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El pasado 6 de julio un grupo de 26 funcionarios del Ministerio de Educación, provenientes de Bogotá, con exorbitantes sueldos y comandados por la viceministra del ramo, desalojaron a los empleados de la secretaría de educación del Chocó, sellaron las oficinas y bloquearon las cuentas bancarias. Arrancó así la cruda intervención, por un período inicial de tres años, decretada por Ana Lucía Villa Arcila, directora de Apoyo Fiscal del Minhacienda, en la resolución 1794 de la misma fecha, y en el marco del Documento Conpes 124 del 1 de julio.

Sin consultar la opinión del gobierno departamental, el gobierno nacional presentó en dicho Documento Conpes los argumentos de la intervención, entre los cuales destaca los siguientes:

Recuerda que existía un total caos educativos en el Chocó en enero de 2006 y que el 13 de febrero de dicho año se inició un sistema de control, ordenando la adopción de varias medidas.

El Mineducación acompañó al Chocó en los años 2006 y 2007 con una comisión interinstitucional y un equipo de consultores.

En enero 24 de 2008 el Mineducación reiteró en nota al gobernador Patrocinio Sánchez que persistían múltiples irregularidades, como la inclusión de 5.063 falsos estudiantes matriculados; de 140 maestros sobrantes de Quibdó se trasladaron 119 y sólo el 20 % fueron a las plazas.

Faltan docentes en Bagadó, Medio Atrato, Bajo Baudó, Medio Baudó, Alto Baudó, Bojayá, Litoral San Juan, Carmen de Darién y Unguía.

Existen muchos maestros en Cantón de San Pablo, Condoto, Istmina, Nuquí, Río Quito, Medio San Juan, Cértegui y Unión Panamericana.

273 cargos de docentes indígenas fueron provistos con afros

A fines de 2008: $12.343 millones del Sistema General de Participación no fueron incorporados al presupuesto del Chocó; no se incorporaron otros recursos, existe un posible detrimento patrimonial por $28.961 millones, de cual se informó a los entes de control; muchas deudas laborales son inconsistentes y no tienen soportes.

Deuda parcial en nov. 2008 era de $31.307 millones.

Los embargos llegan al 20 por ciento de los giros de transferencias y en algunos casos no son laborales ni tienen nexo causal con el sector educativo. Deuda incierta

Réplica del gobierno departamental

Varios secretarios de despacho calificaron la situación como un atropello del gobierno nacional que no permitió siquiera expresar su opinión, afirmaron que muchos de los datos del Documento Conpes son falsos y obsoletos, y denunciaron que detrás de la intervención, que tendrá un costo del 2009 al 2012 de seis mil 790 millones de pesos, con funcionarios con sueldos exorbitantes.

El interventor gana un sueldo mensual de 11,4 millones de pesos, cuando el salario del gobernador es de 7,1 millones de pesos.

Los funcionarios de la intervención que menos ganan, asistentes, tienen un sueldo de 1.7 millones de pesos, lo que devenga un profesional de la gobernación.

"Esta intervención es un ultraje, atenta contra la descentralización administrativa, quita la autonomía y las funciones al gobierno departamental y no trae nuevos recursos para educación", dijo un secretario de despacho.