a las universidades públicas al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin reconocer el aumento real de los costos de la educación superior, la expansión sostenida de la matrícula, las exigencias de calidad y los desarrollos tecnológicos.

Este diseño dejó al sistema universitario público con retos estructurales en términos de capacidad institucional, que hoy están siendo abordados mediante un cambio de enfoque en la política de financiación, orientado a fortalecer la oferta pública, cerrar brechas territoriales y asegurar la sostenibilidad del sistema.

El Gobierno del Cambio no solo ha reconocido esa realidad histórica, sino que ha actuado para corregirla. En el último cuatrienio se ha venido aumentando la asignación de recursos para la educación superior, la inversión de la Nación este año ya alcanza cerca de $15 billones, de los cuales aproximadamente $13 billones corresponden a transferencias a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, incorporando más de $5 billones adicionales entre 2023 y 2026 a través del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia, potencia mundial de la vida". Este esfuerzo representa el mayor incremento real de recursos para la educación superior pública en más de una década.

Gratuidad en la matrícula

Adicionalmente, uno de los ejes centrales de esta política ha sido la financiación de la gratuidad en la matrícula, que ha pasado de ser un programa coyuntural a convertirse progresivamente en un componente estructural del financiamiento del sistema, con recursos que ahora se suman a la base presupuestal de funcionamiento.

En 2023 este programa representó una inversión cercana a los $1,8 billones y en 2026 ya alcanza los $3,2 billones, beneficiando a más de 900 mil estudiantes, aliviando de manera directa las presiones financieras de las universidades y fortaleciendo su capacidad de planeación y sostenibilidad; y mejorando los indicadores de permanencia de sus estudiantes.

Primer proyecto de infraestructura educativa superior

El Gobierno del Cambio también ha puesto en marcha el primer proyecto nacional de infraestructura para la educación superior pública, enfrentando uno de los rezagos históricos más profundos del sistema mediante el Plan Nacional de Espacios Educativos. Entre 2023 y 2026 se ejecutan $2,2 billones en infraestructura física y tecnológica, con más de 120 proyectos en 17 departamentos y 38 municipios, y se han aprobado vigencias futuras por cerca de $6,7 billones, garantizando la continuidad de la inversión a diez años. Estas inversiones fortalecen la capacidad instalada del sistema y permiten ampliar cobertura con calidad y enfoque territorial.

Educación superior pública como derecho

Este gobierno ha venido desplegando dichas estrategias considerando que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el Estado colombiano tiene la obligación indelegable de garantizar el derecho a la educación superior, entendido como un derecho fundamental de carácter progresivo. Así lo ha señalado la Corte Constitucional en la Sentencia C-376 de 2010, al establecer que el acceso a la educación superior debe avanzar de manera progresiva mediante la adopción de medidas estatales efectivas, y en la Sentencia T-068 de 2012, al precisar que dicho derecho impone al Estado el deber de facilitar el acceso, evitar medidas regresivas y ampliar de forma gradual la capacidad del sistema, especialmente para los grupos más vulnerables.

En este contexto, los ingresos propios de las Instituciones de Educación Superior públicas, generados principalmente a través del cobro de matrícula, han operado históricamente como un mecanismo complementario para cubrir brechas no atendidas por las transferencias de la Nación. Lo que ha hecho el Gobierno del Cambio es reorientar estructuralmente este esquema, incorporando los recursos de la política de gratuidad como base presupuestal de funcionamiento, reduciendo la dependencia de las matrículas y fortaleciendo la financiación directa a la oferta.

Es importante señalar que el análisis financiero del informe se apoya principalmente en información contable histórica correspondiente al período 2019-2022 y no incorpora de manera integral el análisis presupuestal propio de las entidades públicas, ni los recursos adicionales ejecutados a partir de 2023, en especial aquellos destinados a la política de gratuidad, la inversión en infraestructura y el fortalecimiento de la base presupuestal de las universidades.

