Opinión
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Coronel Luis Eduardo Martínez Guzmán (*)

Sin pretender ir más allá de la labor educativa y social que compete a la Policía Nacional, y con el más profundo respeto por la comunidad a la que me debo, he venido advirtiendo de la urgente necesidad de reconocer, valorar y fortalecer la educación en principios y valores desde el interior de las familias como un aporte fundamental a la convivencia y la seguridad ciudadanas en Medellín, su Área Metropolitana, el Departamento y el país.

En actos del servicio a los que acudo frente al crimen que afecta a nuestra sociedad percibo con dolor cómo se ha perdido el respeto por el valor superior de la vida. Jóvenes que no se aman lo suficiente y sólo buscan un modelo de vida fácil y terminan sacrificados tempranamente.

Triste, por demás, resulta asistir a hechos en los que los mayores, indolentes como pocos, son quienes poco o nada hacen por la formación de sus hijos y, en cambio, propician y lideran verdaderas empresas familiares dedicadas al crimen. Es allí cuando, sin pretender estigmatizar a nadie, emerge una realidad pasmosa: les duelen más a las autoridades las muertes de estos jóvenes que a sus familias.

Esa célula básica de la sociedad que es la familia, tal como está escrito en la Constitución del 91, no está siendo concordante con los principios de ser la formadora de hombres buenos y salvaguarda de los derechos y los deberes que tenemos como individuos que nos relacionamos con los demás.

No podemos esperar a que los niños y los jóvenes vislumbren un futuro promisorio si son sus padres, hermanos o vecinos los que se precian de integrar una organización delincuencial, dedicada a imponer a sangre y fuego el poder ilícito, disfrazado en la oferta de "seguridad" que lo protege del asesinato, la extorsión, el desplazamiento, la venta y consumo de alucinógenos, cuando la realidad es que los somete a ese mundo sin futuro del hampa y el narcotráfico.

El primer paso para solucionar un conflicto es reconocer que existe y el camino correcto empieza cuando la familia asume su responsabilidad en la educación, orientación, acompañamiento y defensa de la vida, como requisito fundamental para alcanzar la seguridad, el respeto, la solidaridad y la realización de la persona.

El valor de la familia no está representado en los bienes materiales producto de actos ilícitos o en detrimento de la dignidad del otro. El valor de la familia va más allá y se mide en términos del amor en sí mismos y por los demás. La familia significa honestidad y transparencia. Eso es lo que hemos perdido y tenemos que recuperar.

Gandhi dijo, y tiene razón, que "un hombre tiene que ser siempre el nivel de la dignidad por encima del nivel del miedo". Es tiempo de que padres e hijos viren en ese sentido y sin egoísmos entiendan que deben ayudarse, reconociendo que es posible adoptar buenas costumbres.

Encauzar este rumbo es vislumbrar las expectativas que tienen los niños y los jóvenes de acceder a nuevos espacios de formación y desarrollo como herramientas fundamentales para su desarrollo personal y no como vía de un enriquecimiento fácil, pero pasajero y fatal.

El ejercicio del derecho al "libre desarrollo de la personalidad", que tanto se invoca cuando de cumplir las normas se trata, comporta obligaciones que trascienden en ámbito individual. Es simple y peligrosa la fórmula de que tus derechos terminan donde comienzan los del otro y, más aún, aceptar la cruda y genérica expresión de que "los jóvenes de hoy no respetan a nadie". No puede ser así. Hay que volver a la premisa inculcada por nuestros padres: "respetar a los mayores por razones de edad, dignidad y gobierno".

Tengo la certeza de que sólo si la familia y la comunidad deciden asumir su papel, con la determinación y el compromiso de las instituciones legítimas, podremos cerrar el paso a este asomo de cultura mafiosa que ha vuelto a florecer en nuestros jóvenes.

(*) Comandante de la Policía Metropolitana de Medellín