En algunos países los exigen para ejercer la profesión o para introducirle transparencia al sistema educativo. Lo cierto es que estos exámenes obedecen a una tendencia mundial que busca garantizar la calidad, hacer que las competencias, titulaciones y conocimientos de los estudiantes sean homologables en cualquier país de un mundo globalizado como el actual.

Nuestro país no es ajeno al afán de buscar cada vez niveles más altos de calidad educativa. Por esa razón, el Ministerio de Educación implementará a finales del año estos exámenes en el país. En octubre y noviembre de 2001 se comenzarán a aplicar los ECES de ingeniería mecánica y medicina. La presentación del examen será obligatoria para poder recibir el título, aunque no es requisito ni para el grado ni para ejercer la profesión.

El caso del Brasil

Brasil implementó unos exámenes similares que han servido de guía. En dicho país, la sola presentación de los exámenes, sin ser requisito para el grado ni para ingresar al mercado laboral, logró impulsar la calidad de los programas. Existe la percepción de que los exámenes obligaron a las instituciones a preocuparse más por la calidad y por garantizar el resultado final del proceso educativo de sus estudiantes.

Cuestión de equidad

Los Exámenes de Calidad de Educación Superior van a medir las competencias profesionales básicas que debe tener todo profesional después de haber cursado su carrera, independiente del lugar donde estudió y de sus condiciones económicas y sociales. Es decir, un abogado egresado de una universidad pública en la Costa Atlántica debe tener las mismas competencias profesionales básicas de un estudiante de una universidad privada en Bogotá o de cualquier otro lugar de Colombia.

Se trata de asegurar un mínimo de competencias, que le garantizarán a todos los estudiantes del país, que la calidad de su educación es homologable con la de otros profesionales a nivel internacional, y que por lo tanto serán competitivos en el futuro en el mercado laboral.

Los exámenes de calidad de la educación superior serán por lo tanto un mecanismo eficaz de verificación por parte del Estado, para velar para que las instituciones cumplan con su misión.

Dichos exámenes no constituirán violación alguna a la autonomía universitaria, pues cada entidad será libre en la forma, metodologías y procedimientos utilizados para graduar a sus estudiantes. Es decir, el Estado no le indica a la institución cómo actuar. Simplemente se cerciora de que el resultado final del proceso educativo sea acorde con las expectativas del estudiante, de sus padres, del país, y del mercado laboral nacional y mundial.

Se trata de asegurar un mínimo de competencias, que le garantizarán a todos los estudiantes del país, que la calidad de su educación es homologable con la de otros profesionales a nivel internacional.