Fecha de publicación:Domingo, 29 de Enero de 2012
Medio que publica:El Colombiano de Medellín
Sección:Nación / Nacional
Género periodístico:Reportaje
Autoría:Firmada por el periodista
Mujeres, denuncien que hay garantías

Colombia
Internet
Paula Colorado

En Colombia cada cinco días una mujer es asesinada por su pareja. Falta de garantías por parte del Estado obligaba a las que querían denunciar a aguantar maltratos. Ahora con la reglamentación, en cuatro decretos de la Ley 1257, el Gobierno Nacional las protege.

Algunas viven muy lejos del casco urbano y les queda tan difícil ir a denunciar que siguen expuestas a que en medio de abusos y golpizas puedan hasta perder la vida.

Otras tienen temor de que al denunciar sean aun más agredidas, y las restantes estaban a la espera de más apoyo por parte de las autoridades competentes. Ahora que fueron reglamentados cuatro decretos de la Ley 1257 de 2008, ellas tendrán más garantías en caso de querer denunciar.

Atención al Sistema General de Seguridad Social en Salud, medidas judiciales en contra de los agresores y más oportunidades educativas y de trabajo para evitar la dependencia económica de las mujeres, son las promesas de estos cuatro decretos.

Y es que en lo que va de 2012 la situación de las mujeres colombianas está en alerta roja y necesita de atención urgente. Según cifras de el Instituto Nacional de Medicina Legal entre noviembre de 2011 y enero de 2012, fueron registradas 16.785 mujeres como golpeadas por sus compañeros sentimentales, de las cuales, 31 murieron antes de poder denunciar.

Según Cristina Plazas, alta consejera para la Equidad de la Mujer, este es un paso muy importante en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres "porque nos enfocamos en la prevención de cualquier tipo de violencia en ámbitos como la escuela y el trabajo".

Lina Marcela Estrada Jaramillo, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, resalta, desde la creación de la ley 1257 en 2008, su importancia en la normatividad del país.

Sin embargo, Estrada jaramillo insiste en el mismo punto que desarrolló durante el último foro sobre una vida libre de violencia para las mujeres en Medellín: "no podemos creer siempre en la eficacia simbólica del derecho a través de una ley, se necesitan acciones políticas públicas para que puedan operar estas leyes".

En el ámbito departamental, Antioquia es uno de los departamentos que según Rocío Pineda, secretaria de Equidad de Género de la Gobernación de Sergio Fajardo Valderrama, más celebra la nueva reglamentación.

Pineda resalta además, que en el departamento se reforzarán las funciones de las comisarías de familia, se realizarán más campañas de prevención y se intentará llegar a los lugares más alejados del casco urbano.

La alta consejera Plazas, anuncia que "el gran reto y mi compromiso personal, es velar porque en todos los municipios de Colombia se cumpla con lo aquí establecido (en los cuatro decretos reglamentados).

En salud se abre el debate

Según El Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, una de las acciones que se desarrollarán a través de su cartera es que no sólo sean las víctimas quienes puedan denunciar sino también, que las Comisarías de Familia, la Fiscalía de oficio e incluso el personal médico, lo puedan hacer.

A propósito de lo manifestado por Esguerra, la senadora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, asegura que lo médicos no pueden denunciar porque incurrirían en la violación del secreto profesional.

Toro indica que lo primero que se debe hacer es declarar la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública "así los médicos podremos notificar los casos en un formulario especial, que luego irá a la vigilancia epidemiológica de la Secretaria de Salud".

Francisco Tranaja, especialista en medicina legal, dice que el médico puede sugerir a la mujer que haga la denuncia "porque entre nuestras funciones no está denunciar". Además indica que toda institución de salud está en la obligación de informar a las autoridades los casos de agresión que se presenten en ellas.

Sin embargo, el médico indica que pese a que las autoridades tienen acceso a estos reportes actúan con negligencia y "no hacen nada".

Sobre esto la senadora Toro, quien además hace parte de las defensoras de la mujer en el Congreso de la República afirma que "debe haber un convenio entre la Secretaría de Salud y la Justicia, para beneficio de la mujer".

Por su parte La Secretaría de Equidad de la Mujer, resalta que en este momento Se está trabajando en un proyecto de sensibilización con los operadores de salud para que sepan cómo abordar estos casos de agresión.

Se espera que para el 20 de febrero se tengan listos los protocolos que definen la relación entre los sectores de salud y justicia.

