El Acto Legislativo 012 no privatiza la educación. La educación pública es fundamental para el país. Cosa distinta es que deba funcionar cada vez mejor.

La Comisión Primera del Senado de la República aprobó, en primer debate de la segunda vuelta, el acto legislativo sobre el nuevo régimen de transferencias a los departamentos y municipios, considerado por el Gobierno como el proyecto bandera del Programa de Ajuste Fiscal.

"El Acto Legislativo No. 12 no es un mal negocio para la regiones, ni tampoco para la educación". De esta forma el Ministro de Educación Nacional, Francisco José Lloreda, se refirió al proyecto que cursa en el Congreso y que busca reformar el sistema de participaciones de las entidades territoriales. Entrevista.

¿Qué establece el Acto Legislativo?

Un mecanismo de estabilización a futuro para evitar caídas bruscas al continuar atadas las participaciones a los ingresos corrientes, y un período de transición en el que los recursos de las regiones crecerían en términos reales, por encima de la inflación y bajo unas reglas que han sido analizadas y acordadas con gobernadores y alcaldes.

¿Por qué la urgencia de aprobarlo?

La situación fiscal del país es insostenible. El gobierno se propuso impulsar las reformas de fondo que requiere el país para sanearlo, así sean impopulares. El Acto Legislativo permitiría tomar una parte del ahorro público que podrían recibir las regiones en caso de crecer sustancialmente la economía.

¿Qué pasa si no se aprueba?

El saneamiento quedaría incompleto, lo que seguramente resentiría la economía, retardando el crecimiento y la inversión social. Seguro tendría efectos nocivos sobre los ingresos corrientes y por ende en las transferencias. En otras palabras, la expectativa millonaria que algunos se han imaginado, no se daría.

¿Cómo afectaría esa decisión a la educación?

Contrario a lo que algunos señalan el Acto no estropea la educación y constituye una oportunidad única para poner orden en casa. Para organizar las plantas, introducir controles al gasto, asegurar un uso más eficiente de los recursos, precisar competencias entre entidades territoriales, y asignar con mayor equidad los recursos a transferir.

¿Es cierto que recorta las transferencias?

No es cierto. Se echó a correr la bola y muchos se lo creyeron. Los recursos que actualmente se transfieren no se recortan sino que se incrementan, en términos reales, durante el período de transición.

Pero se ha dicho que las disminuye a futuro...

Una cosa es recortar los recursos actuales, lo que no ocurre, y otra colocarle una limitación a una expectativa que se desprende de las proyecciones optimistas de crecimiento de la economía, que pueden darse o no darse. Y que seguro no se dan, de continuar el desbalance de las finanzas públicas.

¿Entonces cuál es el negocio para la nación?

La nación le apuesta a un crecimiento económico suficiente como para tomar una pequeña parte del ahorro público regional. Si no se da dicho crecimiento, le cumple a las regiones con lo establecido en la ley, y si se da por encima de las expectativas, ese dinero revierte a favor de las regiones.

¿Cómo le va a la educación con el proyecto?

Bien. El punto de partida reconoce el sobrecosto actual del sistema, incluido el del situado fiscal, que bordea el billón de pesos. Y el punto de llegada restablece la sociedad entre las regiones y la nación pero con un mecanismo de estabilización. Y la transición le asegura al sector unos recursos estables y crecientes, positivo para una etapa como la que se avecina, ideal para poner orden en la educación oficial.

¿Pero la educación necesita más recursos?

Nos preocupamos demasiado por los recursos que no tenemos y no por la forma como utilizamos los que tenemos. La Nación transfiere casi siete billones de pesos a educación básica y media, y la calidad y la cobertura no están como deberían estar. En el año 1991 el país destinaba a educación el 2.4% del PIB y hoy día el 4.4%, y ese aumento no lo vemos reflejado en una mejor educación.

¿Los planes de racionalización afectan la calidad?

No, si se implantan bien. No se trata de meter a los estudiantes en un salón como sardinas en lata, sino de aprovechar mejor los talentos docentes, para que más niñas y niños tengan acceso a la educación. En Cuba se masificó la educación incrementando el promedio de estudiantes a 40 por profesor; en Colombia aspiramos a llevarlo de 22 a 28 y luego a 31, y eso es lo que algunos consideran neoliberal.

¿De lograrse ese incremento que pasaría?

Si llegamos al promedio de 28 estudiantes por profesor le daríamos cabida a un millón de niñas y niños desescolarizados, y si llegamos a 31, ningún colombiano quedaría por fuera de la educación básica, como lo manda la Constitución.

¿Entonces por qué algunos se oponen?

No lo se. Lo que está haciendo el gobierno es cumpliendo la ley, y colocando la educación al servicio de los niños. No niego que es un proceso complejo pues implica el traslado de docentes y la fusión de grados, entre otras. Pero cada día, son más los maestros que ven las bondades de la política gubernamental.

¿Se le pondrá control al costo educativo?

Los gobernadores y alcaldes están muy preocupados por los costos educativos, en especial los asociados a la nómina. Ellos pidieron, como condición para apoyar el proyecto, colocarle un control.

¿Se va a reformar la Ley 60 de 1993?

Sí. El marco constitucional que establece el Acto Legislativo obliga a revisar la Ley 60 de 1993. No solo para desarrollar a plenitud el Sistema General de Participaciones, sino para precisar competencias entre los niveles de gobierno, y crear un mecanismo más equitativo para la asignación de los recursos públicos.

Por último, ¿el proyecto privatiza la educación?

No. Esa es una película que han armado para torpedear el acto. La educación pública es fundamental para el país. Cosa distinta es que deba funcionar cada vez mejor. Para llegarle a más colombianos con educación de calidad.

Gobernadores y alcaldes acuerdan ajustes

Los gobernadores y alcaldes del país, representados en la Federación Nacional de Gobernadores y en la Federación Nacional de Municipios, acordaron con el MInistro de Hacienda y el Director del Departamento Nacional de Planeación, ajustes importantes al proyecto, entre los cuales se resaltan:

En los próximos 4 años, las transferencias se incrementarán, con base en las de este año, según la inflación causada, más 2 puntos porcentuales. En los dos siguientes, sobre la inflación más 2,25 puntos. Y en el séptimo año, inflación más 2,5. Concluida la transición se regresará al régimen actual, pero con un mecanismo de estabilización.

Si la economía crece por encima de 4% durante el período de transición, los mayores ingresos que se generen por esa situación, se transferirán a los entes territoriales para gastos en inversión social.

En casos excepcionales la nación apoyará a los entes territoriales cuando no cuenten con recursos suficientes para educación y salud.

En los próximos 5 años, los gastos generales de la nación no podrán crecer por encima de la inflación más 1,5 porcentual. Adicionalmente y, por cada peso de ahorro en los gastos que produzcan los departamentos y municipios, el Gobierno deberá ahorrar otro tanto.

Se fijarán topes a los gastos en salud y educación, asociados a la nómina, a través de la reforma de la Ley 60/93. La medida está orientada a controlar la nómina, los incrementos salariales y los ascensos automáticos en el escalafón. Los aumentos en funcionamiento no podrán superar el porcentaje de crecimiento real para cada año.

Una vez finalizada la transición y se regrese al régimen actual, los departamentos y municipios tendrán derecho a recibir una parte de los aumentos en los tributos o los que se generen por la creación de nuevos.

Contrario a lo que algunos señalan el Acto no estropea la educación y constituye una oportunidad única para poner orden en casa.