Apartes de la carta enviada por el Ministro de Educación Nacional a los miembros de la Comisión Primera del Senado, con ocasión del Acto Legislativo 012.

El Ministro de Hacienda le ha explicado al país las razones de tipo económico que justifican la iniciativa. Y ha sido claro al afirmar que no se recortará el monto actual que reciben las regiones, sin ocultar el propósito de tomar una parte del ahorro público que se podría generar en las entidades territoriales, de crecer sustancialmente la economía. Y ha alertado sobre las implicaciones que tendría para Colombia el que no se completara la estrategia de saneamiento de las finanzas públicas.

Me corresponde opinar sobre las críticas que algunos sectores han hecho con respecto de los efectos del proyecto en la educación, infundadas la mayoría. Se ha dicho que la educación pública quedará desfinanciada y que el gobierno busca privatizarla. Ninguna de estas aseveraciones es cierta. Cosa distinta es que deba funcionar mejor, y a ello contribuye ampliamente la reforma.

La educación no quedará desfinanciada. El punto de partida para la educación es favorable ya que reconocería, entre otras, el sobrecosto existente del situado fiscal y que este año bordeó el billón de pesos. Ello permitirá un borrón y cuenta nueva con las entidades territoriales, que atraviesan serias dificultades para cumplir sus obligaciones con los docentes y directivos. Ello significaría, según el Ministerio de Hacienda, el equivalente a 60% de la bolsa total, que crecería en términos reales durante el período de ajuste y transición.

Tampoco es cierto que el gobierno pretenda privatizar la educación oficial. El proyecto no contempla aspecto alguno que permita inferir esa afirmación. Por el contrario, le asegura recursos crecientes y estables a los departamentos y los municipios, para que atiendan el costo actual de la educación. Cosa distinta es que el proyecto establezca el marco de una reforma a la Ley 60 de 1993, para precisar las competencias de las entidades territoriales, asignar recursos bajo parámetros de equidad y eficiencia, y establecer mayores controles al gasto.

Ello no significa, claro está, que el sector no requiera de más recursos a futuro, pero en momentos como el actual, donde es fundamental sanear las finanzas públicas, debemos empezar por lograr mayor eficiencia. Sobre todo si aceptamos que la solución no está en seguir incrementando el costo del sector sin que ello signifique una ampliación significativa de cobertura y mejoría en la calidad.

Una cosa es limitar una expectativa de crecimiento de unas transferencias, que están ligadas a lo que ocurra con el saneamiento fiscal y otra, recortar el monto actual de los recursos transferidos, que no ocurre. Así lo han entendido los gobernadores y alcaldes con quienes el Ministro de Hacienda y el Director de Planeación construyeron un acuerdo, pensando en cómo armonizar el bien del país con el de las regiones; en cómo contribuir a la solución de la crisis fiscal, sin poner en riesgo lo social y la descentralización.

FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA
Ministro de Educación Nacional