Opinión
Internet
Patricia Lara Salive

¡Qué buena noticia que el Presidente haya echado para atrás su decisión de convertir a los estudiantes de las comunas de Medellín en sapos a sueldo, a cambio de una "bonificación de $100.000" mensuales para los que acepten convertirse en informantes de los servicios de inteligencia.

La propuesta del Presidente, quien con ella buscaba reducir los asesinatos en la capital antioqueña, duplicados en el último año, y trasladar los éxitos nacionales de la red de cooperantes en la lucha antisubversiva a la investigación de crímenes en la capital paisa, la mayoría originados en las luchas de las mafias del narcotráfico, generó tal reacción en contra, que a Uribe no le quedó más remedio que pedirle a su jefe de prensa que leyera un comunicado en el que si bien no mencionó la palabra estudiantes, reiteró su convocatoria a "la ciudadanía en general para que se vuelque a informarle a la fuerza pública" y a colaborar con la justicia.

El tema no es de poca monta: involucra prioridades que no pueden ser contradictorias: de una parte, está la necesidad de derrotar la delincuencia y de hacer que se cumpla ese derecho constitucional que tenemos los colombianos a que se nos garanticen la vida, honra y bienes, para lo cual es indispensable desmontar el sicariato y las bandas que trabajan para el crimen organizado. Pero de otra parte está la necesidad de educar a la ciudadanía inculcándole principios que comienzan con el respeto a los otros y terminan con el desarrollo de la conciencia cívica, de la obediencia a ley y de la convicción de que comprometerse a fondo con la defensa de los derechos de los demás, redunda en que se nos respeten nuestros propios derechos. Sin embargo, ese es un compromiso que se adquiere por una convicción de la conciencia, mas nunca por dinero.

A favor de la propuesta del Presidente sólo estuvieron unos pocos, encabezados por su ventrílocuo Andrés Felipe Arias, por el Ministro de Defensa y por el Gobernador de Antioquia, quien, sin embargo, dijo que "una política de beneficios para informantes que ayuden a la reducción de los homicidios en la ciudad de Medellín debe ser en general para los ciudadanos, (...) no exclusivamente para estudiantes".

En contra de la propuesta se manifestaron, entre otros, el ex alcalde de Medellín y candidato presidencial Sergio Fajardo; el ex alcalde de Bogotá, Lucho Garzón; los candidatos del Polo Democrático, Gustavo Petro, y del Partido Liberal, Rafael Pardo; el defensor del Pueblo, el editorial de El Tiempo, y hasta personas tan de la entraña del gobierno como la Ministra de Educación, quien consideró que, con esa medida, se ponía en riesgo a los estudiantes.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, dijo que prefiere que se analicen otras salidas, pues una red de informantes para los colegios podría atizar la violencia. "Apelo, sobre todo, a la buena voluntad de la ciudadanía para que colabore", agregó.

Y aquí sí que vale la pena pedirle a ese gran educador y comunicador de cultura ciudadana que es el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, que nos ilumine y nos diga cómo lograr que las convicciones éticas prevalezcan sobre la ambición, y que el compromiso con el bienestar de todos sea más fuerte que el deseo de lucro de cada cual. A ver si por fin salimos de este subdesarrollo moral...