Fecha de publicación:Domingo, 14 de Junio de 2009
Medio que publica:La Nación del Huila
Sección:Otra
Género periodístico:Noticia
Autoría:Firmada por el periodista
Cuando los delitos no son 'menores'

Análisis
Página: Internet
Autor: Andrés Felipe González

Dos de cada diez delitos que se cometen en el país son perpetrados por adolescentes. En Neiva cada día se presenta al menos un delito por esta población. ¿Qué y cómo actúa la ley para controlar estos índices?

Eran las 3 y 50 de la madrugada del pasado 25 de abril cuando dos ancianos recibieron disparos en sus piernas en momentos en que eran atracados por tres sujetos en el barrio San José de Neiva. Dos de ellos eran menores de edad. Minutos más tarde y luego del seguimiento oportuno de la Policía, los agresores fueron capturados. El mayor de edad conocido con el alias de 'Toto' fue judicializado y enviado a un centro de reclusión, mientras que los menores quedaron en libertad.

Como este episodio, son muchos los que a diario se viven en la ciudad. La última semana que pasó, registró siete casos, un promedio de uno por día en todo tipo de delito.

Son niños y jóvenes al servicio de organizaciones criminales o delictivas, cometiendo infracciones ante una ley, que aunque debe castigarlos, también tiene que protegerlos. Pero no sólo se trata de menores utilizados por adultos para estas acciones, también hay quienes como avezados delincuentes, materializan y además planean los hechos vandálicos.

Adolecentes y niños que cuentan a su corta edad con un amplio y extenso historial delictivo, que bien se podría comparar con el de una persona que se encuentra pagando en la cárcel, años y años de prisión.

El gran dilema entonces seguirá siendo el mismo, ¿debe un menor de edad ser juzgado por los delitos que comete?, ó por el contrario ¿debe protegérsele e intentar sean reincorporados sus derechos y su integridad?

Pues bien, tardó 17 años nuestra legislación en comprender, qué más allá de buscar una solución superficial, sobre si habrá castigo o no para los menores que incurren en delitos, y que de todas maneras se debe hacer, hay que buscar salidas de orden social, donde mediante políticas públicas se brinden mejores condiciones de vida que rodeen al menor y le ofrezcan un mejor ambiente, acompañado de un restablecimiento afectivo, moral, educativo, recreativo y de oportunidades para que así éstos no tengan que incurrir en este tipo de acciones por fuera de la ley.

Es así como hace un año y medio, en noviembre de 2006, fue aprobada la Ley 1098, conocida como Código Nacional de la Infancia y Adolescencia, la cual reemplazó al antiguo Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor.

Desde aquel entonces empezó a aplicarse de forma paulatina en cada uno de los diferentes distritos judiciales del país la nueva ley a través de fases.
Primero en Bogotá, Medellín y Cali y posteriormente en otros como el de Neiva, mediante la quinta fase, donde entró en vigencia hace sólo 14 días con la creación de un Centro de Servicios Judiciales para Adolecentes, conformado por un fiscal delegado para menores, y jueces de control de garantías y conocimiento. Éstos deberán establecer mediante un sistema de responsabilidad penal, sanciones de resocialización, donde lo que se busca siempre es el restablecimiento de los derechos, la integridad y los valores en los adolecentes.

'Cifras altas, delincuentes menores'

Según cifras de la Policía Nacional, en el 2008 se presentaron 33 mil delitos cometidos por menores en el país, lo cual representa el 17 por ciento de la cifra general de infracciones a la ley. En Cali y Medellín, en lo corrido del año, 22 homicidios han sido perpetrados por adolecentes, una cifra realmente escandalosa, que sumada al sinnúmero de capturas que se presentaron la semana pasada en Bogotá durante la desarticulación de bandas delincuenciales en toda la ciudad, dejan ver que el país cada vez tiene una mayor presencia de esta población en organizaciones delictivas.

Sin embargo, el Huila no es ajeno a esta situación. Durante la primera semana de junio y de estar en vigencia la nueva ley, según la sargento Martha Aceneth Perdomo, comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia, se presentaron en la ciudad siete casos de adolecentes infractores. Seis fueron dejados en libertad asistida, quienes habían cometido delitos de hurto y porte ilegal de armas y ahora empezarán su proceso de rehabilitación, mientras que a la otra persona, acusada por una extorsión, se le realizó la audiencia de control de garantías y de hallarse culpable deberá pagar la máxima pena que contempla la ley, privación de la libertad en centro especializado, donde podría pagar penas hasta por cinco años.

En el resto del departamento, en los distritos de Garzón, Pitalito y La Plata, se presentaron dos casos. Y aunque los datos iniciales parecieran menores, según las instituciones involucradas en este tipo de casos, las cifras o los números no cuentan a la hora de identificar el grave problema social que se vive en la región, y que genera en sólo una noche se presentan hasta siete casos de menores de edad involucrados en actos delictivos, como ocurrió el pasado 30 de mayo.

¿Cómo la ley controla esta situación?

Mucho se ha discutido y planteado en torno a la reducción de la delincuencia infantil y de adolecentes en el país, desde la reducción de la mayoría de edad, de 18 a 16 para que de esta forma puedan ellos responsabilizarse de los delitos que han cometido, hasta políticas públicas para generar mayor inversión en sectores vulnerables, donde se establezcan campañas de prevención y atención integral, afianzando el sistema de valores que se ha perdido y el restablecimiento de derechos.

Y es precisamente ésta última, la forma en que busca operar y atender la situación la nueva ley. Por un lado sancionando y penalizando los delitos que se están cometiendo, y por el otro, buscando recuperar la parte social, moral familiar, psicológica y económica que los adolecentes hayan perdido.

