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La idea del Gobierno es presentar al Congreso un proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 que deje intacta la orden de aumentar cada año los recursos básicos.

El Gobierno empezó el martes a destapar sus cartas frente a cómo se financiarían las 32 universidades públicas del país a partir del 2011, cuando deje de fluir una parte de los recursos extras que recibieron estos centros a finales del año pasado en medio de una crisis de presupuestos.

La ministra de Educación, Cecilia María Vélez, sugirió que el dinero adicional que se les gire a las universidades de ahora en adelante se distribuya de una manera similar a como hoy se financian los colegios públicos: "según el costo promedio por alumno y por programa", dijo Vélez.

De concretarse la idea, se determinará cuánto cuesta educar, por ejemplo, a un estudiante de ingeniería versus uno de medicina y con base en el promedio se girará a las universidades nuevas transferencias, adicionales a las que ya recibían, para salir de sus problemas financieros.

Hoy, las bases para financiar la educación superior pública son los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que ordenan aumentar los recursos cada año, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El problema con esa fórmula es que se partió de lo que cada universidad recibía en 1992, y en la distribución, por lo tanto, han ganado las más grandes.