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Universidad del Rosario

El momento actual es crítico para las 102 etnias indígenas de Colombia. El 80% de su población se encuentra en condición de desplazamiento, lo que representa el 40% del total de desplazados en el país.

Así lo denunció María José Torres, jefe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en el seminario Situación de los pueblos indígenas en Colombia, que organizaron las Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, la Organización Nacional Indígena de Colombia, en el marco del Día Mundial de los Pueblos Indígenas.

Esta celebración de los pueblos indígenas se vio ensombrecida por la delicada situación de esta población, patrimonio histórico y cultural. Los expertos que participaron en el foro levantaron su voz de protesta por la falta de políticas para proteger a las comunidades indígenas nacionales.

Este llamado de alerta ya lo había hecho en 2004 el relator de la Naciones Unidas, en ese entonces Rodolfo Stavenhagen, quien indicó que "la situación de los derechos humanos de los indígenas de Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante", alocución que cinco años después no pierde vigencia. Al contrario fue ratificada por su sucesor James Anaya, quien mantuvo la posición de la organización.

Pueblos indígenas en riesgo de desaparecer

Las poblaciones indígenas colombianas, que ascienden a 102 siendo Colombia el tercer país en America Latina después de Brasil y México, se encuentran reducidas, menguadas y sesgadas a causa del conflicto armado y el desplazamiento forzado, dijo María Angélica Gómez, funcionaria de Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento), quien reveló que en Colombia, según cifras del DANE del censo de 2005, había 1.392.323 indígenas, es decir el 3.4% de la población colombiana.

También es preocupante que de estas 102 etnias, 32 pueblos están en riesgo de extinción en este momento, cifra alarmante y aterradora para el patrimonio histórico y cultural de la humanidad, como lo son los pueblos indígenas, reveló María José Torres.

La Corte Constitucional, para determinar de manera explícita y detallada esta realidad, expidió el Auto 004 del 26 de enero de 2009, texto que hace un diagnóstico sobre el tema y en cuyo cumplimiento están situadas las esperanzas de los pueblos indígenas para su conservación.

Los actores en conflicto no respetan ni comprenden el hecho de ver que las comunidades indígenas quieren ser neutrales en una guerra que no es de ellos, que es impropia. Sin embargo, "se los señala individual y colectivamente, de manera arbitraria e infundada, de ser colaboradores del grupo armado opuesto o de la fuerza pública", tal como lo sentencia el Auto 004 de la Corte Constitucional.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, Cristian Salazar, afirmó que "son muchos los llamados que se hacen, pero como Naciones Unidas no hay muchas posibilidades de diálogo con los actores ilegales para incidir en parar o disminuir sus prácticas violatorias de los estándares internacionales, y ese es el resultado que están pagando los pueblos indígenas".

Por su parte Luis Fernando Arias, secretario general de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), hizo un llamado al tema de las tierras, real principio de la lucha indígena. "A nosotros nos han titulado 31 millones de hectáreas, de las cuales el gobierno colombiano desde 1961, año de creación del Incora, sólo ha comprado 200 mil hectáreas. El resto de la tierra la hemos consagrado y defendido".

De las 31 millones de hectáreas solamente tienen explotación agrícola el 10%, es decir 3 millones, cifras puntuales sobre la situación de la desproporción inminente en la distribución territorial, dijo Arias.

Replantear políticas

El panorama de los derechos humanos de los indígenas resulta desalentador, pero más preocupante resulta la invisibilización que existe por distintos agentes con respecto al tema. Los expertos que intervinieron en el foro hicieron un reclamo conjunto a los medios de comunicación, que en su agenda temática la palabra indígena sufre de una anestesia crónica.

Se debe afianzar un objetivo específico en el que el común denominador sea la integridad y conservación de los pueblos indígenas. Es urgente la toma de medidas excepcionales que irrumpan y reviertan la situación actual. No obstante, esto no será posible si se siguen presentando las evidentes distancias abismales entre Gobierno y comunidades indígenas con respecto a la Política Publica Diferencial.

Para Ángela Santamaría, profesora de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, "vemos que en estos procesos de observación de la cuestión de Política Pública Diferencial, ese tema de la diversidad cultural ha estado en manos de funcionarios públicos que están muy alejados de los proyectos sociales, no sólo una distancia social sino también una fuerte distancia ideológica, casi un choque entre valores e imaginarios, un argumento que sopesa las consecuencias y los resultados vigentes".

Este veredicto fue ratificado por Jorge Furagaro, representante de OPIAC (Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana), quien señaló que "las políticas del Gobierno no suplen las necesidades de los pueblos indígenas en temas de educación, ambiente y conflicto; simplemente porque sin consulta no se puede conocer a fondo las reales necesidades".

Es necesario poner en marcha la consulta previa. No se debe por tanto seguir realizando la Política Publica Diferencial desde los escritorios, es necesario aplicar políticas reales de interacción participativa, ya que es un medio que permite sugerir y darle salida a la falta de conocimiento. Se debe construir desde adentro y no desde afuera hacia adentro.