Las instituciones de educación superior son formas organizadas de actividad social que orientan y dan sentido a las acciones realizadas por individuos o grupos humanos dentro de ellas, desde ellas y hacia ellas. Las estructuras y sistemas de reglas que las constituyen van evolucionando para responder a finalidades sociales relacionadas con la formación de nivel superior y con necesidades humanas y sociales que pueden ser atendidas o estudiadas a través de la acción profesional y de la investigación.

Las normas o pautas de acción que se siguen dentro de las instituciones de educación superior no se refieren solamente a disposiciones escritas, sino también a ideas y concepciones, a modos activos de vida, a la atmósfera dentro de la cual se trabaja y a modos de relación y reconocimiento que determinan formas de identidad y visibilidad.

La institución no tiene sólo una existencia formal; se realiza en una organización concreta con un significado social expresable y, como ya se ha dicho, en una misión y en un proyecto institucional. Dado que las acciones concretas no necesariamente corresponden a las que idealmente deben conducir al cumplimiento de los fines compartidos por la comunidad, es necesario distinguir entre funciones e interacciones formalmente establecidas y las acciones y relaciones concretas que se dan en la vida de la institución.

Como organizaciones, las instituciones requieren recursos para realizar las acciones y establecer las relaciones que les permiten existir y desarrollarse de acuerdo con la filosofía que las orienta. Las organizaciones crean ámbitos de trabajo y sistemas de legitimación y aplicación de las normas o pautas que las rigen y de manejo de las tensiones que se generan en su interior. Las instituciones transforman los contextos sociales y materiales en los cuales se instalan.

La evaluación institucional supone el examen integral de la organización entera: abarca la misión y el proyecto institucional; la comunidad académica (estudiantes, profesores e investigadores); los procesos académicos (docencia, investigación, extensión o proyección social); el bienestar institucional; la pertinencia y el impacto social; los procesos de autoevaluación y autorregulación; la organización, la administración y la gestión; la planta física y los recursos de apoyo académico; los recursos financieros.

Para cada objeto de análisis, la evaluación deberá ser estructural y así tener en cuenta las relaciones con los otros objetos y con la institución como un todo. A manera de ejemplo, si el componente por evaluar es la investigación, ésta será apreciada atendiendo a su naturaleza, a los campos y áreas atendidos, a la pertinencia de las líneas o áreas en las que se realiza en relación con las necesidades del contexto; a la efectividad y naturaleza del impacto de sus productos, a su consistencia con la misión y proyecto institucional, a las competencias de los investigadores y auxiliares, a los programas de formación de investigadores, a la relación de estos con grupos externos de investigadores, al ambiente de trabajo dentro del cual se realiza, a su organización y gestión, y a los recursos internos y externos de que dispone. Es claro, por ejemplo, que la evaluación de las relaciones con el medio y con otros grupos de investigación podría conducir al replanteamiento de los recursos institucionales y del personal de investigación, y que la evaluación de los productos y el impacto podría hacer que se replanteen los procesos, los recursos e incluso las orientaciones. Es posible encontrar conexiones análogas a propósito de cualquier otro aspecto fundamental de la vida institucional que sea objeto de evaluación.

El otorgamiento de la acreditación institucional, cuando ésta se produjere, será el resultado de la evaluación de la institución como un todo, considerando el conjunto de los elementos que la constituyen y las relaciones entre ellos y atendiendo al modo como se comprenden las necesidades sociales y se responde a ellas.