Más apoyo en zonas rurales

Según La Iniciativa de mujeres colombianas por la paz (IMP), una organización que apoya a más de 450 mujeres víctimas de la violencia en Colombia, la población rural es la que más atención requiere.

Yolanda Montaña Salinas, representante de la IMP en la región Pacífica, resalta que por su ubicación "las mujeres rurales no logran llegar a tiempo a una oficina o consultorio de medicina legal para que el médico pueda comprobar, por ejemplo, que han sido violadas".

Además, la senadora Toro admite que "muchas veces las mujeres van donde el inspector para denunciar y nadie sabe cuál es la ruta a seguir en caso de maltrato".

Toro indica, que la nueva reglamentación obliga a los gobiernos municipales a darles a las mujeres herramientas para que denuncien.

Así funcionarán algunas medidas de los cuatro decretos

Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud y Protección Social, a la cabeza de Beatriz Londoño Soto, manifiesta que es necesario adoptar medidas para la detección, prevención y atención de violencia contra la mujer, a través de los servicios que garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Estas son algunas de las nuevas garantías:

Prestar servicios de habitación, alimentación y transporte, cuando las autoridades competentes determinen que es necesario para proteger la vida e integridad de la mujer.

En caso de que la víctima no esté afiliada al régimen de salud, las instituciones que integran el Sistema General de Seguridad Social deben informar a las alcaldías distritales o municipales para que se ordene su afiliación inmediata. El Ministerio tendrá un año para actualizar las guías para la atención.

Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, manifiesta que el nuevo decreto tiene por objeto reglamentar las competencias de Comisarías de Familia, Fiscalía General de la Nación, Jueces Civiles Municipales, Promiscuos Municipales y de Control de Garantías, para garantizar a las mujeres mecanismos y recursos para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer.

Las nuevas medidas incluyen desalojar de la casa al agresor, no permitir que se acerque a la víctima y acompañamiento constante de la Policía. Además, se deberá respetar el derecho de la mujer a no ser confrontada con el victimario.

En cuanto a violencia diferente a la intrafamiliar, la víctima debe ser remitida a cualquier entidad pública que pueda proteger no solo su vida, sino su integridad.

Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación, a cargo de María Fernanda Campo, establece con su respectivo decreto la obligación en torno a identificación, denuncia, prevención y atención de situaciones de violencia contra la mujer por parte de todas las entidades territoriales certificadas en educación y los establecimientos educativos.

Además, será el encargado de orientar estrategias para sensibilizar a la población sobre la problemática de la violencia contra las mujeres.

Este Ministerio velará porque los funcionarios del Estado se formen en el contenido de la Ley 1257, para que brinden una atención oportuna y eficiente a las víctimas.

Otro factor fundamental es que ofrecerá herramientas para la autonomía de la mujer, promoviendo programas de educación que por lo general no son para las mujeres.

Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo, encabezado por Rafael Pardo Rueda, define a partir de la reglamentación del decreto acciones de Gobierno para promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, con el propósito de garantizar protección de sus derechos.

La primera medida a seguir es crear el Programa de Equidad laboral con Enfoque Diferencial y de Género para las Mujeres.

Además, incluirá dentro de la categoría de riesgo profesional, el daño generado por acoso sexual y otras formas de vulneración en el ámbito laboral.

Insistirá también, en que tanto empresas públicas como privadas conozcan las normas, mecanismos, beneficios y sanciones que protegen a la población femenina. Aquí es importante tener en cuenta la promoción de la mujer para cargos administrativos.

Antecedentes

Los más afectados durante 2011

En las principales ciudades del país fue donde más se sufrió durante el año pasado la violencia contra las mujeres, sin embargo las cifras que registra el Instituto Colombiano de Medicina legal, solo da cuenta de los caso denunciados, los demás continúan en desconocimiento de las autoridades.

En Bogotá la población femenina denunció 10.519 casos de maltrato entre enero y noviembre de 2011.

Por su parte el Valle del Cauca reportó 4.006, de los cuales 21.018 correspondieron al primer semestre del año pasado

En Antioquia la situación no fue distinta. Lesiones no fatales durante el último semestre de 2011 sumaron 4.801 casos.

En el caso puntual de Medellín durante el 2011 se presentó el feminicidio como una problemática principal. Aranjuez, La Candelaria y San Javier fueron las zonas de la ciudad más afectadas.

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