La Constitución Política señala como una de las funciones del Presidente de la República, la Inspección y Vigilancia de la enseñanza. Esta función, delegada en cabeza del Ministro de Educación, y a través del Icfes, toma un nuevo impulso.

La Inspección y Vigilancia de las instituciones de educación superior, es un deber del Gobierno Nacional. La Constitución y la ley le otorgan a las instituciones un alto nivel de autonomía, cuyo contrapeso es la función del Estado de velar porque se cumplan los fines y objetivos de la educación superior.

Para asegurarle una inspección y vigilancia universal y efectiva, el Ministerio de Educación y el Icfes iniciaron el programa "Inspección Total". Su propósito es realizar visitas de Inspección y Vigilancia a todas las instituciones de educación superior que hay en el país, antes de concluir el actual Gobierno.

Las visitas comprenden un análisis en los aspectos jurídicos, académicos y financieros, y los relacionados con infraestructura y dotación.

Hasta hace poco la Inspección y Vigilancia operaba principalmente a partir de quejas de la comunidad. Con el programa "Inspección Total", el Estado adopta una conducta proactiva para visitar de oficio a las 264 instituciones sin excepción. Es una tarea exigente que demanda del Ministerio y del Icfes un mayor compromiso en recursos humanos y tiempo.

La función de Inspección y Vigilancia de la educación superior, está orientada a verificar el cumplimiento, por parte de las instituciones, de los fines y objetivos de la Educación Superior.

Para cumplir con estos fines, el Gobierno Nacional puso en marcha el programa "Inspección Total" cuyo propósito fundamental es que antes de concluir el actual gobierno, el 100% de las IES del país hayan sido objeto de visitas de Inspección y Vigilancia en las que se verifican sus aspectos jurídicos, académicos, financieros y los relacionados con su infraestructura y dotación.

Las Instituciones de Educación Superior en Colombia actúan en un marco de autonomía, establecida en la Constitución y la ley. Su propósito es "darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas; crear, organizar y desarrollar sus programas académicos; definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas; otorgar los títulos correspondientes y seleccionar sus profesores" entre otros aspectos.

Se trata de un marco lo suficientemente amplio más no absoluto, puesto que la potestad que recae en las instituciones conlleva obligaciones. "Es un voto de confianza de la sociedad en las instituciones que implica reciprocidad en calidad y cumplimiento de la ley", indicó Francisco José Lloreda Mera, Ministro de Educación. La autonomía es, al igual que la educación, un derecho-deber que conlleva responsabilidades que deben asumirse dentro de los límites previstos legalmente.

En ese contexto es que debe entenderse que la inspección, la vigilancia y el rendimiento de cuentas no son una violación de la autonomía, como algunos afirman, sino una expresión del esfuerzo responsable del Estado por cumplir con un mandato constitucional y de las instituciones por mostrar sus condiciones internas de operación.

La inspección y la vigilancia tienen como finalidad velar por la calidad del servicio educativo, por las exigencias propias del interés general y por la inviolabilidad de otros derechos por parte de las instituciones que predican su autonomía para la prestación del servicio. Es la manera de fomentar una educación superior responsable, en busca de la excelencia.

En ese orden de ideas, la Ley 30 de 1992 (artículos 6, 31 y 32), señala como objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones prestar un servicio de calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución, que se concreta en el ejercicio de la autonomía universitaria para crear y desarrollar programas académicos, y definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, en el marco normativo existente.

La Inspección y Vigilancia como función constitucional del Presidente, delegada en el Ministro de Educación Nacional, está encaminada al deber de velar entre otros asuntos por la calidad de la Educación Superior, dentro del respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de aprendizaje, investigación y cátedra.

Precisamente, para establecer una política clara sobre el tema, el Gobierno Nacional dará a conocer un nuevo decreto que reglamenta el ejercicio de la Inspección y Vigilancia a la educación superior colombiana, lo que se constituye, además, en una respuesta concreta al propósito gubernamental de garantizarle a los estudiantes, los padres de familia y la sociedad en general, una educación superior responsable y de excelencia.

¿Cómo se hará la Inspección y Vigilancia?

