Choco 7 Días
Editorial
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En una adecuada organización estatal y para subsanar irregularidades y aportar soluciones, es aceptable que el nivel central posea mecanismos de intervención en los niveles regional y local, debidamente normatizados y respetuosos de los derechos fundamentales. Lo contrario, la absoluta soberanía de los niveles regionales y locales, conduce al caos y a la disgregación nacional. Estas son tesis generales vigentes en el mundo actual.

Sin embargo, el caso de la reciente intervención de la educación es patético. Está diagnosticado por sirios y troyanos que una de las matrices claves de la crisis educativa actual del Chocó ha sido la negativa del Ministerio de Educación a reconocer y cancelar al departamento las deudas causadas con antelación al proceso de certificación o implementación de la Ley 715. El Ministerio entregó al departamento una educación con millonarias deudas, ni siquiera inventariadas de manera precisa, lo que generó una depredadora espiral de embargos contra el departamento, que mengua mes a mes, de manera creciente, un gran porcentaje de las transferencias. Eso ha generalizado la bancarrota del sector y el incumplimiento en el pago de primas y prestaciones de los docentes.

Sin embargo, ni en el Documento Conpes 124 ni en la resolución 1974 de julio 6, que sirven de marco a la intervención, se expresa compromiso alguno del Ministerio de Educación para honrar el pago de esta deuda.

¿Qué futuro puede tener una intervención de la educación, asfixiada por un cúmulo de deudas originadas cuando estaba en manos de la nación, si el gobierno nacional continúa negándose a cancelarlas? Ocurrirá como el mito del avestruz que ante una dificultad no la enfrenta sino que esconde la cabeza en tierra. Equivocados están quienes le crean al gobierno nacional que el problema se solucionará, no nombrando nuevos maestros, sino violando los derechos de educadores veteranos, muchos de ellos con serios problemas de salud, o desacatando mandatos judiciales.

Sin aportar nuevos recursos a la destruida educación chocoana y sólo con garrote en mano, el gobierno nacional siembra vientos y cosechará tempestades de enredos, litigios e inconformidad general. Es sintomático que el gobernador del Chocó, que venía arrodillado aceptando durante año y medio los ultrajes del gobierno nacional en todos los campos, así sea en forma tímida, haya criticado en el recurso de reposición «las medidas agresivas e intimidantes como si se estuviera tratando con delincuentes de la peor calaña, tales como el sellamiento de puertas y cierre de los equipos de sistema de las dependencias», califique al citado Conpes como «documento mezquino, inaceptable, con mala intención, con motivaciones vanas, lleno de imprecisiones» y haya anotado que «se violó flagrantemente los derechos al debido proceso y al derecho de defensa del ente que represento».

La intervención de la educación se justificó también como herramienta para impedir los embargos. Sin embargo, esto fue desmentido por la propia viceministra de educación, quien afirmó que ello solo ocurrirá en un corto tiempo.

Y las otras intervenciones han sido un fracaso. Dasalud lleva dos años en manos del gobierno nacional y la situación de los hospitales y centros de salud empeora, en aplicación de la ley 100 que considera a la salud como un negocio. Uno de los «pulcros y salvadores» interventores declaró en forma irregular la urgencia manifiesta para evadir la licitación pública y comprar medicamentos por más de mil cien millones de pesos con un contrato fraccionado. El último interventor no tuvo empacho alguno en reconocer que los anteriores interventores fueron un desastre.

Una intervención anterior de Dasalud, en 1998, desbarajustó más la entidad y su agente, Álvaro Uribe Isaza, terminó encartado en problemas judiciales de corrupción.

La intervención de la Electrificadora del Chocó elevó los pasivos de quince setenta mil millones de pesos, conllevó un alevoso racionamiento de energía, el colapso y liquidación de la empresa, y su entrega en bandeja a un consorcio privado donde figura el ex ministro de Minas y Energía Ramiro Valencia Cossio.

Y para que recordamos la catástrofe de la más antigua intervención del FER. ¿Hace cuántos años fueron intervenidas las EPQ? Lo único cierto es que sigue Quibdó sin agua y que fue enterrado el proyecto de acueducto por gravedad desde el río Ichó.

La UTCH fue intervenida por el Mineducación en 1991 y en ese período no hubo avance alguno ni en lo académico, ni en lo administrativo ni en lo financiero.

En resumen, las intervenciones que el gobierno nacional ha efectuado en el Chocó no han aportado recursos económicos ni soluciones a los males que originan los problemas. Solo han servido para tender cortinas de humo y estigmatizaciones generalizantes, han aumentado la corrupción y el desorden, han llevado las entidades a la liquidación y a negociados y entregas a consorcios privados y han violado los derechos regionales.