Parecería que todo el problema de educación para un estudiante de pocos recursos económicos está resuelto.

A los cinco años inicia sus estudios en un colegio público, al que el Estado le paga su educación durante 12 años hasta que se gradúa de bachiller, en la mayoría de los casos recién cumplidos los 16.

Al final, el mismo Estado habrá invertido algo más de veinte millones de pesos de 2008 para graduarlo de bachiller; los padres habrán hecho un gran esfuerzo de apoyo para que el hijo logre este éxito, y el colegio y sus profesores también habrán aportado en gran medida para que el estudiante pueda coronar su bachillerato. Y, por supuesto, él o ella también se esforzó en alcanzar un objetivo que no es simplemente recibir un diploma que certifique sus estudios, sino obtener las competencias para que pueda ganarse la vida dignamente y mejorar sus condiciones de vida y las de su familia.

Hasta este momento todo parece marchar muy bien: los jóvenes que han querido y sabido aprovechar esta oportunidad son ahora bachilleres; sin duda un gran logro. (No es este el espacio para reflexionar sobre la calidad del bachiller, algunos muy buenos, otros no tanto, pero ahora es otro asunto).

Entonces el dilema que enfrenta el joven es de enorme trascendencia: ¿Qué debe hacer, o qué puede hacer? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Podría conseguir un empleo? ¿Podría continuar sus estudios? ¿Con qué recursos cuenta para ello? Estas y muchas otras preguntas le surgen al joven bachiller, que en este momento debe tomar una decisión, "para la mayoría, la más importante de su vida".

Reflexionemos primero sobre su vinculación al trabajo, bajo el supuesto de que fuera deseable su inicio en la vida laboral a tan temprana edad. Conseguir un empleo formal le va a resultar muy difícil, comenzando por su edad, y porque en la mayoría de los casos no va a estar capacitado para desempeñar un oficio. Quizás en el sector informal podría encontrar un empleo, mal pago y que no colma sus aspiraciones. La Libreta Militar es otra dificultad para conseguir un trabajo formal, y además la mayor parte de ellos no tienen la edad suficiente para prestar el servicio militar. De esta manera, la posibilidad de trabajar no es, en ese momento, una opción válida para la mayoría de los bachilleres recién graduados.

Otra posibilidad para el recién graduado, sin duda la más deseada, sería continuar sus estudios en una institución del Estado, ya fuera técnica o universitaria, sin costo para él. Podría ingresar al SENA para adelantar su formación en un oficio como técnico o tecnólogo, algo que de hecho muchos hacen. Sin embargo, la oferta es inferior a la demanda y un porcentaje importante se queda sin cupo. Ingresar a las universidades estatales también es posible, pero allí la situación de cupos es aún más difícil. Y ahí puede surgir el problema de la calidad de sus estudios.

En ambos casos, el SENA o la universidad, está el problema económico, porque aunque sus estudios no le cuesten, tendrá otros gastos relacionados como transporte, libros, fotocopias, etc., y los gastos de sostenimiento que continuarán siendo asumidos por la familia que, a estas alturas, está esperando liberarse de una obligación.

Habrá muchos estudiantes que logren seguir sus estudios; pero un porcentaje, que siempre parecerá alto, no tendrá esa oportunidad y es, sin duda, el grupo que más preocupación despierta, porque podrá ser presa fácil de la delincuencia, el narcotráfico, el contrabando y el reclutamiento por parte de grupos armados.

No cabe duda de que las autoridades educativas del país conocen bien este problema, les preocupa y han venido trabajando en solucionarlo; también algunas instituciones del sector privado hacen lo propio en la medida de sus posibilidades, pero los recursos necesarios para dar una solución completa son muy altos y se requiere un gran esfuerzo coordinado de todos los sectores.

La nueva normatividad que permite la creación de instituciones de formación para el trabajo es muy positiva, aunque se está todavía en el inicio de la curva de aprendizaje. Pareciera que la solución más clara es invertir en centros de capacitación técnica y tecnológica, solución de largo plazo pues, de corto, no se ve.

Para lograr una salida integral se necesita la labor conjunta de los sectores empresarial y educativo y, naturalmente, del Estado.

(*) Rector de la Alianza Educativa, encargada del manejo de varios colegios en concesión en Bogotá y otras zonas del país.