Financiación de la educación superior - Ministerio de Educación Nacional de Colombia

05-feb-2016

Financiación de la educación superior

El financiamiento de la universidad pública en Colombia se da a través de mecanismos dirigidos a la oferta y de subsidios a la demanda. Entre los mecanismos de oferta se cuentan los aportes directos de la Nación y las entidades territoriales, la generación de recursos propios que cada institución consigue en el ejercicio de sus labores misionales de formación, extensión e investigación, los recursos provenientes de estampillas pro universidad, el apoyo de Colciencias a los proyectos de las universidades y los proyectos de fomento dirigidos desde el Ministerio de Educación Nacional.

En cuanto a los proyectos de financiamiento a la demanda están aquellos diseñados para garantizar el ingreso de los egresados de la educación media y la permanencia de los estudiantes en la educación superior. Las dos estrategias fundamentales son el crédito educativo ofrecido por el ICETEX en sus diferentes modalidades y el otorgamiento de subsidios de sostenimiento para la permanencia de los estudiantes en el sistema.

Financiamiento a la oferta

Para abordar el tema de la financiación de la Universidad pública en Colombia es necesario remitirse a la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organizó el servicio público de la Educación Superior en el país. Esta Ley en su artículo 86 estableció que: "Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales y por los recursos y rentas propias de cada institución. Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993". De acuerdo a lo anterior, los aportes de la Nación a las universidades públicas, dependen del presupuesto asignado en el año 1993 y actualizado anualmente de acuerdo al crecimiento de la inflación.

Por otra parte, cabe anotar que en su artículo 87 la Ley 30 estableció que, adicionalmente a los recursos del artículo 86: "A partir del sexto año de la vigencia de la presente Ley, el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales en un porcentaje no inferior al 30% del incremento del Producto Interno Bruto. Este incremento se efectuará de conformidad con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades Estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de las instituciones que lo integran". Para la distribución de estos recursos, anualmente el Ministerio de Educación Nacional en conjunto con el Sistema de Universidades Estatales (SUE) elabora una propuesta de distribución basada en indicadores de desempeño. Para tal fin, el sistema ha dedicado grandes esfuerzos en los últimos años para generar un sistema de indicadores que permita evaluar el desempeño de las universidades públicas de manera que puedan rendir cuentas a la Nación, en el marco de la política estatal de eficiencia y transparencia y realizar así la distribución de recursos del artículo 87, atendiendo a criterios de eficiencia y desempeño de las instituciones.

El modelo utilizado se basa en el establecimiento de la relación entre la capacidad de las universidades, medida por los recursos que tiene a su disposición, y los resultados logrados con estos recursos. Para ello se define un indicador de capacidades y varios indicadores de resultados que reflejen la misión de la universidad en los temas de formación y producción académica. La relación existente entre el índice de capacidad y cada uno de los índices de resultados se toma como un marco de referencia que permite establecer el desempeño de cada universidad en el contexto del sistema universitario estatal.

Es importante mencionar que la Constitución Política de Colombia en su artículo 69 garantiza la autonomía universitaria. Este concepto implica la consagración de una regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos superiores. Esta libertad de acción está definida en la Ley 30 de 1992 y reconoce a las universidades el derecho de establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional entre otras. En este marco, las Universidades colombianas son generadoras de recursos propios que provienen de sus actividades de formación (matriculas y otros servicios asociados), investigación y extensión.

Sumado a lo anterior, las universidades oficiales cuentan con estampillas pro universidad que son un impuesto de causación instantánea que por regla general grava documentos o actos en los que interviene una entidad territorial como suscripción de contratos, venta de licores etc. La estampilla es creada por la respectiva Asamblea departamental y aprobada por el Congreso de la República mediante Ley. Allí se establece un monto máximo para el gravamen que es recaudado por el departamento y es girado a las universidades para su utilización conforme a lo establecido en la respectiva Ley que crea la estampilla Actualmente 25 de las 32 universidades públicas cuentan con estampillas pro universidad y son una importante fuente de recursos para las mismas.
Por otro lado, en el desarrollo de la política de fortalecimiento a la investigación, el Ministerio de Educación Nacional trabaja de la mano con el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, el Gobierno Nacional, la academia y el sector productivo en pos de lograr nuevas fuentes de financiamiento del Presupuesto General de la Nación, del sector privado, de la cooperación internacional y de donaciones nacionales o extranjeras con el fin de financiar programas, proyectos y actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI y Fondos de Capital de Riesgo u otros instrumentos financieros, para el apoyo de programas, proyectos y actividades de CTeI.

Finalmente, entre los proyectos de fomento de la educación superior liderados por el Ministerio de Educación Nacional, se destacan los proyectos para Fomentar la permanencia; la Promoción de la Educación Técnica y Tecnológica; la Desconcentración de la Oferta a través de los Centros Regionales de Educación Superior - CERES; la Ampliación de la Educación Virtual; el Apoyo y Atención a Población Diversa; la Movilización de la Demanda mediante la exitosa estrategia de "Buscando Carrera"; el afianzamiento del Observatorio Laboral para la Educación Superior; la Creación y Consolidación de los Comités Universidad Empresa; la Formación de Capital Humano en el Exterior; el Fortalecimiento de las Capacidades Investigativas; el ya consolidado Sistema Nacional de Información de la Educación Superior(SNIES); el Apoyo a la Modernización de la Gestión Académica, Administrativa y Financiera y la Línea de Crédito con Tasa Compensada MEN-FINDETER.

Financiamiento a la demanda

En cuanto a las estrategias de financiamiento a la demanda se destacan los recursos para garantizar el ingreso de los egresados de la educación media y la permanencia de los estudiantes en la educación superior. Las dos estrategias fundamentales de este proyecto son el crédito educativo ofrecido por el ICETEX en sus diferentes modalidades y el otorgamiento de subsidios de sostenimiento para la permanencia de los estudiantes en el sistema.

En el año 2002 el ICETEX financiaba el 9% de los estudiantes de educación superior, hoy se financia el 19%. Entre el 2003 y 2010 se han apoyado a 300.015 estudiantes en todas las modalidades de crédito, para lo cual se han invertido 2.6 billones de pesos. Con el crédito a largo plazo se han atendido el 97% de estudiantes de estratos 1, 2 y 3, apuntándole a la equidad social.

Se han otorgado subsidios a 92.831 estudiantes con sisben 1 ó 2, equivalentes al 25% aplicado al valor del programa académico o a su sostenimiento, por un valor de 205.832 millones de pesos.

En el marco de las políticas de acceso a la población indígena, a los estudiantes de las diversas etnias colombianas se concede el 50% del subsidio.

Es importante resaltar que el crédito educativo ha permitido incrementar la retención en el sistema. Un estudiante que tiene crédito tiene probabilidad de desertar 3 veces menos, se gradúa en menor tiempo y obtiene mejores resultados académicos.