Fecha de publicación:Viernes, 13 de Agosto de 2010
Medio que publica:Otros
Sección:Política
Género periodístico:Reportaje
Autoría:Firmada por el periodista
Por desacato, Gobernador y secretaria de Educación a la cárcel

El Frente
Política
Internet
Juvenal Bolívar Vega

Los diputados de Santander reaccionaron frente a la sentencia proferida por un Juzgado de Bucaramanga y advirtieron que no hay lugar para la sanción.

De nada valen los esfuerzos presupuestales que ha hecho el gobierno departamental en materia de calidad, cobertura e infraestructura educativa y los reconocimientos que ha obtenido la Secretaría de Educación de Santander -que la ubican como la primera a nivel nacional- a la hora de proferir un fallo judicial.
Una sentencia emitida el pasado 3 de agosto por la Juez Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, determinó sancionar con arresto de tres días, tanto al Gobernador Horacio Serpa como a su secretaria de Educación, Laura Cristina Gómez Ocampo, por desacato a una tutela interpuesta por la Personera del municipio de Suratá, Lisset Mujica Rincón.

La medida de la Juez Martha Inés Muñoz Hernández, es clara, además del arresto, que deberá cumplirse en las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de la ciudad de Bucaramanga, tanto Serpa como la señora Ocampo, tendrán que pagar dos salarios mínimos mensuales legales vigentes como multa.

La tutela, que fue instaurada el 22 de febrero y cuyo fallo fue proferido el 4 de marzo del presente año, reclama el nombramiento de un docente para el colegio San Isidro de Cachirí, del municipio de Suratá, para el área de matemáticas en el grado décimo.

Este reclamo no obtuvo respuesta favorable por parte del gobierno departamental, tras considerar que -según la normatividad establecida por el Ministerio de Educación Nacional- al plantel educativo no se le pueden hacer más nombramientos de profesores por el escaso número de estudiantes que tiene matriculados.

"Con tutelas o sin ellas, estamos cumpliendo"

Para la secretaria de Educación, Laura Cristina Gómez Ocampo - quien actualmente trabaja en un documento que presentará ante instancias judiciales superiores a fin de lograr que el fallo por desacato quede sin piso- dijo que su despacho lo único que ha hecho es basarse en el direccionamiento y las autorizaciones que hace, sobre nombramiento de plazas docentes, el gobierno nacional.

"Si me autorizan un número especifico de docentes para cada escuela o colegio, lo que puedo hacer es cumplir o de lo contrario estaría prevaricando y en este gobierno, somos responsables de las normas y es lo que queremos demostrar ante los estrados judiciales, que simplemente estamos siguiendo una política establecida", precisó la funcionaria.

La señora Gómez Ocampo no ocultó su preocupación por la decisión judicial, pero expuso que aunque ha tenido todo tipo de problemas para enviar docentes a zonas apartadas por el desinterés de los mismos profesores de llegar hasta la escuela a la que se le asignó, en la actualidad el cupo establecido de docentes para Santander está completo.

A su turno, el gobernador Horacio Serpa, al consultársele sobre el fallo judicial, que lo sanciona con tres días de arresto, dijo que "somos respetuosos de la justicia y acataremos la sentencia, pero debo decir con mucha fuerza, que este gobierno, con tutelas o sin ellas, le está cumpliendo a la educación".

Una tutela que terminó en un fallo por desacato

Desde que se instauró la tutela, el 22 de febrero de 2010, cuyo objeto es la exigencia del nombramiento de un docente para matemáticas para el recién creado grado décimo del colegio San Isidro, la gobernación de Santander, a través de la secretaria de Educación han intentado sustentar su negativa de aumentar el número de docentes en es plantel.

Fue así, como el 28 de febrero, esa instancia dio respuesta a la tutela indicando la improcedencia de la apertura del grado décimo en consideración de una pre-matricula de solo 8 estudiantes y que el Ministerio de Educación exige como mínimo 25, además de que la obligatoriedad constitucional de la prestación de servicio educativo es hasta el noveno grado.

Sin embargo, el 4 de marzo la Juez decide en contra de la gobernación de Santander y ordena que dentro de las 48 horas siguientes ésta debe solucionar en forma integral la vulneración del derecho a la educación de los menores que quieren ingresar a los grados 10 y 11, procediendo a aprobar e implementar los respectivos cursos designando los docentes que se consideren necesarios para saciar la demanda educativa.

En dos oficios posteriores, (del 3 y del 20 de mayo) la secretaría de Educación intentó justificar la improcedencia de la orden judicial. Durante esos días, se dio el nombramiento de Martha Cecilia Puerto Pinilla, licenciada en ciencias naturales, con lo cual la planta de docentes sería la requerida para atender la totalidad de los grados escolares, hasta el grado 10.

En respuesta del despacho educativo, del 14 de julio, se precisan las acciones realizadas y la forma como queda reorganizado el establecimiento educativo.

Finalmente, el pasado 3 de agosto la Juez determinó sancionar con arresto de tres días, tanto al Gobernador como a la secretaria de Educación, por desacato a la tutela.

Reacciones de los diputados

Darío Vásquez Rocha (Foto 4)

Diputado Conservador

"Podemos apreciar muy claramente que si hay alguna responsabilidad, esta es del Ministerio de Educación, porque la Secretaría solo cumple con lo que allí se establece (...) la comunidad tiene derecho a reclamar, pero las instancias judiciales deben saber evaluar la situación".

Nelson Naranjo Cabarique

Diputado Liberal

"La Secretaría de Educación solo cumple con lo estipulado dentro de las normas que establece el gobierno nacional y no puede hacer cosa diferente, porque podría prevaricar y en el caso de nombrar maestros sin autorización podría incurrir en daño fiscal"

Gilberto Tirado Pardo

Diputado PIN

"En lo que concierne al servicio educativo es el estado el que debe solucionar y dar las orientaciones a los entes territoriales y es claro las falencias existentes y lo que aconteció con e fallo de tutela, obliga a una revisión al sistema educativo nacional".

José Nelson Franco

Diputado Liberal

"Nos solidarizamos con el Gobernador y con la Secretaria de Educación, entendemos que su deber es cumplir con las disposiciones del gobierno central y así lo han hecho y no se puede estar nombrando maestros si no se cumple con los parámetros establecidos".

Tutela, Horacio Serpa, Por desacato, Gobernador y secretaria de Educación a la cárcel