Un aspecto central durante el debate del Plan Decenal de Educación 2006-2016 fue la respuesta a la pregunta ¿usted qué propone para mejorar la educación en Colombia?, frente a la cual una buena mayoría resaltó la importancia de mirar en detalle los mecanismos de evaluación y, en particular, el Decreto 230 de 2002 ( véase recuadro explicativo en la sección Debate ), cuya derogación pidieron más de 2.000 ciudadanos.

La evaluación es esencial para la calidad educativa, ya que arroja distintas clases de información que permiten tomar decisiones mejor informadas y entender procesos de enseñanza-aprendizaje que no son tan claros sin su aplicación¹. El uso pedagógico de los resultados orienta el trabajo de las instituciones, los docentes, los estudiantes y los padres y madres de familia. De ahí la importancia de verla como una herramienta para potenciar los aprendizajes y los procesos que ocurren en el aula, dentro del ciclo de calidad que busca fortalecer las instituciones educativas y conjuga estándares básicos de competencia, procesos de evaluación y diseño e implementación de planes de mejoramiento institucional ( véase recuadro ).

El país ha avanzado en la conformación de un Sistema Nacional de Evaluación que incluye, entre otros, la elaboración y aplicación de pruebas censales SABER y de Estado, así como la participación en pruebas internacionales tales como PISA, TIMSS, SERCE y el Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía que permiten conocer los logros de los estudiantes, generar instancias de referenciación con otros países (véase sección Por Colombia, resultados PISA) y promover acciones en los procesos del aula para mejorar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes. En la medida en que se entiendan estos desarrollos se podrá ir adecuando el grado de exigencia de los estándares. El ideal es que el desarrollo de las competencias permita que los estudiantes alcancen niveles cada vez más altos y el sistema se cualifique.

Durante los años sesenta, setenta y parte de los ochenta, el país contaba con un currículo preestablecido y se emprendían procesos evaluativos de orden netamente cuantitativo. Las políticas de evaluación y promoción de estudiantes giraron en torno a la definición de promedios sumativos de calificaciones, en escala numérica de 1 a 5 para la básica primaria y de 1 a 10 para la secundaria y media; y al finalizar el año escolar se reportaban sumatorias de resultados parciales de logros alcanzados por los estudiantes en los distintos períodos académicos².

A partir de la expedición de la Ley General de Educación (1994) se dio paso a una evaluación formativa, integral y cualitativa, más centrada en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes que en los contenidos de la enseñanza, teniendo como marco las competencias, haciendo que el proceso en el aula cobre un sentido distinto. Reglamentada la ley por decretos como el 1860 de 1994, el 230 y el 3055 de 2002 se propició un cambio importante en las prácticas pedagógicas, al establecer la autonomía curricular de las instituciones mediante la definición de su Proyecto Educativo Institucional.

Desde entonces se ha abierto el camino hacia una valoración que da cuenta de los avances del estudiante en su formación integral para que, a partir de la autoevaluación y el análisis de sus logros, sepa cómo mejorar y desarrollar sus capacidades; y a la vez sus maestros, compañeros y padres de familia sean más conscientes en asumir sus compromisos como educadores y acompañantes del educando. Asimismo, busca que distintos actores educativos adquieran protagonismo en los procesos de evaluación y de acompañamiento y estén al tanto del aprendizaje. Se entiende la evaluación como un proceso permanente que incluye instancias de planeación, ejecución, análisis y seguimiento institucional, y como un medio para comprender y promover el aprendizaje en el aula e identificar cómo aprende cada estudiante.

De todas maneras resulta central que se conciba el proceso de evaluación desde la misma noción de competencia y lo que ésta implica en términos de desempeños y de concreción de esos desempeños en evidencias palpables; ver en creaciones, manifestaciones y asuntos tangibles las mejoras que se van teniendo a lo largo del proceso y poder emprender instancias de análisis, desde allí, de los aprendizajes.

Una evaluación adecuada y transparente hace explícitas sus reglas y objetivos en relación con los desempeños que evalúa y permite abordar estrategias para los aprendizajes que se dificultan, teniendo en cuenta los intereses y contextos de cada uno. Es importante que su práctica de aula ofrezca una retroalimentación positiva, que fortalezca la autoestima y empodere a los estudiantes para seguir mejorando.

Para el Ministerio, analizar en detalle los mecanismos de evaluación y, en particular, el Decreto 230 de 2002, de acuerdo con las propuestas expresadas durante el desarrollo del Plan Decenal 2006-2016, es un compromiso que se concreta en el Foro Nacional Educativo de 2008 y un paso adelante en el establecimiento de una cultura de la evaluación como herramienta para mejorar y no para castigar dentro del proceso de calidad de la educación, articulada a prácticas pedagógicas cada vez más dinámicas e incluyentes.

Notas
¹ Si desea más información sobre el tema de la evaluación, puede consultar los números de Al Tablero: 3 (2001), 12 (2002), 19 (2003), 23 (2003), 26 (2003-2004), 32 (2004) y 38 (2006).

² Aquí cabe recalcar la importancia de la promoción automática -que fue evolucionando hasta una promoción flexible-, promulgada por primera vez en los años ochenta, y que mandó señales sobre la necesidad de considerar los aprendizajes de los estudiantes y de apoyarlos en sus procesos pedagógicos.