Opinión
Juan José García Posada

En medio de la bulla mediática por los grandes temas nacionales ha pasado casi inadvertida una noticia que publicaron algunos medios periodísticos y reprodujo el portal de Internet conocido como El observatorio de la Universidad colombiana. Un profesor denunció varias infracciones cometidas en el proceso de reconocimiento de grupos de investigación por Colciencias. Parece que han copiado ciertos vicios distintivos de las costumbres políticas y electorales, como el trasteo, no de votos sino de investigaciones, para inflar la documentación de algunos grupos urgidos de mejorar el puntaje ante la entidad rectora de la ciencia en Colombia.

A propósito de la información referida, se habla de préstamo de productos entre varios grupos, multiplicación ficticia de la productividad, fingimiento de la condición de investigador e impostura, simulación de libros con resúmenes inventados, etc.

Las trampas y marrullas son inaceptables en el mundo universitario. Si la educación superior no es auténtica ni transparente, si se vale de procedimientos heteróclitos e ilícitos para guardar apariencias y maquillar imágenes, si utiliza artificios y engaños para fingir que se progresa en la creación de nuevas opciones para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, si no hace resistencia ante los apremios del ranquin, se convierte en fuente de peores frustraciones para la sociedad y en factor de descrédito y descalificación de la causa inmensa del saber y la difusión del conocimiento.

El estatus casi privilegiado que la investigación universitaria ha alcanzado en los años recientes puede caer a niveles penosos si se pierde la credibilidad que deben merecer las políticas y los procedimientos que sostienen el aparato investigativo y si no se despejan las dudas que pueden volverlo sospechoso de acciones fraudulentas.

Así como en los regímenes estatutarios de todos los establecimientos educativos se castiga el fraude, las universidades deben asegurar, mediante sus centros directores de la actividad investigativa, el seguimiento y la sanción para los que afecten la seriedad, la rigurosidad y la plena confiabilidad de los proyectos que adelantan y el prestigio de los profesores dedicados a esa labor, que demanda esfuerzos y erogaciones presupuestales enormes.

Sin necesidad de armar escándalo, con la discreción debida, podrían hacerles auditoría preventiva o correctiva a los grupos de investigación, para evitar que operen contra las normas legales y la ética universitaria. ¿Si no, quién investiga para probar desde el origen la calidad, la pertinencia y la relevancia social de la investigación?

Sería muy deplorable, en estos tiempos de incertidumbre y desconfianza, cuando la gente quiere seguir creyendo en lo que ha sido confiable, si en el ámbito académico, hasta ahora respetabilísimo, prosperara un modo de obrar cómodo, facilista y tramposo que auspiciaría la formación de una suerte de clase emergente de la picardía ilustrada.