De igual manera, el informe considera como ingresos disponibles recursos asociados a la administración de convenios y contratos de terceros, pese a que entre el 70 % y el 92 % de estos tienen destinación específica, lo que limita su utilización para gastos institucionales.

En relación con el pasivo pensional de las universidades públicas, es necesario precisar que los valores señalados en el informe corresponden a obligaciones de largo plazo proyectadas a varias décadas, y no a presiones fiscales inmediatas sobre la operación anual de las instituciones. Si bien el pasivo pensional constituye uno de los principales retos estructurales del sistema, su análisis debe considerar los mecanismos de concurrencia establecidos en la Ley 100 de 1993 y la Ley 1371 de 2009, así como las transferencias futuras previstas por la Nación y las entidades territoriales.

En este sentido, el informe sobredimensiona su impacto al comparar el pasivo agregado con el presupuesto total del Estado, cuando la participación correspondiente a las universidades públicas no supera el 1 % del gasto pensional nacional.

Casos como el de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas evidencian que, aunque el pasivo acumulado puede superar los $900 mil millones, su impacto anual es significativamente menor y se debe financiar de manera compartida entre la Nación, las entidades territoriales y las propias universidades, representando solo una proporción de sus finanzas anuales.

No obstante, el Gobierno del Cambio ha venido fortaleciendo el esquema de concurrencia pensional y trabajando con las universidades y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para actualizar los cálculos actuariales, suscribir convenios y garantizar mayor oportunidad y certeza en los giros.

Adicionalmente, algunos indicadores comparan instituciones ubicadas en contextos territoriales muy distintos, sin ponderar adecuadamente sus condiciones estructurales y realidades regionales. Estas aclaraciones no desvirtúan el valor del ejercicio de control fiscal, pero sí resultan necesarias para ofrecer una lectura equilibrada que refleje de manera más completa los avances recientes y el impacto de las decisiones de política pública actualmente en ejecución.

En materia de equidad, el propio informe evidencia que el indicador, dado por el ´coeficiente de Gini´, de los recursos asignados a las universidades públicas se ubicó en 0,43 en 2024, un nivel medio de desigualdad que muestra una mejora significativa frente a mediciones de años anteriores. Esta reducción es resultado de los nuevos criterios de asignación adoptados por este Gobierno, orientados al cierre de brechas, el fortalecimiento regional y el reconocimiento de trayectorias institucionales diferenciadas.

Reforma a la Ley 30, un cambio estructural

La reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, aprobada por el Congreso, constituye el cambio estructural más importante en la financiación de la educación superior pública en tres décadas. Esta reforma reemplaza el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), establece recursos adicionales para el aumento de la cobertura, cierre de brechas, formalización laboral, entre otros, incorpora el crecimiento de la inversión en la educación superior pública respecto del PIB y orienta el sistema hacia un nuevo modelo que prioriza el financiamiento a la oferta, el fortalecimiento de la capacidad instalada y la sostenibilidad de largo plazo de las instituciones de educación superior públicas. Los recursos requeridos para financiar esta reforma fueron conceptuados favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Ministerio de Educación Nacional valora el ejercicio de control fiscal, pero considera indispensable complementar la discusión en el marco de la responsabilidad que tiene el Estado para implementar medidas que conduzcan a garantizar el derecho a la educación superior, con información completa y vigente, para lo cual nos hemos puesto en comunicación con la Contraloría General de la República para avanzar en un análisis y trabajo conjunto del informe en mención.

Este Gobierno ha emprendido la mayor inversión en la historia de este sistema, ha implementado medidas orientadas a corregir el rezago generado por décadas, dando pasos significativos en la ruta propuesta por la Contraloría en el sentido de desconcentrar la oferta de educación superior en las ciudades principales y garantizar el acceso a este derecho en los territorios. Asimismo, ha puesto en marcha la reforma estructural que el país necesitaba para que la educación superior pública sea sostenible, incluyente, de calidad y garantice oportunidades para todos.

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