A propósito del programa de los Ministerios de Protección Social y de Educación y organismos internacionales.

Carlos Iván Pacheco S. (*)

Según datos oficiales1, entre los años 1995 y 2002, 1.079.0802 colombianos han sido desterrados a causa de la violencia, cifra que para organizaciones no gubernamentales asciende a 2.500.000 personas3. Del grupo total de desplazados, entre el 40 y el 45 por ciento son menores de 18 años. Además de la pérdida del hogar, han perdido su opción a tener derechos puesto que su condición no es la de no ser iguales ante la ley, sino que no existe la ley para ellos4. Partiendo de esta premisa, la reparación psico-socio-afectiva pone el énfasis en su rescate como sujetos de derechos, a través de pedagogías y didácticas que les devuelvan la posibilidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, su sexualidad y su reproducción, ya que la apropiación de estos elementos no sólo permite prevenir efectos asociados a su condición, sino que los prepara en la toma de decisiones sobre otros campos sociales y políticos.

Algunos de los efectos asociados a la condición del desplazamiento forzoso son el mayor nivel de riesgo a que sus derechos sexuales y reproductivos sean vulnerados y la mayor exposición a efectos negativos en el ejercicio de los mismos. Esta realidad se evidencia en las altas cifras de embarazos en adolescentes, en el escaso grado de control prenatal, en el poco uso de métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como en la recurrente violencia de género, incluida la sexual.

En el grupo de mujeres desplazadas entre 13 y 19 años, el 30 por ciento ha estado alguna vez embarazada, cifra que supera en diez puntos porcentuales el reporte para el conjunto de adolescentes colombianos de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 2000, cuyo porcentaje de adolescentes embarazadas fue del 19 por ciento; de igual forma supera, en un 4 por ciento, la cifra de la zona rural (26 por ciento). De otro lado, las embarazadas desplazadas por la violencia son quienes en menor proporción acuden a controles prenatales en centros de salud (44 por ciento).

En relación con el uso de métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades de transmisión sexual entre las adolescentes colombianas que comparten su vida en pareja, el 60 por ciento no está usando ningún método anticonceptivo y el 81 por ciento de las jóvenes que han iniciado actividad sexual no se protege con ningún método. Así mismo, la encuesta realizada en el año 2001 por Profamilia muestra cómo el maltrato verbal, las amenazas, el abandono económico y el maltrato físico y sexual están presentes cotidianamente. El 52 por ciento de las mujeres que alguna vez han estado unidas a una pareja han sido maltratadas físicamente por su compañero. Adicionalmente, el 14 por ciento fueron forzadas a tener relaciones sexuales y, en igual proporción, han sido amenazadas con armas por su cónyuge. Entre las mujeres desplazadas por la violencia, 36 por ciento fueron agredidas por desconocidos.

Frente a esta realidad, la experiencia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, a través del Proyecto de atención en salud sexual y reproductiva para la población desplazada por la violencia, adelantado con agencias del Sistema de Naciones Unidas como PMA y ACNUR, ONG locales y las iglesias que promueven la atención humanitaria de emergencia en la costa Caribe y en el suroriente del país, demuestra que es posible devolver al adolescente y a las mujeres la oportunidad de decidir libremente sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción.

A través del desarrollo de procesos pedagógicos y didácticos que reconozcan e identifiquen, como punto de partida, los intereses de adolescentes y mujeres, así como con la puesta en marcha de actividades vinculadas al arte, al deporte y la habilitación laboral, se establecen elementos transversales que permiten no sólo prevenir efectos asociados a su condición, como la violencia sexual e intrafamiliar, el embarazo no deseado y las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA, sino también avanzar hacia la recuperación de sus derechos humanos sexuales y reproductivos desde su patrimonio original: el cuerpo.

Construir ciudadanía desde la corporalidad, la sexualidad y los derechos en poblaciones vulnerables implica, también, la necesidad de romper con varios preconceptos que perpetúan la exclusión. Por ejemplo, se ha dicho que los niños son fuertes y las niñas débiles y que por lo tanto los ejercicios de fuerza son para unos y la coordinación para otras; que la inteligencia es una condición de lo masculino y la sensibilidad de lo femenino, etc. Podríamos entonces hacer una lista interminable de imaginarios, actitudes, concepciones y valores que circulan en la cultura y que contribuyen a potenciar la exclusión y a aumentar la vulnerabilidad.

En este sentido, no basta con que el colegio acoja a los niños y niñas desplazados, sino que es necesario que la comunidad educativa los reconozca como sujetos de derechos. Esto implica no discriminar en su tratamiento, en relación con el de otros niños, brindarles un espacio digno de inclusión, y trabajar con ellos y ellas el concepto de integridad corporal, el cual implica que el cuerpo es propiedad de cada uno y cada una y que, sin nuestro permiso, nadie puede vulnerar ese espacio de autonomía y autodeterminación.

(*) Médico epidemiólogo, coordina el proyecto del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas en Colombia, con financiación del gobierno belga, "Atención a las Condiciones de Genero y Salud reproductiva de la PDV, con énfasis en adolescentes". Profesor de salud pública en la U. del Rosario. Correo: carlos.pacheco@undp.org
1 Red de Solidaridad Social, www.red.gov.co

2 El 44.3 por ciento del total de la PDV corresponde a menores de edad; el 47.6 por ciento son mujeres y el 18.7 por ciento adolescentes entre 10 y 19 años.

3 CODHES, Boletín Número 44, www.codhes.org.co, 28 de abril de 2003.

4 Arendt, Hannah, Los orígenes del totalitarismo, tomo 2, pp. 432-438. Alianza Ed., 2002

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Proyecto conjunto

Se presentó en Bogotá el proyecto "Construcción de una respuesta intersectorial en salud sexual y reproductiva con énfasis en la prevención y atención a las ITS-VIH-SIDA, con jóvenes adolescentes residentes n comunidades receptoras de población esplazada en Colombia" que busca reducir la vulnerabilidad frente a las Infecciones de Transmisión Sexual, el VIH y el SIDA, de 600.000 adolescentes y jóvenes de 48

municipios de 25 departamentos del país, que tienen alta prevalencia de casos reportados y concentración de población desplazada. El proyecto es dirigido por un mecanismo de coordinación que preside el Ministerio de Protección Social, con la participación

del Ministerio de Educación Nacional, las Naciones Unidas, el CODHES y la Organización Internacional para las Migraciones.

Más información: www.minproteccionsocial.gov.co