El punto de partida es iniciar el proceso de atención de los niños menores de 5 años, fortaleciendo el rol educativo de sus familias.

Durante 2008 se espera llegar a 32.175 nuevos niños en 16 entidades territoriales. La meta, para 2010, es atender integralmente con cuidado, nutrición y educación inicial a, por lo menos, 100.000 niños y niñas menores de 5 años de zonas rurales dispersas, campesinos e indígenas, que por dificultades geográficas no pueden acudir diariamente a un centro infantil. ( Ver recuadro Atención a la primera infancia, modalidad entorno familiar )

En los próximos años, se espera alcanzar la cobertura total de la educación básica y elevar de 28% a 35% la de educación media. Teniendo en cuenta que los actuales alumnos de educación básica y media rural en establecimientos oficiales suman alrededor de 2.600.000, y que 721.000 niños y jóvenes entre 5 y 16 años no están aún en el sistema, la población beneficiaria de la política ronda los 3.300.000 niños y jóvenes¹.

Se apoyará a las entidades territoriales para que, en consonancia con sus planes de desarrollo, formulen y ejecuten planes de educación para la población rural. Esos planes, para ser eficaces, deben conducir a mejorar los establecimientos educativos. (Ver gráfico La Institución Educativa Rural que buscamos)

Un establecimiento educativo rural mejorado conoce la población que debe beneficiar, sabe donde se encuentra y sus características; se conoce a sí mismo, comprende, analiza y evalúa sus resultados, y lleva a la práctica sus decisiones para mejorar; conoce y emplea alternativas apropiadas para facilitar que los niños y jóvenes ingresen, permanezcan y adquieran competencias que les hagan más capaces de vivir mejor y de manera más productiva en su sociedad; dispone de recursos humanos, físicos y técnicos suficientes y adecuados para su mejor desempeño. En resumen, convierte su PEI en su Plan de Mejoramiento y cuenta con apoyo técnico asiduo de su entidad territorial.

Las entidades territoriales recibirán apoyo técnico del Ministerio, cuando lo necesiten para formular su Plan de Educación Rural y harán acuerdos con la Nación y con agentes privados para su financiación compartida.

El Plan de Educación Rural de una entidad territorial canalizará la aplicación de recursos económicos y técnicos, para que los establecimientos que atienden a la población rural mejoren sus ambientes educativos y prácticas pedagógicas, adopten modelos educativos flexibles adecuados a las condiciones de vida de sus beneficiarios, adquieran o complementen su dotación de materiales educativos básicos y mejoren su utilización, amplíen la formación profesional de sus docentes y directivos y ofrezcan a los jóvenes una educación más pertinente y actualizada.

La atención adecuada de los grupos étnicos será parte constitutiva de estos planes y criterio para su viabilización. Se prevé que, en 2010, 60 proyectos etnoeducativos de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas estén en el proceso de formulación, diseño e implementación.

Las competencias laborales son un aspecto clave de la formación. En la educación básica rural tendrán un lugar privilegiado, tanto a través de los Proyectos Pedagógicos Productivos ( ver recuadro ) como mediante la articulación entre los establecimientos educativos y el SENA, con participación del sector productivo organizado. Se continuará promoviendo el desarrollo de buenos Proyectos Pedagógicos Productivos en todos los establecimientos educativos rurales.

Con estas estrategias se beneficiarán alrededor de 7.000 establecimientos educativos oficiales, 25.300 sedes educativas rurales y se capacitarán aproximadamente 57.293 docentes y directivos docentes. ( Ver recuadro Sobre los Proyectos Pedagógicos Productivos-PPP )

Incrementar el acceso de la población a la educación superior y lograr en los jóvenes rurales el desarrollo de competencias y destrezas laborales es una de las estrategias centrales de la política de productividad y competitividad. Para ello, la oferta educativa debe ser pertinente, de calidad y orientarse al desarrollo de los sectores productivos estratégicos.

Para el desarrollo de la política educativa en este campo, se continuará trabajando en cuatro líneas fundamentales:

• Fortalecimiento de la educación Técnica y Tecnológica
  Este programa está orientado a diversificar la oferta educativa, haciéndola más pertinente y cercana a las necesidades y políticas regionales. Hasta 2010, se prevé la generación de 320.000 nuevos cupos, de los cuales 200.000 corresponderán a formación técnica y tecnológica.
  
  En cuanto a la formación técnica y tecnológica, se apoyan actualmente 31 alianzas para el desarrollo de proyectos en sectores que incluyen los de alimentos, biocombustibles, producción y gestión ambiental, minero-energético, pulpa de papel, algodón y turismo. De los 31 proyectos, 14 son agropecuarios; además, se desarrollan proyectos agropesqueros y acuícolas, agroforestales, forestales y de floricultura.
  
  En 2008, iniciaron operación 98 nuevos programas académicos en todo el país. Durante 2009 contaremos con 107 programa nuevos más cercanos a la realidad del sector rural. De ellos, 60 serán en la modalidad virtual, lo que permitirá ampliar su incidencia.

• Desconcentración y flexibilización de la oferta
  Para mejorar la oferta y elevar la cobertura, las principales estrategias han sido: regionalizar la oferta, respondiendo a situaciones específicas de marginalidad geográfica o económica de la población; incrementar la educación a través de la modalidad virtual; y fomentar la creación y oferta de programas a partir de alianzas entre instituciones educativas, entidades territoriales y sector productivo. Estas estrategias han sido factor muy importante en la creación de los Centros Regionales de Educación Superior (CERES -Revolución Educativa 2006-2010; Véase la sección Voz de los educadores).
  
  Entre 2002-2008 se han creado 103 CERES, con cobertura en 31 departamentos y 480 municipios dentro de sus áreas de influencia. Se han beneficiado 18.366 estudiantes en 656 programas académicos, de los cuales 77 son técnicos, 218 tecnológicos y 341 profesionales; 20 programas ofrecen posgrado. La meta es crear 50.000 nuevos cupos hasta 2010, de los cuales se han generado 8.141 entre 2007 y lo corrido de 2008.

• Financiación de la demanda
  La oferta, aunque sea adecuada y flexible, no es suficiente; las condiciones económicas de los jóvenes les impiden con frecuencia acceder a los programas. Se ofrecen entonces oportunidades para financiar la formación. Para la matrícula en los CERES u otras oportunidades de educación superior, o el sostenimiento durante los estudios, los jóvenes cuentan con crédito educativo del proyecto ACCES del ICETEX. Este crédito puede estar acompañado de subsidios no reembolsables para estudiantes de los niveles 1 y 2 del Sisben y beneficiarios de Familias en Acción que cursen programas técnicos o tecnológicos.
  
  Otros apoyos financieros son becas y subsidios, a través del compromiso de las gobernaciones y alcaldías con la creación de Fondos Educativos Municipales y Departamentales.

• Investigación para el Campo
  En el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adelanta, desde 2004, una estrategia de Fondo Concursable para optar a recursos públicos para programas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agrícola por cadenas productivas. Las propuestas se presentan por alianzas de instituciones públicas o privadas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con empresas, gremios, asociaciones de productores agropecuarios y agroindustriales. Los recursos de cofinanciación que se asignarán son no reembolsables.
  
  Las cadenas convocadas actualmente son las de: arroz; avicultura; biocombustibles; cacao; café; camarón de cultivo; caña panelera; carne bovina; frutales; hortalizas; lácteos; leguminosas; ovinos y caprinos; papa; pesca industrial y artesanal; piscicultura; porcicultura; sistema productivo maíz y soya; trigo y yuca.

¹ Según ejercicio de Planeación/MEN, mayo de 2008.