En el caso de los menores que ya han incurrido en delitos, la ley los atiende a través del Bienestar Familiar, mediante sus programas de atención y seguimiento, y a través de Hogares Claret.

En el caso de la prevención y el trabajo en sectores marginados o vulnerables, la medida busca que se establezcan dentro de los planes de desarrollo de los distintos entes territoriales, la destinación de recursos a ser aplicados en políticas públicas y sociales, basadas en diagnósticos sobre esta población, allí cumple un papel fundamental, los Consejos Municipales de Juventud. La ejecución de estos planes se da a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

El restablecimiento social

"Cuando se impone la sanción por un juez de conocimiento, se establece una medida pedagógica y educativa, que busca que el adolescente con el apoyo de la familia, inicie un cambio en su vida, mediante la atención de derechos vulnerados como la educación, recreación, alimentación e incluso tratamientos de adicción", explica el defensor de Familia del Icbf, Gustavo Adolfo Dussán.

Sin duda alguna, uno de los actores fundamentales para este proceso no es sólo el adolescente infractor, sino también la familia, gran responsable del camino errado que sus hijos decidieron tomar.

Sin embargo, existe una notable despreocupación e irresponsabilidad por parte de ellos, en cuanto al futuro de sus hijos requiere, según asegura la sargento Martha. El motivo principal es que los padres nunca reconocen que sus hijos se les han salido de las manos y son ellos y no las escuelas o el Icbf, los encargados de la educación.

Aquí surge uno de los grandes problemas que existen en la aplicación del sistema y el cumplimiento de sus objetivos, pues una parte importante establece que los menores deben volver al seno de su hogar y su familia y allí mediante el apoyo y acompañamiento de los padres, realizar la resocialización. Pero, ¿qué pasa cuando son los padres, una de las razones principales por las cuales los adolescentes hoy delinquen?, ¿qué pasa si son ellos los promotores del delito y generadores del mal ejemplo?, o ¿qué pasa cuando el seno de un hogar está conformado por familias disfuncionales o por personas con problemas de adicción, delincuencia y demás?, ¿cómo lograr el restablecimiento de esta forma?

Para Martha Cecilia Medina, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Huila, lo que se hace en estos casos es buscar un familiar lejano que se quiera hacer responsable y lo pueda atender mientras se le hace el seguimiento y el proceso de resocialización. De no darse las condiciones, se brinda un hogar sustituto, donde se pueda llevar a cabo dicho proceso.

No obstante, más allá de esta medida, según ella, lo que se debe hacer es identificar los factores de riesgo y actuar de forma temprana sobre el ambiente que rodea al menor. Allí cumple un factor importante la familia y la educación moral que implementen las instituciones educativas y por su puesto los entes territoriales, facultados para realizar campañas preventivas, pero además brindando espacios y oportunidades de vida, de cara al emprendimiento y el desenvolvimiento económico de ellos.
Los menores infractores

Según la comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia, la mayoría de los menores que incurren en actividades delictivas, son jóvenes entre los 12 y 16 años de edad, con gran madurez y raciocinio, que los hacen conscientes de las acciones que cometen, provenientes de sectores y comunas vulnerables y de alto incidencia delincuencial, como la comuna 8 de Neiva.

Son menores que viven en la calle o en el seno de un hogar disfuncional, no estudian, generalmente sufren de adicción a las drogas y tienen ya un largo historial y varias reclusiones en Hogares Claret. Algo particular en ellos, según la uniformada, es que son buenos conocedores de la ley y saben cuáles son las condiciones y el procedimiento que se debe realizar. Incluso, en el momento de la legalización de la captura manifiestan ante el Defensor de Familia, haber sido golpeados por los agentes de la policía con el propósito de torpedear el proceso o ser dejados en libertad.

Así funciona la nueva ley

Para el juez Joaquín Vega Pérez, coordinador del Centro de Servicios Judiciales para Adolecentes, el sistema de responsabilidad penal que se estipula en la nueva ley es acusatorio similar al de la Ley 900 de 2004 (actual sistema penal acusatorio para adultos), con la única diferencia, que siempre imperarán las normas de interés superior para el adolecente. Sus sanciones son de tipo educativo, en su mayoría, buscando ante todo la 'resocialización', la cual es la posibilidad de reponer y brindar los derechos y las oportunidades que el adolecente no ha podido tener, siendo estos la educación, salud, recreación, trabajo, etc.

El sistema opera a través de audiencias, la presidida por el Juez de Garantías, donde se realiza la legalización de la captura, imputación de cargos e imposición de medidas; y la presidida por el Juez de conocimiento, donde se establece la acusación, la audiencia preparatoria, juicio oral e imposición de sanción.

Las audiencias son de carácter privado, buscando siempre la protección de la identidad e integridad del menor.

La estructura jurídica está conformado por un Fiscal Delegado, jueces de control de garantías y de conocimiento, todos especializados en adolecentes, encargados de la parte sancionatoria y aplicativa de la ley; el Icbf, que a través de un defensor de familia y un equipo interdisciplinario, son los encargados de buscar que no sean violados los derechos de los menores y a su vez, sean restablecidos. La Policía de Infancia y Adolescencia y el Ministerio Público a través de la Personería y Procuraduría de Familia.
Sanciones

Las sanciones dependen de la infracción cometida. Delitos como concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lesiones personales, violencia intrafamiliar, hurto simple o agravado, daño contra bien ajeno y contrabando, no implican privación de la libertad, pero sí medidas educativas y restaurativas.

Estas sanciones pueden ser amonestaciones a los padres de familia, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida por psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales; intervenciones en medios semi cerrados, hasta privación de la libertad, que es la pena más alta y es aplicable a delitos como homicidio doloso, secuestro y extorsión.

Cuando los delitos no son 'menores'