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Actualizado: 13 de julio de 2023

Una nueva ley de educación superior debe hablarle al campo y aportarle al desarrollo económico rural del oriente colombiano, solo así se podrá construir la paz en una región afectada por la violencia.

Asamblea popular por la educación superior en Ocaña, Norte de Santander

Ocaña (Norte de Santander), 13 de julio de 2023. Avanzan las asambleas populares de jóvenes en todas las regiones del país, acompañadas por el Ministerio de Educación, la Consejería Presidencial para la Juventud y los designados de la Presidencia de la República a los Consejos Superiores Universitarios. En esta ocasión cerca de 300 estudiantes y jóvenes de diferentes colectivos de la región oriental (Santanderes y Magdalena Medio) se dieron cita en la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Ocaña, para hacer aportes al proyecto de ley que reformará la educación superior en Colombia.

En nueve mesas de trabajo, jóvenes estudiantes, LGBTIQ+, campesinos y afrodescendientes discutieron los temas que deben hacer parte de la reforma a la Ley 30 de 1992. Los participantes destacaron la importancia de estos espacios de debate descentralizados y el hecho de que el Gobierno Nacional los esté escuchando y tenga la disposición de construir un proyecto de manera participativa.

Al respecto, Jeferson Rojas, enlace territorial de la Consejería Presidencial para la Juventud, afirmó que "ahora los estudiantes no tienen que marchar a Bogotá porque el Gobierno está escuchándolos en las regiones". En este mismo sentido, Cindy Castellanos, designada presidencial ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Pamplona, dijo que "las necesidades de cada territorio son únicas. No podemos hacer una reforma desde Bogotá, como tradicionalmente se ha hecho, sino que tenemos que irnos a las regiones para conocer esas necesidades".

Los participantes hicieron especial énfasis en la importancia de incluir sectores tradicionalmente excluidos como las personas LGBTIQ+ y discapacitados físicos. "Debe ser más inclusiva. No solo debe tener en cuenta a las personas LGBTIQ+ sino a las que tienen discapacidad auditiva o motriz. En el caso de nuestra comunidad, la reforma debe abordar temas como las violencias basadas en género, porque por ser gays o trans nos excluyen de la educación o permanecer en ella es muy difícil porque nos hacen bullying", dice Óscar Andrés Velásquez, miembro del Colectivo Magdalena Diversa.

Los jóvenes también hicieron énfasis en el aporte de la reforma al desarrollo rural y a la construcción de paz en las regiones. Para ellos, el conocimiento debe dialogar con los saberes del campo y ayudar a cerrar la brecha entre el sector rural y urbano, así mismo debe estar enfocada en fortalecer el aparato productivo del campo. Adriana Pinto, lideresa campesina de Lebrija, Santander, afirmó que "la reforma no se debe olvidar de la educación rural, para que los jóvenes campesinos sigamos trabajando en el campo, y no nos vayamos a la ciudad. De nuestro trabajo en el campo depende la seguridad alimentaria del país".

El Ministerio de Educación considera que los aportes de los jóvenes de los Santanderes y del Magdalena Medio a la reforma de la Ley 30 de 1992 contribuyen a fortalecer la educación en estos territorios que han sido azotados por la violencia y a promover la paz. "Estamos escuchando a los jóvenes del oriente del país, una región en la que la transformación de la educación contribuirá a la construcción de paz. Queremos una educación superior que reconozca las diversidades y las diferentes formas de conocimiento que hay en el país", afirmó Eliana Mendieta, subdirectora de Apoyo a la Gestión de las IES del Ministerio.

Asamblea popular por la educación superior en Ocaña, Norte de Santander

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