El Ministerio de Educación Nacional puede imponer sanciones a las instituciones de educación superior y a sus directivos, en ejercicio de la función de inspección y vigilancia, cuando se compruebe el incumplimiento de las normas que regulan la prestación del servicio educativo o deficiencia en la calidad de la educación superior, según lo previsto en la Ley 30 de 1992, las cuales consisten en amonestaciones, multas y suspensión y cancelación de programas y de personería jurídica.