Declaración conjunta de los Consejos Superior y Académico de Univalle

viernes, 31 de agosto de 2007

Los Consejos Superior y Académico de la Universidad del Valle expresan su sentimiento de rechazo y pesar por la muerte violenta de la estudiante de la Universidad Katherine Soto Ospina. Como se informó en el comunicado de la Rectoría expedido el pasado 4 de agosto, el señor Comandante de la Tercera Brigada informó directamente al Rector que el Ejército Nacional consideraba que en el caso de la estudiante Katherine Soto Ospina, muerta en desarrollo de una operación militar en San Cipriano zona turística de Buenaventura el 3 de Agosto, y del señor Rolando Quintero Ramírez, quien hasta hace dos años fue estudiante de la Universidad, herido en el operativo, se había tratado de un error producido por las cir cunstancias del lugar y la hora, que el Ejército aceptaba las responsabilidades que se derivaran de un hecho cuya ocurrencia lamentaba y que él personalmente expresaría esas consideraciones, junto con sus condolencias, a la familias de Katherine y Rolando. La Tercera Brigada en comunicado público admitió que la muerte de Katherine Soto fue un error cometido en desarrollo de una operación militar.

Sobre la base de ese reconocimiento la Rectoría solicitó a la Procuraduría General de la Nación abordar el conocimiento de la investigación disciplinaria de modo preferente y a la Fiscalía General de la Nación el conocimiento de la investigación penal, de modo que sean organismos independientes del Ejército Nacional los que establezcan la responsabilidad individual de lo sucedido. Tal reconocimiento institucional de responsabilidad debe hacer expedito el proceso de responsabilidad civil y la conse cuente indemnización por parte del Ejército Nacional a las familias de las víctimas.

Con motivo de este lamentable suceso, los Consejos Superior y Académico, interpretando el sentimiento de toda la Comunidad Universitaria, consideran de la mayor importancia llamar la atención de la sociedad y en particular de los organismos encargados de la administración de justicia, sobre la urgencia de que se produzcan resultados sobre ésta investigación, así como también sobre las que se adelantan por la muerte de los estudiantes de la Universidad del Valle, Johnny Silva, William Ortiz y Julián Hurtado, todos ellos muertos violentamente en diferentes circunstancias en los últimos dos años.

Corresponde a los organismos judiciales establecer las responsabilidades penales y civiles por esos actos que han llenado de luto a la Comunidad Universitaria y donde la ausencia de una verdad judicial y del estable cimiento de una responsabilidad sobre lo sucedido, crean un clima de inseguridad y zozobra entre sus miembros. Igual efecto producen las continuas amenazas contra dirigentes profesorales, estudiantiles y directivos de la Universidad. Actos como el asesinato de la profesora Barbara Inés Bohórquez, mientras dictaba clase en la sede de la Universidad en Buenaventura, muestran hasta donde la violencia irrespeta los claustros universitarios. Lo ocurrido el pasado Jueves 23 a dos profesores de la Universidad Nacional, que resultaron heridos, merece también el rechazo de toda la ciudadanía.

El respeto por los derechos humanos y en especial por la vida y la integridad de los ciudadanos debe tener la más alta prioridad en la conciencia de los colombianos y en la reacción pública contra su violación, más aun en el espacio libre y crítico de la universidad pública.

La Universidad del Valle reconoce la competencia de los distintos organismos del Estado para manejar estos procesos, pero al mismo tiempo espera de ellos la diligencia que la gravedad de estos hechos exige.

Declaración conjunta de los Consejos Superior y Académico de Univalle
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