La Inspección y Vigilancia a las IES se ha cumplido principalmente a raíz de quejas de la comunidad, muchas de las cuales originan procesos de investigación administrativa. Por eso se afirma que dos componentes básicos de la Inspección y Vigilancia son "las Investigaciones Administrativas" y la "Atención de Quejas". Ahora el gobierno realiza de oficio las visitas a través de un plan que ha denominado "Inspección Total" y que junto con los otros dos componentes mencionados, completan la política de Inspección y Vigilancia.

La política prevé metas ambiciosas pero realizables, así:

Las Investigaciones Administrativas tienen como meta que el ciento por ciento de las investigaciones en curso, estén concluidas antes del 31 diciembre de este año. Así mismo, prevé establecer un tiempo máximo de un (1) año por investigación para todas las que se iniciaron en 2001.

La Atención de Quejas se propone también atender el 100% de las quejas que se presenten ante el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, a través del siguiente proceso: verificar su validez, inspección (visitas), dar respuesta (resultados) y, si es del caso, actuaciones administrativas.

La tercera y última estrategia es el Programa "Inspección Total" y su objetivo es que antes de concluir el actual Gobierno todas las instituciones de educación superior del país hayan sido visitadas. Los temas objeto de verificación en estas visitas son los jurídicos, los académicos, los relacionados con infraestructura y dotación y los financieros.

Si como resultado de la visita la institución presenta deficiencias, se pueden dar las siguientes situaciones: visita de profundización; plan de mejoramiento; solicitud de investigación al MEN y ajustes en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES.

Entre las irregularidades más frecuentes que se presentan están: ofrecer programas académicos sin el debido registro ante el ICFES (programas ilegales), cobros pecuniarios no permitidos, jornadas diferentes a las ofrecidas, apertura de extensiones sin autorización o de seccionales sin registro y vinculación de docentes sin la formación profesional requerida o sin ofrecerles la remuneración mínima establecida.

Sanciones

Aquellas instituciones de educación superior que desconozcan, incumplan o se desvíen de los objetivos señalados a la educación superior y a ella como institución, que incumplan o entorpezcan las facultades de inspección y vigilancia que le corresponden al Gobierno Nacional o que ofrezcan programas sin el cumplimiento de las exigencias legales, pueden ser objeto de investigaciones administrativas que conlleven a la imposición de las sanciones establecidas por la Ley 30 de 1992. Estas sanciones son: Amonestación privada, amonestación pública, multas sucesivas hasta de 100 veces el salario mínimo legal mensual vigente en el país, la suspensión de programas académicos y de admisiones hasta por un año, la cancelación de los programas académicos, suspensión de la personería jurídica de la institución y cancelación de la personería jurídica de la institución.

Debe precisarse que sanciones como suspensión de programas, cancelación de programas, suspensión y cancelación de la personería jurídica se imponen, previo concepto de la Comisión Consultiva de Instituciones de Educación Superior.

Resultados de este año

Las investigaciones administrativas que se han realizado hasta el 15 de octubre, han arrojado los siguientes resultados:

• 35 investigaciones fueron concluidas (20 sancionadas y 13 archivadas).
• 14 instituciones fueron sancionadas por ofrecimiento de programas sin registro; lo cual condujo a la aplicación de 14 Pruebas de Estado.
• 5 investigaciones se encuentran en el Ministerio de Educación Nacional para decisión final.
• 3 solicitudes de apertura de investigaciones a IES.
• 35 investigaciones en curso se encuentran en el Icfes.

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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

• Estándares Mínimos de Calidad para los programas de pregrado y posgrado.
• El estímulo a la Acreditación Voluntaria de Programas y de Instituciones.
• La implantación de Exámenes de Calidad de la Educación Superior.
• Exigencia en las solicitudes de nuevas personerías y apertura de seccionales.
• Fortalecimiento gradual y cierto del Ministerio y del Icfes -para el cumplimiento de la función suprema de Inspección y Vigilancia.

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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA

Ley 30 de 1992

Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para cumplir funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país.

Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones.

Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo.

Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional.

Contribuir al desarrollo de los niveles educativos y promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación internacional.

Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación de sus homólogas a nivel internacional.

Promover la preservación de un medio ambiente sano así como conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.