El Estado tiene una responsabilidad irrenunciable en la prestación del servicio educativo. No en vano 78% de la matrícula en primaria y secundaria corresponde a instituciones de carácter oficial. Sin embargo, a pesar del compromiso creciente de los gobiernos con el sector, los avances en cobertura y calidad, no son los mejores ni los esperados. Ello condujo al Gobierno Nacional a plantear cambios institucionales en la educación pública, para que funcione mejor.

El Acto Legislativo 01 no sólo reconoció el costo actual de la educación como punto de partida del nuevo régimen de transferencias, y les aseguró a las entidades territoriales unos recursos crecientes, ciertos y estables, sino que incluyó una serie de criterios que permitirán que tengan un mayor impacto social. Ahora le tocó el turno al desarrollo de la reforma constitucional, y para ello se modificará la Ley 60 de 1993.

El proyecto de ley tiene como propósito fundamental enfocar la educación pública al servicio de los niños y niñas. Esta aseveración lejos de ser gaseosa, es profunda conceptualmente, porque apunta a superar las ineficacias del sector y a ser eficaces en la práctica del servicio. En momentos en que tenemos 2.500.000 niños y niñas por fuera del sistema educativo, no podemos resignarnos con menos. Para esto el proyecto plantea profundizar la descentralización, precisar las responsabilidades entre los niveles de gobierno, asignar mejor los recursos y dotar a las instituciones educativas de mejores herramientas.

Se trata de acercar la educación a los ciudadanos para que éstos la apropien. Lo que está en juego no es nada distinto a la educación de la inmensa mayoría de colombianos, de la cual depende el futuro de nuestro país. Tiene entonces el Congreso de la República una responsabilidad grande, que no da espera. Estoy seguro de que con el enriquecimiento que tendrá el proyecto, será una realidad antes de finalizar el año y se habrá iniciado entonces, una revolución educativa. Por el bien de la educación pública, de los estudiantes y del país.

Francisco José Lloreda Mera
Ministro de Educación Nacional