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Todo sucedió una tarde de noviembre de 2004 en una oficina del Congreso de la República, donde los paramilitares tenían un centro de operaciones. La entonces alcaldesa de Soledad, Rosa Stella Ibáñez, y su secretario de Educación, Alfredo Noya Zabaleta, fueron citados al Parlamento por un integrante de las AUC, conocido como Don Ramón.

Al llegar, además de ese jefe militar, se encontraron con Carlos Mario García, conocido como El Médico o Gonzalo, responsable político del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC.

El encuentro era la continuación de otro que, meses atrás en Santa Marta, habían sostenido Ibáñez, su asesor y compañero sentimental Édgar Riveros Rey y el comandante Édgar Ignacio Fierro, apodado Don Antonio, quien les dio un ultimátum para que colaboraran con el grupo al margen de la Ley.

Luego de un discusión, entre Ibáñez y el jefe de las AUC que los citó, intervino El Médico: "Carlos Mario traza un circulo en una hoja de papel y lo parte en cuatro pedazos, y dijo que cada cuarta parte representaba un sector ...".

La confesión la hizo Noya ante la Fiscalía y puso al descubierto la forma cómo los paramilitares repartieron la plata para construir una escuela: "una cuarta parte era para las AUC, otra para la Administración, otra para los concejales y la otra para pagar la deuda que Stella Ibáñez tenía con Alfredo Arraut ...", aseguró.

EL SAQUEO. De ahí en adelante, cerca de 7.800 millones de pesos para construir y mejorar colegios fueron repartidos al antojo de la organización ilegal, con el beneplácito y la participación de funcionarios soledeños y del asesor Riveros Rey, quien terminó, según Don Antonio, "robando más que todos" y tumbó a los paramilitares. Cobraba el 5% de todos los contratos a nombre de las AUC pero "nunca nos dio nada".

Los contratos. Tres meses después, en febrero de 2005, comenzó la cascada de contratos. En total se firmaron diez con las cooperativas Coopemun, Cootecol y Conalde.

Los de mayor cuantía fueron uno por $3.497 millones con Conalde, para reparar unas trece instituciones educativas, y otro por 1.755 millones con Coopemun -después hubo otra adición por $1.800 millones- para la escuela de La Central, que Ibáñez bautizó, paradójicamente, con el nombre de José Castillo, en honor a su marido asesinado en 2003 por los paramilitares cuando aspiraba a ser Alcalde.

Investigadores de la Dijín, adscritos a la Policía, pusieron al descubierto que los contratos estuvieron plagados de irregularidades para favorecer a los paras, y descubrieron cómo fueron los beneficios. Por ejemplo, Ibáñez se apropió de $175 millones en provecho de terceros y Riveros de más de $325 millones. En su caso, se detectó que se hicieron cobros en oficinas bancarias de Cáqueza y Ricaurte (Cundinamarca).

Sobre Arraut se estableció que recibió $150 millones que le debía la ex Alcaldesa.
Como si fuera poco, lo peor fue que la mayoría de las obras no se cumplieron o lo poco que hicieron fue de mala calidad, como en el caso de La Central.

Por estas irregularidades, la juez única especializada, Josefina Congote, profirió, el 22 de febrero, la primera condena contra ex funcionarios del Atlántico vinculados a la 'parapolítica': Ibáñez, Noya y Riveros pagarán 9 años y medio de cárcel. Y Arraut 7 y medio.

"Lo más censurable y deleznable en este caso es haber tomado parte de los recursos de la administración pública para favorecer a un grupo ilegal y que este les permitiera seguir en el poder, desde luego todo un proceso que se dio ante la mirada indiferente y pasiva del Gobierno Nacional", enfatiza la histórica sentencia.

El caso Arraut

Cuando supo que las AUC lo iban a matar porque decían que colaboraba con las Farc, Alfredo Arraut buscó a 'Gonzalo'. Este le arregló la situación con los paramilitares, y en contraprestación el ex mandatario les aportó $125 millones, según la contabilidad de 'Don Antonio'.