Opinión
Alejandro Arias

Mientras en el 2006 Chico planteaba el fortalecimiento de la educación de la primera infancia del Distrito, en el 2009 3000 niños se despedían de ella por cuenta de la administración que prometió "la ciudad que queremos"

El Alcalde Diazgranados, en medio de una controversia sobrevenida por el discurso de las verdades a medias, anunció con gran elocuencia anuncios y extensas declaraciones la inauguración del Jardín Social resultado, presuntamente, del esfuerzo de esta administración tendiente a superar la problemática presentada por la desescolarización de la primera infancia.

El Jardín Social que se inaugurará no es una oferta escolar de acuerdo con la oferta los centros tradicionales de formación sino que forma parte del programa de Hogares Comunitarios. Y éste, en realidad, tiene por objetivo mejorar la calidad de atención prestada a los menores vinculados a los Programas de Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar en el Distrito de Santa Marta.

Esta obra y los servicios integrales que la complementan es el resultado del desarrollo del Acuerdo 004 de 2004 con el se adoptó el Plan de Desarrollo del Distrito de Santa Marta liderado por el Alcalde Zúñiga Riascos denominado "Todos por Santa Marta" jalonemos para el mismo lado cuya vigencia comprendió el período 2004 -2007.

Esta iniciativa, además de involucrar y comprometer a la Alcaldía Distrital de la época, también tuvo como protagonistas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a Comcaja. El sustento legal giró alrededor de la Ley 633 de 2000 con el cual se destinó un porcentaje de los recursos del Fondo de Vivienda de Interés Social - Fovis para la atención de la niñez de 0 a 6 años y la jornada escolar complementaria. Por otra parte, igualmente se tomó en cuenta la Ley 789 de 2002 que estableció el Fondo para la atención integral de la niñez entre 0 y 6 años y jornada escolar complementaria, que regularmente es administrado por las Cajas de Compensación Familiar.

Basados, entre otros, en los anteriores fundamentos legales estas tres entidades protagonistas suscribieron un convenio de cooperación cuyo objeto giró en los "esfuerzos dirigidos al diseño, construcción, dotación y operación de un Jardín Social y sus actividades complementarias, como estrategia de cualificación de la atención de los niños y niñas menores de seis años del programa de Hogares Comunitarios a cargo del Icbf en Santa Marta".

Dicho convenio estuvo divido en tres fases que iban desde el diseño del proyecto hasta su implementación, pasando por la escogencia y capacitación de las Madres Comunitarias que se harían cargo del programa. Igualmente se precisaron obligaciones puntuales con cargo a las entidades signatarias, y aquí el alcalde de entonces, Chico Zúñiga, asumió una de ellas: "entregar al Icbf un lote de terreno urbanizado en calidad de comodato, que se localiza en el IPC del Bario María Eugenia, sector sur de la ciudad, con propiedad del Distrito de Santa Marta con un área aproximada de 3.135 m2. Los linderos son, al norte: 62 metros colinda con la bodega Minuto de Dios casa de Justicia. Al sur: 62 metros colinda con el Colegio Kennedy Sena. Al este: 51 metros, colinda con la carrera 14. Al oeste: 51 metros colinda con la cancha de futbol - Ipc (minuto de Dios, Puesto de salud, Sisben, oficina de desarrollo a la comunidad)". Además de lo anterior, lógicamente el Distrito se obligó al aporte de los servicios públicos, definir el modelo administrativo de operación, participar en la definición y concertación del plan de formación y capacitación de los agentes educativos y madres comunitarias, etc.

La vigencia del convenio se pactó por 20 años y su costo fue de 2.100 millones de pesos todos aportados por el Icbf correspondientes al diseño, construcción y dotación del Jardín Social incluyendo el costo de la licencia de construcción y sus actividades complementarias. Las partidas presupuestales datan del año 2007.

Y mientras que el Alcalde Zúñiga Riascos, en su momento, entendió que los Hogares Infantiles son modalidades de atención del Icbf para la prestación del servicio público de bienestar familiar y garantía de los derechos de los niños y niñas mediante la corresponsabilidad, en los términos del artículo 44 de la Constitución Política, de los diferentes actores del Snbf y que en ese orden, aún hoy se conservan los mismos objetivos y componentes de las diferentes modalidades de atención a niños de la primera infancia, como espacios de socialización, con el fin de promover su desarrollo integral y propiciar su participación como sujetos de derechos; el Ministerio de Educación Nacional precisó que en estos dos años de planificación de la actual administración Distrital se tuvo como hallazgo sobresaliente, según Acta de fecha 30 de octubre de 2009, que en materia de "Primera Infancia se inició acorde a los procesos nacionales con selección de 7 oferentes, paralela y conjuntamente con Martha Acosta de Alcaldía y demás entes participantes. Existe un Comité de Primera Infancia quiénes con los distintos insumos diseñaron el PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), este no se ha socializado, que recibió asignación de recursos. Aproximadamente 1795 estudiantes que estaban en el Simat quedaron sin atención y se procede a contratar la atención de 80 niños por una tutela, por contratación directa con Despacho (Dr. Moscarela), Hacienda, Jurídica".

Claro que el Ministerio omitió en dicha acta que sólo en el 2009 más de 3.000 niños quedaron por fuera del servicio de educación preescolar o primera infancia y que para atender ello, paradójicamente en desarrollo de su política pública de educación, esta semana el Alcalde Diazgranados inaugurará su primera obra distrital: El Jardín Social de Chico.