Editorial
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Hay varios aspectos que vale la pena revisar para evitar la discriminación. Es altamente preocupante, por ejemplo, que el Ministerio y los gobiernos todos conciban la educación superior en función de las grandes capitales. Cuando exigen registro calificado para cada municipio y para cada programa, no tienen en cuenta la dificultad enorme que eso plantea y que impide que las instituciones vayan a los municipios pequeños.

Con el debido reconocimiento a la anterior Ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, quien durante 8 años dirigió esta cartera con propiedad, seriedad y dedicación absolutas, deseamos hacer algunas reflexiones acerca de la Educación Superior, ya que los niveles de primaria y secundaria siempre han sido debidamente atendidos por los diferentes ministros y gobiernos. Pero en la Educación Superior se manifiestan profundos problemas que inciden notablemente en el cubrimiento nacional, que es verdaderamente bajo, como en la calidad, que es muy dispar y discutible.

Un primer asunto que se ventila en este sector es la discriminación evidente que les concede ventajas a las universidades sobre otras instituciones de educación superior que, aunque realizan una labor comparable, no son tenidas en cuenta a la hora de repartir el presupuesto nacional, por ejemplo. A todas se les exigen los mismos estándares, lo que no es reprochable, pero no se les conceden los mismos derechos.

Las Instituciones Universitarias son tratadas de manera diferente cuando se habla de investigación, de maneras de pagar a sus profesores, pues mientras en la universidad se hace la mitad como honorarios y la mitad como sueldo, lo que redunda en beneficios para profesores y universidades, en las instituciones educativas todo el pago se hace como salario. Además, las instituciones se ven obligadas a pagar parafiscales, Sena por ejemplo, y a las universidades no les obliga.

Otro aspecto que preocupa hondamente es la excesiva intromisión en la academia de las universidades e instituciones, hasta el punto que se ve profundamente comprometida su autonomía. El Ministerio decide sobre todos los detalles curriculares, sobre las orientaciones de los programas, los niveles de educación, etc. Las universidades e instituciones deben someter a aprobación todos los pequeños cambios y el Ministerio legisla sobre todo los aspectos. Existe sin duda una excesiva reglamentación que es necesario revisar. Debe haber el control y la vigilancia necesarios, pero también hay que garantizar la autonomía y el desarrollo académicos.

El Gobierno nacional, en buena hora, por ejemplo, concede descuento del 10 por ciento a los estudiantes que hayan votado en las últimas elecciones, pero no aporta los dineros para ello y les toca a las instituciones y universidades oficiales destinar los recursos, lo mismo sucede con los deportistas de alto rendimiento que pueden estudiar sin costo, pero tampoco el Estado aporta las partidas.

Otro asunto que conviene replantearse es que no son los jóvenes los que tienen que salir de su municipio a buscar una universidad en la capital, es la universidad la que debe ir al campo, pero es inviable por las exigencias que el Ministerio establece. Lo ideal sería que los registros calificados de los programas aprobados sean válidos en la región que la universidad o institución cubre por su naturaleza. Si es del orden nacional, los programas con registro calificado, que es la medida de los estándares de calidad, deben ser viables en el territorio nacional. Si es del orden departamental, que los registros sean vigentes en el departamento.

Tenemos que favorecer la educación superior en los campos, fuera de las grandes urbes. Para presentar los exámenes de Estado, por ejemplo, los antes llamados ECAES y ahora PRO, un estudiante debe desplazarse desde su pueblo a la capital, lo que le supone pasajes y estadía por un costo semejante a un semestre de estudios. Eso no es justo. Además el cubrimiento en los pueblos es muy costoso para las entidades y en lugar de favorecerlo y apoyarlo se le ponen cortapisas.

Quedan pues estas inquietudes, tendientes a lograr un mejor cubrimiento, con mayor autonomía y sin disminuir en nada la calidad que tanto el Ministerio como las entidades educativas buscan. Se trata de competir en cantidad y calidad, pero favoreciendo el desarrollo.