Bajo el principio de la equidad, el Gobierno Nacional le propuso a los colombianos una Revolución Educativa, que incluyó en su Plan de Desarrollo y cuyos ejes principales son la ampliación de cobertura, la calidad de la educación y el mejoramiento de la eficiencia del sector educativo. Los objetivos de esta Revolución están orientados a facilitar el acceso de los niños y niñas de todas las regiones a las instituciones educativas; posibilitar su permanencia en las aulas; mejorar sus procesos de aprendizaje y garantizar que tengan la oportunidad de desarrollar capacidades que les permitan mejorar su calidad de vida, contribuir al desarrollo del país y afrontar las exigencias del mundo contemporáneo.
Para lograr estos objetivos y alcanzar las metas trazadas no sólo para estos cuatro años sino también con el fin de establecer un sistema viable y sostenible a largo plazo, se hace imprescindible la concurrencia de las entidades territoriales, que gracias al proceso de descentralización, son las puntas de lanza del sector educativo.

Así, los departamentos tienen a su cargo, entre otras, funciones fundamentales como la asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los municipios; la administración del sistema de información; y la certificación a los municipios que cumplan los requisitos para asumir la administración autónoma de los recursos asignados por la Nación. A su vez, los departamentos, distritos y municipios certificados comparten las funciones de dirigir, planificar y prestar el servicio educativo; administrar y distribuir entre los municipios y establecimientos educativos de su jurisdicción, respectivamente, los recursos asignados por la Nación; administrar las instituciones educativas y el personal docente y administrativo; participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos, en la cofinanciación de programas y proyectos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación; y mantener las coberturas y propender por su ampliación.

Durante este tiempo, hemos podido presentar resultados importantes en cobertura, calidad y eficiencia, alcanzando las metas fijadas para el año 2003. Este avance no hubiera sido posible sin el liderazgo de las entidades territoriales y el conocimiento, experiencia y creatividad de cada uno de los secretarios de educación departamentales, distritales y municipales. En reuniones mensuales con los Secretarios, que involucraron a funcionarios y responsables de áreas específicas de las Secretarías, se armonizó el Plan Nacional con los regionales y locales; se definieron políticas vitales para el sector y se abrió el espacio para la retroalimentación en asuntos como la reglamentación y el establecimiento de criterios técnicos claros para temas como la organización de plantas de personal, proceso de matrícula y presentación de proyectos de ley 21, por citar algunos ejemplos.

Con los Secretarios de Educación emprendimos y compartimos la tarea no sólo de fortalecer la descentralización y la autonomía del sector, sino con base en ellas, transformar el sistema en magnitud y pertinencia; poner en marcha un sistema de mejoramiento continuo de la calidad que nos ubique en los primeros lugares de los promedios latinoamericanos; y, finalmente, reorganizar y modernizar el sector en todos los niveles, con el fin de lograr su articulación; la mejor utilización de recursos humanos, físicos y financieros; y la consolidación de un sistema de información y un modelo de gestión eficiente que esté a la vanguardia de la administración pública nacional y territorial.

Para marchar con el ritmo que impone la Revolución Educativa, comenzamos un proceso de ajuste institucional que ha combinado la definición clara de las funciones de planeación, formulación, asistencia y seguimiento a cargo del Ministerio de Educación Nacional y, por otro lado, ha enfocado sus esfuerzos hacia la modernización de la administración y la gestión del sector en los niveles departamental y municipal a fin de asegurar la calidad de las inversiones y mejorar la productividad, la eficiencia y la transparencia sectorial. Este proceso será herramienta fundamental en el fin último de consolidar entidades territoriales descentralizadas, autónomas y responsables.

Si bien todos estos esfuerzos han comenzado a rendir sus frutos, es claro que la reorganización del sector exige un direccionamiento estratégico y la permanencia de las prioridades esenciales. Por esta razón, el eslabón más fuerte de la política educativa está en las Secretarías de Educación y en la conformación de equipos de trabajo.

En este contexto y a raíz del proceso electoral que acaba de terminar, la transición y empalme con las nuevas administraciones regionales y locales resulta de especial trascendencia. La meta de universalizar el acceso a la educación y de brindar una educación de calidad, sólo será posible en la medida en que aseguremos un sistema coherente y estable y un liderazgo gerencial que conozca el sector; evalúe resultados; conserve y potencie fortalezas e identifique y corrija de manera rápida los vacíos y debilidades.

Hacer una Revolución Educativa implica una inmensa responsabilidad para la comunidad educativa y para toda la sociedad colombiana que debe compartir la tarea de formar a nuestros niños, niñas y jóvenes. Por ello, desde el Ministerio de Educación nos corresponde hacer una invitación a los nuevos gobernadores y alcaldes para que armonicemos nuestros planes y políticas y para que el liderazgo de la educación se ejerza de manera profunda y efectiva desde las regiones. El reto que nos une es construir un sistema educativo organizado y capaz de responder a las necesidades de justicia social del país y, para ello, se requiere constancia, permanencia, recursos y una voluntad política indeclinable.