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Reacciones encontradas generó un anuncio del presidente Álvaro Uribe de incorporar como informantes de la fuerza pública a estudiantes universitarios de Medellín para combatir la criminalidad.

Antes de partir para Davos, Suiza, donde participará desde el miércoles en el Foro Económico Mundial, Uribe anunció en un consejo de seguridad en esa ciudad la incorporación de 1.000 estudiantes al programa de informantes de las autoridades.

Dijo que "cada joven va a recibir al mes $ 100.000 pesos a título de bonificación" por su información. Durante su intervención, el presidente se quejó del incrementó de homicidios en Medellín. Recordó que mientras en 2008 hubo 593 asesinatos, en 2009 la cifra se disparó a 1.849. "Tenemos que desterrar el homicidio", dijo.

El ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo a la AP que "la política de informantes ha sido muy útil para la fuerza pública en todo el país". La medida propuesta por Uribe "podría contribuir a mejorar la seguridad en la ciudad de Medellín", agregó.

Para el ex candidato presidencial y académico Carlos Gaviria, "la propuesta del presidente es sencillamente atroz". Gaviria, en diálogo telefónico, añadió que él nunca ha estado de acuerdo con la política de informantes que Uribe implementó desde el primer día de su gobierno, "ahora mucho menos cuando se va a mezclar a jóvenes estudiantes en esa pérfida tarea".

El candidato presidencial Sergio Fajardo, calificó la medida propuesta por Uribe "como un error garrafal", según él, "porque a los estudiantes lo que hay que hacer es incrementarles las horas de estudio".

"Es una medida desesperada" del gobierno "porque la situación de orden público en Medellín se le salió de la manos", dijo por su parte el candidato por el Partido Liberal, Rafael Pardo.

Defensores de derechos humanos y estudiantes también entraron a terciar en la polémica. Para Jairo Ramírez, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Cpdh), dijo que "desde cuando se ideó la política de informantes advertimos que esa era una situación que involucraba a la población civil en el conflicto. Eso ha ocurrido a lo largo de este tiempo: ha habido inmensidad de detenciones arbitrarias".

Una estudiante de la facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, Luisa Fernanda Cardona, consideró que los "estudiantes no están para ser delatores" y añadió que la seguridad "es tarea exclusiva del Estado"