Fecha de publicación:Domingo, 20 de Noviembre de 2011
Medio que publica:El Colombiano de Medellín
Sección:Columnas opinión
Género periodístico:Opinión
Autoría:Columnista
La educación, un privilegio de unos cuantos ministros... Por Óscar Tulio Lizcano

Opinión
Internet
Óscar Tulio Lizcano

Las protestas por el proyecto de reforma a la Ley 30 alcanzaron su clímax. En medio de ellas una grave denuncia pasó inadvertida: el Ministerio de Minas habría gastado más de 30 mil millones de pesos en beneficios educativos para los hijos de altos funcionarios de esta cartera. Al parecer al exministro Carlos Rodado Noriega le desembolsaron en un año 40 millones de pesos para financiar el bachillerato y la universidad de dos de sus hijos. La actual viceministra, Silvana Giaimo, recibió igual monto.

Los ministros anteriores y hasta uno de los empresarios más prósperos del país, dueño de la empresa de baterías MAC, recibieron considerables montos. Armando Zambrano dejó la dirección de la Agencia Nacional de Hidrocarburos por el escándalo que incluía en el presupuesto de la entidad más de 150 millones de pesos para la educación de sus hijos. En fin, se supo de por los menos 5 mil millones de pesos destinados por esta entidad estatal a pagar clases en colegios de estrato 6.

Ecopetrol no ha revelado a cuánto ascienden los miles de millones que se gastan los directivos para auxiliar la educación de sus hijos. Para no padecer un escándalo, la empresa dijo, descaradamente, que era información reservada. Esta aberrante y soterrada situación sucede mientras se habla del déficit público de las universidades.

Uno de los lunares del proyecto que pretendía reformar la Ley 30, era que sutilmente planteaba que los pobres sólo podían acceder a formación técnica y tecnológica. Esto, mientras los estratos 5 y 6 se dan el lujo de que el Estado les regale la educación a sus hijos, en un país en donde uno de cada dos estudiantes universitarios tiene que desertar por dificultades económicas.

Lo gritaban los estudiantes en sus marchas: "nosotros los de bajos estratos, cinco años estudiando y quince pagando". Y es que si se tiene para pagar la matrícula, no se tiene plata para la manutención. De lograrse una asistencia integral, evitando que los estudiantes de estratos medios y bajos crucen la puerta de la deserción, se logrará la verdadera cobertura.

Durante los últimos cinco años, la deserción en la educación superior fue del 45 por ciento, que corresponde a hogares con ingresos de 1 a 2 salarios mínimos. Pagar una matrícula de 4 millones de pesos en la universidad, implicaría tragarse el 65 por ciento del ingreso de toda la familia en un año. Entonces, no hay otro camino que el crédito. El 97 por ciento de los créditos son para jóvenes de familias con uno a dos salarios mínimos.

Pero el contexto educativo es aún más grave. Quizás no son los estudiantes universitarios los que deberían estar protestando, sino los padres de familia, cuyos hijos cursan primaria o bachillerato. Según los resultados de las pruebas Saber, de los 500 mejores colegios del país solo hay 19 públicos, el primero está en el puesto 67.

"Medellín la más educada" -famosa frase de batalla de Sergio Fajardo-, no aparece en los 20 primeros puestos del listado. En cambio es superada por municipios como Sopó, Cajicá y Floridablanca. En los colegios públicos no aparece ningún municipio de Antioquia en los 100 primeros puestos.

Así que la discusión sobre la educación parece ser más profunda. Y no hay que olvidar que ésta debe ser patrimonio de todos y no un privilegio de unos cuantos, como está sucediendo en las empresas del Estado. Estado que patrocina la segregación social.

Uno de los indicadores para medir la desigualdad es la educación. Sin educación de calidad no hay oportunidades de acceder a un empleo y de ascenso social.

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