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Polémica. El presidente Álvaro Uribe considera que vincular a los jóvenes con la Fuerza Pública mejorará la seguridad. El Alcalde de Medellín no respaldó la propuesta.

Temen que idea de vincular a estudiantes como cooperantes del Ejército ponga en riesgo sus vidas.

La decisión del presidente Álvaro Uribe de convertir estudiantes de Medellín en informantes del Ejército fue criticada por diversos sectores del país, incluidas las autoridades locales, que la calificaron como un "error monumental" porque, en su opinión, pondría en peligro la vida de los jóvenes.

Desde Suiza, donde participa de un foro económico, Uribe señaló que mil jóvenes recibirán una bonificación de cien mil pesos a cambio de que entreguen información sobre delitos. Con ello se busca reducir la criminalidad en Medellín que el año pasado dejó 2.178 homicidios.

El comandante de la Brigada del Ejército que opera en Medellín, general Alberto José Mejía, explicó que la iniciativa no busca militarizar a los estudiantes, sino que es una forma para obtener "información de manera oportuna".

Sin embargo, ese enfoque fue cuestionado por el propio alcalde de la capital antioqueña, Alonso Salazar, quien desmintió las afirmaciones del Presidente cuando aseguró que él y el gobernador de Antioquia apoyaron esta decisión.

Salazar señaló que "la Alcaldía no tiene ni tendrá red de cooperantes, eso es un programa del Gobierno Nacional", y agregó que "como Alcalde no puedo aceptar que menores de edad sean involucrados en una red de cooperantes y no me parece útil involucrar un grupo social con la autoridad, esa es una estigmatización".

También dijo que le solicitó al Presidente una mayor y mejor Policía Judicial, descongestionar líneas de interceptación desde Bogotá para operar en la región, mejor material técnico e incremento de pie de fuerza.

"Me parece un desperdicio de dinero, debería invertir en la educación y no sobornar al estudiante. Eso crearía más conflictos en los jóvenes". Leidy moreno, estudiante. "Es una medida desesperada del Gobierno, poco efectiva, deberían dedicar esos recursos a la educación y a la salud que tanto faltan". Paulo Bejarano, estudiante.

La idea también fue rechazada por Guillermo Baquero, vocero de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, quien consideró que vulnera sus derechos.

Explicó que los estudiantes de universidades públicas son estigmatizados como delincuentes y terroristas, "este tipo de posiciones gubernamentales creará más conflictos".

Baquero cree que esa medida no disminuirá los delitos ni erradicará el problema de raíz. "Creo que es una salida militarista".

Por su parte, el defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, señaló que se corre el riesgo de generar una confrontación en los establecimientos universitarios.

"Se debe fortalecer la colaboración espontánea de la ciudadanía con las autoridades para combatir la delincuencia, sin involucrar en ello a los menores", agregó.

Recordó que los adolescentes son víctimas de violencia y uno de los blancos preferidos por las bandas criminales y las delincuenciales.

Además, recalcó que según la Ley de Infancia y Adolescencia, los menores de 18 años no pueden hacer parte de redes de informantes.

El viceministro de Educación, Germán Burgos, subrayó que si se aplica esa medida debe ir acompañada de protección especial para los universitarios. Mientras que Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, teme que la idea lleve a capturas arbitrarias.

De otro lado, el candidato presidencial y ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, consideró que la decisión del Presidente es "errónea" y consideró que "es llevar la educación al terreno de la destrucción".

El senador Gustavo Petro dijo que la propuesta puede generar conflictos entre compañeros "que se pueden llamar y calificar entre sí como subversivos y criminales".

Por último, el analista León Valencia aseveró que eso sería "mandar al sacrificio a uno de los sectores que, aunque han sido tocado por el conflicto, no ha resultado tan afectado".

Voces a favor

El ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, explicó que "la Fuerza Pública en ningún momento tiene la mínima intención de incorporar a menores de edad en estas actividades". Afirmó que la propuesta fue mal interpretada y distorsionada. Recordó que es un deber ciudadano denunciar hechos ilícitos.

De igual manera, el general en retiro Manuel José Bonnet Locarno, ex comandante de las Fuerzas Militares, agregó que "la sociedad tiene que involucrarse en inteligencia a efectos de la seguridad. Lo clave, como en toda democracia, es que quienes se integren lo hagan de manera voluntaria"