La evaluación de la calidad correspondiente a la acreditación institucional se centra en el cumplimiento de los objetivos de la educación superior que incluyen naturalmente, como elementos universales, la formación integral, la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento y la contribución a la formación de profesionales y consolidación de las comunidades académicas. Se centra, además, en el logro de los postulados de las misiones y proyectos institucionales y en la pertinencia social, cultural y pedagógica de esas misiones y proyectos; además, atiende a la manera como la institución afronta el cumplimiento de sus funciones básicas en los distintos campos de acción de la educación superior, al clima institucional, a los recursos con que cuenta y a su desempeño global. Cuando se habla de instituciones resulta necesario enfatizar el vínculo entre pertinencia y calidad: a la exigencia académica sobre la calidad de los programas, que también resulta ser esencial cuando se juzga sobre la institución como un todo, se añade, en este caso, una exigencia particular relacionada con su papel social.

La Ley 30 de 1992, mediante la cual se organizó la educación superior, define unos objetivos generales para las instituciones educativas de este nivel. Tales instituciones pueden ser públicas o privadas.

Las instituciones de educación superior, según esta Ley, deben profundizar en la formación integral de los colombianos, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país; deben trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y promover su utilización en todos los campos para contribuir a señalar y solucionar las necesidades del país; deben prestar a la comunidad un servicio con calidad; deben ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético en el ámbito nacional y regional; deben actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas y contribuir al desarrollo de los niveles educativos que preceden a la educación superior; deben promover la unidad nacional, el desarrollo y la integración regional y la cooperación institucional, con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades; deben promover la formación y consolidación de comunidades académicas nacionales y su articulación con sus homólogos en el ámbito internacional; deben promover la preservación de un medio ambiente sano y deben conservar y fomentar el patrimonio natural y cultural del país.

Aunque la creación de conocimientos no pueda asimilarse siempre a la investigación en sentido estricto, la necesidad de formar personas creativas, capaces de asumir los retos derivados de la rápida transformación social y material contemporánea y de consolidar comunidades capaces de promover el desarrollo de los distintos campos, pone en evidencia la importancia social de la producción de conocimientos en todos los campos y en todos los niveles de la educación superior.

El vínculo entre la institución y su contexto no se expresa sólo en la necesidad de que a través de la formación, la investigación y la proyección social se presten servicios de calidad a las distintas comunidades; la institución debe contribuir también al desarrollo científico, cultural, económico, político y ético de las regiones y también del país.

Las posibilidades de desarrollo de una institución dependen en buena medida de los nexos que logre establecer con otras instituciones del medio nacional y del exterior con las cuales pueda emprender proyectos conjuntos en los terrenos de la formación, la investigación y la proyección social. Del mismo modo, las instituciones de educación superior deben realizar esfuerzos conjuntos para apoyar el mejoramiento cualitativo de la educación básica y media. Por ello, cuando se piensa en la acreditación institucional, es importante tener en cuenta los vínculos entre la institución y otras de su mismo nivel en el ámbito nacional e internacional y su aporte al desarrollo de los niveles educativos que le preceden.

Como se señaló en los Lineamientos para la Acreditación, la educación superior debe ser un espacio de búsqueda y transmisión de conocimiento en un ambiente de convivencia, de paz y de libertad, en un clima democrático, participativo y pluralista; debe ser factor esencial para el desarrollo integral de los colombianos y debe contribuir a la soberanía y al logro de la unidad nacional, a la protección de su diversidad natural y cultural y de su patrimonio simbólico, a construir una actitud consciente para la preservación del medio ambiente y a afianzar entre los ciudadanos el respeto a la dignidad humana y la vigencia plena de los derechos humanos.

La calidad está determinada por la universalidad, la integridad, la equidad, la idoneidad, la responsabilidad, la coherencia, la transparencia, la pertinencia, la eficacia y la eficiencia con que la institución cumple con las grandes tareas de la educación superior y se expresa, como se ha dicho, en un conjunto de aspectos que permiten reconocer si se cumplen o no las condiciones para la acreditación institucional.

Según la Ley de Educación Superior, la calidad hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del servicio prestado y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.

En el juicio sobre la calidad resulta esencial la reflexión permanente e informada sobre los rasgos básicos del proyecto de sociedad propuesto por la Constitución Política de Colombia y sobre la coherencia entre esos rasgos y la misión de la institución. La calidad actual del sistema de educación superior en nuestro país es la resultante de un proceso histórico en que se han conjugado factores, tanto endógenos como exógenos, que han afectado el desarrollo de las funciones sustantivas en las instituciones. Basta recordar los cambios ocurridos a raíz de la promulgación de la Ley 30 del 92 para advertir la dinámica compleja del sistema global de la educación superior y su heterogeneidad interna.

Los distintos aspectos que se tienen en cuenta para la acreditación institucional se separan analíticamente, pero constituyen un todo orgánico que debe enlazar acciones y agentes, de modo que se asegure el cumplimiento de los fines de la manera más plena y eficiente. Por esa razón se ha insistido en que la calidad no es una suma de aspectos, sino una totalidad en la cual las relaciones entre aspectos y los vínculos entre la organización y su contexto resultan muy relevantes. La institución es un todo en proceso de cambio que interactúa con la sociedad y se define por su historia y por sus proyecciones.